Gran parte de la violencia de Durán proviene de la lucha entre dos pandillas: los Chone Killers y los Latin Kings, que se disputan el control de las rentas criminales de la ciudad. La actividad criminal y violencia en Durán parecen concentrarse en el centro industrial que sirve como zona de bodegaje para las mercancías legales e ilegales que circulan por el puerto de Guayaquil.
ESCRITO POR ANASTASIA AUSTIN, PARA INSIGHTCRIME
La ciudad de Durán, en Ecuador, pasó del relativo anonimato a acaparar los titulares internacionales cuando su tasa de homicidios comenzó a dispararse en junio de 2023.
Desde que el presidente Daniel Noboa declaró la guerra a las pandillas el 9 de enero, los homicidios en Durán y en la mayor parte del resto del país han descendido.
Sin embargo, la militarización se ha mostrado como una estrategia insuficiente a la hora de abordar las dinámicas que subyacen al contexto de Durán, el cual es posible que salga a flote pronto.
En sí misma, Durán es un microcosmos de Ecuador. Su ubicación estratégica -al otro lado del río Guayas, separándola del centro de narcotráfico, Guayaquil- sumada a sus debilidades sociales y criminales de larga data, la convirtieron en una mecha a punto de explotar.
Por ahora, Durán servirá como un laboratorio para el enfoque de seguridad de Noboa. Si la estrategia militarizada del presidente resulta allí, es posible que se convierta en un modelo para abordar la crisis de seguridad que afecta a gran parte del resto del país.
Feudo criminal
Gran parte de la violencia de Durán proviene de la lucha entre dos pandillas, los Chone Killers y los Latin Kings, que se disputan el control de las rentas criminales de la ciudad.
Aunque ambos grupos mantienen presencia en la ciudad desde hace años, habían lograron convivir en relativa calma hasta el asesinato de Manuel Zúñiga, alias «King Majestic», líder de los Latin Kings nacido en Durán. Esto dejó un vacío de poder y reordenó el tablero criminal.
Zúñiga había liderado a los Latin Kings a través del proceso de legalización de las pandillas en Ecuador en 2009, convirtiéndolos mayoritariamente en una organización comunitaria y social. Después, prohibió al grupo cometer delitos violentos o unirse a las volátiles alianzas criminales de Ecuador y limitó los delitos de explotación en Durán.
«Aunque cambió de vida y dejó las armas, este hombre era el que ponía las reglas sobre qué delitos se podían cometer y cuáles no en Durán», dijo a InSight Crime Katherine Herrera Aguilar, analista política especializada en seguridad pública. «Es decir, había un acuerdo tácito con otros grupos».
Ese acuerdo llegó a su fin en 2022, cuando miembros de la pandilla mataron a tiros a Zúñiga en la capital ecuatoriana, Quito, supuestamente por tratar de negociar la paz allí.
De vuelta en Durán, los Chone Killers aprovecharon la muerte de Zúñiga. El grupo se había vinculado como una célula sicarial del poderoso grupo Los Choneros. Pero tras separarse de estos, los Chone Killers se movilizaron para establecer su dominio en Durán, que se había convertido en su base de operaciones.
Se encontraron con la resistencia de algunas células de los Latin Kings que decidieron volver a la delincuencia tras la muerte de su líder y se consideraron los legítimos gobernantes de Durán.
A medida que los dos grupos se enfrentaban por el liderato criminal de la ciudad, la violencia aumentaba. A finales de 2023, Durán registró 453 asesinatos. Su tasa de homicidios de 149 por cada 100.000 ciudadanos era casi el doble de la de Guayaquil y más del triple de la media nacional.
Además de su disputa, las pandillas han extendido la violencia hacia personalidades políticas y la ciudadanía en general. En mayo, sicarios tendieron una emboscada a Luis Chonillo, el recién electo alcalde de Durán, cuando se dirigía a su toma de posesión. Chonillo sobrevivió, pero los atacantes mataron a dos de sus escoltas y a un transeúnte. El alcalde ahora gobierna Durán desde un piso franco.
«No puedo decir que estamos venciendo el miedo, pero tenemos que trabajando con el miedo», dijo en una declaración reciente publicada en X, antes Twitter.
Trasfondo criminal y social
Las dinámicas que impulsan a los Chone Killers y a los Latin Kings a luchar por Durán son las mismas que imperan en Ecuador. La ciudad, como gran parte del país, es un territorio criminalmente valioso con factores socioeconómicas que facilitan el desafío al Estado por parte de las organizaciones criminales..
Durán es la cabecera de un cantón que lleva el mismo nombre y abarca 342 kilómetros cuadrados. Sin embargo, su actividad criminal, así como la violencia, parecen concentrarse en el centro industrial que sirve como zona de bodegaje para las mercancías legales e ilegales que circulan por el puerto de Guayaquil.
Los narcotraficantes utilizan la rivera del río que atraviesa la ciudad para contaminar con droga los contenedores que viajan hacia y desde las terminales portuarias a lo largo del río Guayas.
«Durán está en el centro de la economía ilícita de la costa ecuatoriana», afirmó Herrera Aguilar. «Es el punto de llegada, de almacenamiento, de salida y de distribución de las mercancías ilícitas».
La ciudad adquirió especial importancia durante la pandemia de la COVID-19, cuando las interrupciones a la cadena mundial de suministro pusieron en jaque las rutas de distribución de la cocaína.
«Toda esa droga que debía salir en la pandemia y que se represó, se quedó en Durán y por eso esta organización, Chone Killers, cobró muchísima fuerza», dijo a InSight Crime Renato Rivera-Rhon, coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO).
Estas dificultades de la pandemia también incrementaron los pagos en especie por servicios de transporte. Las redes transnacionales de tráfico pagaron cada vez más a los transportistas ecuatorianos con kilogramos de cocaína en lugar de dólares. La competencia por el tráfico local de drogas desencadenó en aún más disputas entre las pandillas.
Pero quizás el factor fundamental que distingue a Durán de otras ciudades ecuatorianas con vulnerabilidades geográficas similares, son sus índices de pobreza y la ausencia total del Estado.
«Durán es una ciudad fallida», dijo Herrera Aguilar. «Hay una ausencia total de cualquier tipo de servicios ofrecidos por el Estado ecuatoriano. En su lugar, hay un estado paralelo».
Cerca de la mitad de la ciudad carece de sistema de alcantarillado, y la distribución de agua y electricidad es precaria. Al mismo tiempo, su peligrosa reputación ha ahuyentado incluso a las organizaciones de ayuda internacionales y nacionales que podrían haber prestado algún tipo de apoyo a la comunidad, según contó Herrera Aguilar.
«Estos factores terminan criminalizando a las mismas personas que viven allí», dijo a InSight Crime. «Esto hace que el territorio sea estratégicamente valioso para los grupos del crimen organizado porque pueden intervenir como proveedores de seguridad, ingresos y resolución de conflictos. De ahí surge ese famoso sentido de pertenencia y lealtad en una población que no puede elegir dónde nació o dónde la vida lo llevó a vivir».
Al llenar el vacío dejado por el Estado, las pandillas encuentran una oportunidad de reclutamiento entre la población local. El reclutamiento de niños alcanza niveles epidémicos en la ciudad, e incluso antes del repunte de violencia del año pasado, Durán ya tenía la segunda tasa más alta de muertes violentas de niños de todo el país.
Pasado y presente de la militarización
Aunque la respuesta militarizada del Estado a la explosión de violencia en Durán ha proporcionado cierto respiro y ha reducido temporalmente los homicidios, es poco probable que por sí sola solucione las causas subyacentes de la crisis de seguridad de la ciudad e incluso puede agravar la situación a largo plazo.
La militarización de Durán precede a la actual guerra contra las pandillas. La ciudad ha estado bajo varios estados de excepción desde 2021, algunos de ellos superpuestos. Entre 2021 y 2023, Durán vivió 21 estados de excepción, la mayoría de ellos de entre 45 y 90 días de duración.
Aunque esos esfuerzos parecen haber tenido poco efecto en las tasas de homicidio de la ciudad, la actual guerra de Noboa ha mostrado resultados prometedores. Desde que el presidente declaró el estado de conflicto interno, Durán ha experimentado un marcado descenso de las muertes violentas, y casi la mitad de los 59 homicidios que se presentaron en enero se concentraron en la primera semana. En total, el gobierno ha pregonado una disminución del 35% de las muertes violentas en todo el país.
La declaración de Noboa de un conflicto interno es fundamentalmente diferente de los anteriores estados de excepción, según el general Víctor Herrera Leiva, comandante de policía de la Zona 8, que abarca tanto Durán como Guayaquil.
Esto, debido a que permitió que las fuerzas de seguridad de Ecuador tomaran el control total de las prisiones, afirmó Herrera Leiva a InSight Crime. También tendrá una duración de 90 días en lugar de los 60 habituales utilizados anteriormente.
«Esto nos permite evaluar y preparar mejor nuestros próximos pasos», dijo Herrera Leiva.
Sin embargo, Herrera Aguilar, la analista político, dijo que la mayor diferencia no es la duración, sino el papel central de los militares y la confianza que la población local tiene en ellos.
«Te dirán: ‘Creo en ellos, creo en esta oportunidad, creo en las Fuerzas Armadas’. Para ellos, los militares representan al Estado ecuatoriano, que por fin les presta atención», dijo a InSight Crime. «El problema radica en pensar que esta es la única solución y que debe ser permanente».
InSight Crime habló con muchos expertos que también cuestionaron la sostenibilidad de este enfoque.
«El barrio-las pandillas, la policía, incluso las organizaciones comunitarias locales- tiene un equilibrio, una rutina de cómo actúan unos con otros. Con los militares, se introduce un nuevo actor que rompe esa rutina», afirmó Sebastián Cutrona, profesor de criminología cuyo reciente libro analiza la militarización en la región.
Pero la interrupción no durará, según contaron los expertos a InSight Crime. Cuanto más tiempo permanezcan los militares en las calles, más vulnerables serán a la corrupción y a convertirse en parte de un nuevo equilibrio criminal. Como tal, hay un largo camino por delante para mejorar la seguridad en Durán, lo que requerirá un enfoque de todo el gobierno.
«La intervención no puede venir exclusivamente de los hombres de uniforme», dijo el comandante de la Policía, Herrera Leiva. «También tienen que intervenir el Ministerio de Educación y el de Salud… Hay que reconstruir el tejido social del territorio».
Este reportaje y análisis fue elaborado por Anastasia Austin, para InSight Crime. Fotografía de portada: Associated Press. Para más información, visita el sitio web de InSight Crime en: https://www.insightcrime.org
