El presupuesto estatal 2020 fue menor en las áreas de salud, trabajo y educación, mientras el sectorial de bienestar social registró un gasto mayor, comparado con años anteriores.
En los últimos cuatro años, el Gobierno ecuatoriano redujo el presupuesto destinado a educación, salud y trabajo. Conforme los registros de ejecución presupuestaria del Ministerio de Economía y Finanzas, 2020 fue el año en el que menos recursos se destinaron para las instituciones que conforman estos tres sectores. En contraste, se asignó un presupuesto mayor para bienestar social.
En términos generales, el presupuesto total destinado para los cuatro sectores mencionados se incrementó en 2018 y 2019, pero se redujo en 2020. Solo este último año, el Gobierno dejó de invertir USD 347 millones en esas áreas. A la par de esta reducción, el Presupuesto General del Estado fue variable. En 2017 fue de USD 36.673 millones, cifra que se redujo en USD 1.176 millones para el año siguiente; y, en 2019, fue similar a 2017. Para 2020, el PGE se redujo en USD 4.206 millones en comparación al año anterior, con USD 32.530 millones.
Considerando esta variable en función de la participación porcentual que los sectores mencionados tienen en el Presupuesto General, podría alegarse que la inversión fue mayor cada año; sin embargo, si revisamos las cifras numéricas, la realidad es otra.
Variables por sector
En términos generales, Educación, Salud y Trabajo registraron en 2020 los presupuestos más bajos de los últimos cuatro años, mientras que Bienestar Social mostró un incremento.
En este cuatrienio, el año que más se invirtió en Educación fue en 2018, con USD 5.289 millones. Ese mismo año también fue el que más se destinó para Salud, con USD 3.037 millones. La diferencia de lo que se destina para Trabajo es notoria, si se considera que USD 87,4 millones fue el presupuesto más alto de este sectorial, registrado asignado en 2019.
En contraste, Bienestar Social es un área con un presupuesto que crece progresivamente. Desde 2017 a 2020, los fondos destinados crecieron en un promedio de USD 154 millones anuales, pasando de los USD 974 millones, en 2017; a, USD 1.436 en 2020. Esto se debe principalmente a que dentro de este sector se encuentran los distintos programas sociales y bonos que entrega el Gobierno Nacional, a través del denominado Sistema de Protección Social Integral.
Este sistema está compuesto por los programas Bono de Desarrollo Humano, Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, Mis Mejores Años, Pensión Adultos Mayores, Bono Joaquín Gallegos Lara, Toda Una Vida, Pensión para personas con discapacidad y cobertura de contingencias. En el contexto de la pandemia, nuevos bonos fueron establecidos de manera temporal: Bono de Protección Familiar por la Emergencia Sanitaria, Bono de Apoyo Nutricional y Bono de Protección Familiar por Emergencia en la provincia de Galápagos. Según información del Gobierno Nacional, más de 960.000 personas o familias se beneficiaron de estos bonos emergentes, para los cuales se ha destinado más de USD 110 millones.
Un año de pandemia
El primer trimestre de 2020 cerró con las alarmas del confinamiento por la pandemia del COVID-19 y con esto fue necesaria una redistribución del presupuesto del Estado para priorizar la atención de necesidades urgentes.
Llama la atención que al revisar las cifras de la evolución del gasto público en el sector de la salud sean visibles cifras considerablemente inferiores a las de 2019, a pesar de ser un área prioritaria. Un caso similar se evidencia en el sectorial Trabajo y Educación, mientras que el gasto en Bienestar Social se dispara a partir de abril, hasta el cierre octubre pasado.
