Ecuador

Placas “legales”, cámaras y funcionarios asesinados: cómo el crimen organizado se tomó las agencias de tránsito en Ecuador

La infiltración criminal en las agencias municipales de tránsito del Ecuador se cobra vidas: al menos 28 de sus trabajadores fueron asesinados en siete años. Las bandas se disputan esas oficinas a sangre y fuego para obtener réditos económicos de un sistema corrompido. Esta investigación muestra qué tan profundo llega la infiltración criminal.

La infiltración criminal en las agencias municipales de tránsito del Ecuador se cobra vidas: al menos 28 de sus trabajadores fueron asesinados en siete años. Las bandas se disputan esas oficinas a sangre y fuego para obtener réditos económicos de un sistema corrompido. Esta investigación muestra qué tan profundo llega la infiltración criminal.

Roberto Quintero Gonzabay estudió en la cárcel una segunda carrera. Lo hizo mientras cumplía una condena por narcotráfico y, después de un indulto presidencial en 2015, entró a trabajar como ingeniero en la Autoridad de Tránsito y Movilidad de Guayaquil. Hoy consta en la nómina como Especialista de Planificación de Tránsito y ha figurado, además, como administrador de contratos. Pero su nombre aparece también en partes policiales: su familia denunció su secuestro el 13 de octubre de 2026, y ya había sido secuestrado en 2024. Aún figura como desaparecido.

En los últimos cinco años, la agencia municipal de tránsito de Guayaquil ha desvinculado a 62 personas, 46 de ellas agentes civiles; ocho de cada diez salidas ocurrieron entre 2024 y 2026, y siete de esos 62 cargan procesos por delincuencia organizada, secuestro extorsivo, asociación ilícita y robo con agravantes.

El caso de Quintero Gonzabay no es el único dentro de las agencias de tránsito del país, y ni siquiera dentro de esa misma empresa pública local. El 22 de octubre de 2025, la Policía y la Fiscalía detuvieron a seis personas: dos agentes civiles de tránsito de Guayaquil, un exprocurador judicial, un exprocurador jurídico, la procuradora jurídica en funciones y un abogado. Según el Gobierno, los agentes detenían conductores en los controles viales y les advertían que irían presos; después los derivaban al abogado, que cobraba entre 5.000 y 7.000 dólares por boletas de excarcelación.

Un año después, el ministro del Interior, John Reimberg, precisó en qué terminó esa causa. La Fiscalía y la Policía investigaron a funcionarios de la ATM de Guayaquil y a un abogado particular por asociación ilícita, “al presuntamente facilitar la evasión o incumplimiento de órdenes de prisión a cambio de dinero”. Un agente de tránsito y el abogado fueron condenados a tres años de prisión en primera instancia. Los pagos se obtenían “mediante intermediación jurídica y manipulación de procedimientos de custodia”, y esos recursos “alimentaban la economía de miembros del grupo criminal Chone Killers”, respondió el ministro para esta investigación.

En América Latina el crimen organizado mata policías, fiscales, jueces, periodistas, alcaldes. Las personas que trabajan en la oficina donde uno renueva la matrícula del carro no suelen figurar en esa lista. Pero en Ecuador sí: al menos 28 trabajadores de agencias municipales de tránsito fueron asesinados entre 2019 y 2026 en Manta, Portoviejo, Guayaquil, Esmeraldas y Durán. Esa cifra surge de una base de datos que esta investigación armó cruzando partes policiales, publicaciones locales y nóminas municipales.

Cada punto es una persona, ubicada en el cantón de la agencia donde trabajaba. Pasa el cursor o toca un punto para ver el caso.

Cuándo ocurrieron

  1. 120 MAR 2025 Allanamiento de ESVIAL EP – Esmeraldas.
  2. 203 JUL 2025 Anuncio de liquidación de ESVIAL EP – Esmeraldas.
  3. 307 JUL 2025 Intervención de la Agencia de Tránsito de Durán.
  4. 410 JUL 2025 Intervención de la Agencia de Tránsito de Manta.
  5. 517 OCT 2025 Emisión del acuerdo ministerial sobre las competencias de tránsito de Durán y Manta.
  6. 627 OCT 2025 Policía Nacional asume el control exclusivo del tránsito en Durán.
  7. 730 ENE 2026 Allanamientos y suspensión nacional de servicios de la ANT por 30 días.
  8. 803 SEP 2026 Aprobación de la reforma a la Ley de Tránsito.
  9. 930 SEP 2026 Entrada en vigencia de la reforma a la Ley de Tránsito.

Nota: Este mapa no incluye el asesinato de Julio López, ocurrido en 2019 para optimización del gráfico
Límites cantonales: INEC / OCHA ROLAC vía geoBoundaries (CC BY 3.0 IGO).

Los trabajadores de las agencias de tránsito, como otros funcionarios en Ecuador, son objetivo frecuente del crimen organizado, que busca hacerse con el poder de entidades públicas para facilitar su negocio. Esta investigación de CONNECTAS hace parte de la serie “Captura criminal”, sobre cómo el crimen organizado se infiltró en distintas instituciones públicas.

Lo que gana una banda cuando se toma una ventanilla

Hasta 2015, matricular un carro en Ecuador era trámite del Estado central. Ese año la Agencia Nacional de Tránsito terminó de entregarles a los municipios la matriculación y la revisión técnica, para acercar el servicio a la gente.

“Cantones con infraestructura limitada comenzaron a manejar procesos que no podían controlar”, resume Óscar Ayerve. Empresario gráfico, exconcejal de Quito y exministro de Gobierno, hoy consejero suplente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lleva años denunciando la falsificación de matrículas y de certificados de revisión. “Esto permitió que una persona pudiera hacer la revisión en Tulcán y matricular su carro en Morona. Suena absurdo, pero sigue pasando”.

Matrículas y certificados de revisión técnica vehicular incautados
Matrículas y certificados de revisión técnica vehicular incautados por la Policía en 2026, junto a las láminas holográficas con que se falsifican. Entre los documentos se distinguen especies de Salitre, Naranjal, Playas y de la Autoridad de Tránsito de Durán. Foto: Policía de Ecuador

La competencia se transfirió a los 221 cantones, pero hasta marzo de 2026 solo 142 tenían habilitado el sistema para matricular. Menos de la mitad de los cantones cuenta con un centro de revisión técnica autorizado.

Valentina Centeno, la asambleísta que propuso la reforma a la Ley de Tránsito, lo resume sin rodeos: lo que le interesa a una organización criminal de una ventanilla de matriculación es que desde ahí “puede hacer que un dato falso aparezca como válido en el registro oficial”. Y precisa la diferencia: “Una placa falsa puede engañar a simple vista, pero una inscripción fraudulenta puede engañar incluso a quien consulta el sistema para verificar de quién es el vehículo”. Eso, dice, facilita vender autos robados a compradores de buena fe.

Según la Policía, en Manta y en Durán se legalizaron vehículos robados, un negocio que llegaba hasta Colombia y Perú. En Manta encontraron carros matriculados con un número de motor distinto al del chasis. En Mocache, Los Ríos, el ministro Reimberg aseguró que una facción de Los Lobos, señalada por más de 60 asesinatos, controlaba el centro de matriculación vehicular, donde se investigan movimientos superiores a 20 millones de dólares.

Quedarse con una de esas agencias sirve también para otros objetivos ilegales. Uno es la base de datos. Centeno la llama “un mapa de víctimas: quién tiene qué, cuánto vale y dónde vive”. Sirve, enumera, para seleccionar a quién extorsionar o secuestrar, para identificar los vehículos de policías, fiscales, jueces o periodistas, y para saber si un carro que los sigue es oficial. El informe de fiscalización que la Asamblea aprobó en abril de 2026 lo describe desde el otro lado: usuarios no autorizados en los nodos municipales, controles laxos y acceso indebido a las bases para perfilar a quién extorsionar.

Después están las cámaras. Guayaquil, por ejemplo, tiene 6.800 y desde la agencia de tránsito se las ve a todas. Entre lo que vigilan está la ruta hacia el puerto por donde sale la mayor parte de la cocaína que llega a Europa. Y la agencia puede parar legalmente un camión sin orden judicial por circular a una hora prohibida o por una vía no permitida.  En Manta, el lugarteniente del narco Alias Fito, Christian Mendoza, había trabajado como operador de sistemas de seguridad en la agencia de tránsito.

Otro objetivo que hace apetecible una agencia de tránsito para el crimen organizado es el calendario de operativos: saber qué día y en qué vía no habrá control convierte una carretera en un corredor. Esta investigación pudo documentarlo por dentro en el caso de Durán.

El quinto, el más simple, es la plata en efectivo. El ministro Reimberg lo pone en estos términos: una agencia de tránsito es “un punto de interés estratégico para las estructuras criminales” porque administra la información, los documentos y los procedimientos con los que se identifica y se registra un vehículo y a su dueño.

Lo que las bandas sacan de ahí, enumera, “es dinero ilícito, documentos manipulados, vehículos que pueden circular y operaciones criminales más fuertes”.

Y hay una forma de la plata que no es la caja: la nómina. Centeno incluye entre lo que gana una banda el “empleo para pagar lealtades y lavar dinero por nómina”.

La respuesta del Estado

La reforma a la Ley de Tránsito, vigente desde el 30 de septiembre de 2026, fue defendida en el Pleno como la herramienta para suspender a los municipios coludidos con el crimen organizado, y el informe de la Asamblea había recomendado devolverle a la ANT la matriculación y la base de datos. La ANT evalúa cómo cada municipio ejerce la competencia y, si la ejerce mal, se la quita y la asume, cantón por cantón, con 180 días para decir cuáles están en condiciones de seguir.

Valentina Centeno, la asambleísta que la propuso, acepta el diagnóstico sin matices: “No fue un error descentralizar; fue un error descentralizar sin control”.

El problema es a dónde volvería la competencia. El 30 de enero de 2026, ocho meses antes de que la reforma entrara en vigencia, la Policía allanó la Agencia Nacional de Tránsito en 23 operativos simultáneos en Pichincha, Tungurahua y Santo Domingo. Entre los detenidos estaba el director de la entidad. El ministro del Interior anunció el cierre de la ANT por 30 días y describió un esquema que iba “desde la dirección hasta los mandos inferiores”: licencias vendidas hasta en 200 dólares, al menos tres millones de dólares movidos. La Fiscalía incorporó a la investigación los presuntos vínculos de esa red con Los Choneros.

Se requirió a la Agencia Nacional de Tránsito datos sobre la matriculación de vehículos versus el parque automotor de los cantones del país, pero no respondieron hasta el cierre de este reportaje.

La reforma también exige que quien dirija la ANT no tenga conflictos de intereses, pero no les exige lo mismo a los directivos de las agencias municipales, que son quienes administran el servicio todos los días. Preguntada por eso -con el caso de Machala, donde el director de Control y Vigilancia es accionista de una empresa privada de seguridad-, Centeno no lo discute: “La omisión fue deliberada”. Fue, explica, para respetar la autonomía de los municipios.

Junín y por qué no hace falta una agencia grande

Junín es un cantón pequeño de Manabí que sirve para entender el negocio criminal en las agencias de tránsito. Hasta hace poco, sus habitantes no tenían dónde revisar un carro. Los taxistas viajaban a Chone, por un convenio entre alcaldes; los demás iban a Portoviejo o a Manta. En abril de 2025 el municipio inauguró su propio Centro de Revisión Técnica Vehicular, y el diario local celebró la obra con una frase que hoy se lee de otra manera: el centro, decía, “podría dinamizar la economía local al atraer a conductores de sectores aledaños”.

Hoy ese centro revisa más de 100 vehículos diarios, según detalló en abril de 2025 su entonces administrador, Paúl Velásquez. Manta da la medida: en 2024, con 64.670 vehículos registrados, su ventanilla despachaba 105 trámites por día hábil. Cuando llegó a 250, el ministro del Interior lo llamó un botín criminal.

Una fuente describe quién controla el centro de revisión técnica de Junín

Dos fuentes reservadas consultadas por este medio coinciden en que al entonces administrador, Velásquez, lo puso al frente de ese centro Adolfo Jair Macías, hijo de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito.

Jair Macías - le dicen Junior- está llamado a juicio en el caso Blanqueo Fito, en el que la Fiscalía describe una trama de empresas familiares armada para darle apariencia lícita a la plata del narcotráfico. Pese a eso, el ministro del Interior lo ha señalado en público como uno de los que se disputan la sucesión de su padre al frente de Los Choneros, y actualmente está prófugo.

En la nómina municipal de septiembre de 2026, Velásquez ya no consta como director del centro, que ahora está a cargo de Edison Estacio Mendoza Giler. Toda el área de tránsito, matriculación y revisión técnica de Junín suma 19 personas. Tres de ellas tienen el mismo cargo: Directora Municipal de Tránsito. Jahaira Beatriz Sánchez Murillo, Paola Jeannine Solórzano Barcia y Yajahira Moncerrate Solórzano Bravo, cada una con su propio teléfono y su propia extensión. El municipio no explicó qué distingue sus funciones, ni respondió a la solicitud de información al cierre de este reportaje.

Centro de revisión técnica vehicular de Junín
Más de cien revisiones técnicas al día realiza la agencia de Junín, donde toda el área de tránsito la componen diecinueve personas. El centro nunca ha sido intervenido ni auditado. Foto: Captura de pantalla de video publicado por la Alcaldía de Junín.

Consultado para esta investigación por este cantón de Manabí, el ministro respondió que el 25 de junio de 2026 la Policía Nacional y la Fiscalía ejecutaron el operativo Digitador en Jipijapa, y diez de las trece personas detenidas ese día fueron procesadas por delincuencia organizada.

Esas investigaciones, revela hoy, identificaron “posibles trámites vehiculares irregulares en Junín y Portoviejo, relacionados con una red que habría manipulado los sistemas de matriculación y revisión vehicular”.

La conclusión del ministro va más lejos: eso “permite presumir que las agencias de ambos cantones posiblemente sean controladas por organizaciones criminales”.

Seis de los trece detenidos en el operativo Digitador tenían cargos en agencias de tránsito: el jefe de Matriculación y Revisión Técnica Vehicular, el director de Movilidad, el coordinador de Matriculación, el técnico de emisión de licencias y dos digitadores. Dos más eran exdigitadoras de las empresas municipales.

La red tenía nombres para lo que hacía: a cada trámite irregular lo llamaban “pollito”. A  las agencias donde se ejecutaban, “granjas”. Un certificado que oficialmente cuesta dos dólares se vendía entre 20 y 22 dólares. El caso empezó con una denuncia del 17 de julio de 2025 sobre un grupo ligado a Los Choneros que compraba trámites en agencias de tránsito de Manabí; la Fiscalía mantiene esa conexión como hipótesis que aún debe sustentar.

Detenidos en el allanamiento a una imprenta clandestina en Guayaquil
Los detenidos en el allanamiento a la imprenta clandestina de Guayaquil en 2026, con las especies de matriculación y revisión técnica vehicular incautadas. Fuente: Policía de Ecuador

Menos de dos meses después, el 4 de agosto de 2026, la Policía allanó una imprenta en el centro de Guayaquil y detuvo a otras diez personas que fabricaban especies de matriculación y revisión técnica. Los documentos no eran de Guayaquil: correspondían a Bucay, Balzar, Naranjal, Rumiñahui, San Vicente y Junín.

Junín es, junto a Portoviejo, otro de los cantones donde la estructura señalada sigue operando sin que el Estado haya entrado nunca.

Portoviejo: la que nadie ha tocado

Veinte minutos antes de las 4 de la tarde del 28 de mayo de 2026, Ulbio Molineros dirigía un operativo en la calle Rotaria de Portoviejo, en el sector de las pozas de oxidación. Dos hombres en moto lo interceptaron, le dispararon y lo mataron. Molineros había sido policía, había trabajado como escolta, dirigía el control de tránsito y fiscalización de Portovial, la empresa pública que administra el tránsito de la capital de Manabí, y formaba parte del equipo de seguridad del alcalde Javier Pincay.

Seis meses después no hay detenidos ni móvil. Solo amenazas documentadas en redes sociales que lo acusaban de ser informante de Los Lobos.

No fue la primera víctima mortal de la guerra por las agencias en Portoviejo. El 21 de mayo de 2025 mataron a Jean Carlos Macías Parrales cerca de la terminal terrestre, cuando iba a su cambio de turno. Tenía 30 años y controlaba el tránsito en la ciudad. Ninguno de los dos aparece en algún registro oficial de agentes asesinados.

Esta investigación cruzó con el sistema judicial a la cúpula y a los mandos medios de Portovial: veintinueve nombres, de la gerencia a los subinspectores. Uno apareció con una condena en firme por tentativa de homicidio.

El 28 de diciembre de 2015, el Tribunal de Garantías Penales de Manabí declaró a Byron Rodolfo Fortis Cedeño autor de tentativa de homicidio y le impuso cuatro años de prisión. Cuando ocurrieron los hechos, Fortis era cabo segundo de la Policía Nacional. Hoy es subinspector de control operativo de Portovial, en la cadena de mando de los agentes que paran carros en las calles de Portoviejo.

Entre 2019 y 2026, Portovial gastó en contrataciones 9,6 millones de dólares y su gasto anual se multiplicó por diez. Casi una quinta parte de ese dinero, 1,8 millones, se fue en contratos de seguridad, y no una vez sino todos los años. Fueron 756.555 dólares en guardianía privada, con un proveedor distinto cada uno de los siete años, cuando la vigilancia suele prorrogarse con el mismo; y otros 1.055.439 en la central de monitoreo, en cuatro contratos que siempre fueron de arriendo y nunca de compra, que no dicen qué equipos se alquilan y que se adjudicaron tres de cuatro veces a personas naturales sin RUC de Manabí. De 108 procesos, 68 tuvieron un solo oferente.

Portovial llevaba siete años pagando por cuidarse cuando mataron a Molineros. El gasto en seguridad no fue una reacción: es un rubro anual desde 2019.

Valentina Centeno, la asambleísta del oficialismo que propuso la reforma, pone esa violencia dentro de su definición de captura. Un municipio corrupto vende decisiones sueltas, dice. En uno capturado “se presiona o amenaza al funcionario que no colabora”, y el esquema sigue funcionando aunque cambien las autoridades.

Hay un número más: Portovial no tiene una cifra estable del parque automotor de su propio cantón. En abril de este año su coordinador de matriculación lo ubicó entre 55.000 y 60.000 vehículos, y en mayo su gerente lo estimó en 65.000. El microdato del INEC registró 83.911 vehículos matriculados en Portoviejo durante 2024. Casi 19.000 más que el techo que la propia empresa se atribuye.

Durán es la agencia que siguió obedeciendo

Tres veces por semana salían los operativos. La orden era sacarlos del cantón y llevarlos hacia Guayaquil, para que la gente de Durán no se molestara. Y no eran operativos de control: eran de inventario. Una semana se llenaba el canchón de carros retenidos, la siguiente se cobraba por devolverlos.

Quien armaba ese calendario no tenía ningún cargo en el municipio.

Todo eso está en un peritaje de la Fiscalía: más de 200 páginas con el contenido de varios teléfonos -audios transcritos, chats, comprobantes bancarios- levantadas para una investigación sobre el municipio de Durán y sus empresas. La agencia de tránsito es apenas uno de los frentes.

El precio también estaba fijado, y había subido: a los agentes les estaban pidiendo 60 dólares por operativo cuando lo pactado eran 35. La conversación donde se discute eso termina en una amenaza de muerte, y lo que se debate en la amenaza es a quién se puede mandar al operativo y a quién no.

Fragmento de un peritaje de la Fiscalía con una conversación
Un fragmento del Cuerpo 93 del peritaje IIF-1217-PER. En la conversación, dos interlocutores discuten contratos de la Agencia de Tránsito de Durán y el reparto con el municipio.

Adentro, en la ventanilla donde se matriculan los carros, el negocio tenía otra forma: para tramitar ahí hacía falta luz verde, y la daba un particular que trabajó durante cuatro años.

Después vino la pelea por el peaje. Una abogada del municipio cortó el acceso al sistema. Les quitó todo, dicen los empleados, y en su lenguaje eso significa que ya nadie se hace ni un dólar, porque de esa ventanilla vivía una cadena entera: los tramitadores de la vereda, el chofer que se gana diez dólares afuera, la señora que vende agua en la puerta. Cuando quisieron resolverlo no fueron al municipio. Fueron donde el particular, que les contestó que al día siguiente “le bajaba los humos” a la abogada y que iba a dejar las cosas claras con los jefes del área.

Ya había pasado algo peor, y lo contaban sin sobresalto: el año anterior, parte del personal juntó plata entre todos, le pagó a unos hombres y le balearon el carro a esa misma abogada. Una funcionaria explica por qué el riesgo es cierto. En la agencia de tránsito hay Chone Killers y hay Latin Kings, dice, y cualquiera puede pedirle un favor a cualquiera.

El 30 de junio de 2025, un tribunal condenó a 17 personas por delincuencia organizada en la causa contra Julio Alberto Martínez Alcívar, alias Negro Tulio, cabecilla de Los Chone Killers, con penas de diez a trece años. La sentencia dio por probado que la red operaba desde dentro de la agencia de tránsito, del Cuerpo de Bomberos y del Registro de la Propiedad, y que desde ahí extorsionaba, matriculaba carros robados y desviaba fondos públicos. Siete días después entró la Policía: 365 agentes y servicios suspendidos por 30 días. El 27 de octubre el Estado nacional le quitó al municipio la competencia y la asumió, como días antes lo había hecho con Manta.

Ocho de los condenados eran funcionarios municipales: de la agencia de tránsito, del Cuerpo de Bomberos y del Registro de la Propiedad. Entre ellos, la asistente de comunicación de la propia agencia, sentenciada por prestar sus cuentas bancarias para mover el dinero de la red: recibió unos 52.000 dólares que no supo explicar.

En esa agencia trabajaba como conductor Enrique Efraín Carriel Véliz, hoy en juicio por narcotráfico: la Fiscalía lo acusa de custodiar droga en bodegas de Daule para una red que sacaba cocaína por el aeropuerto de Guayaquil, escondida en carga de pitahaya y maracuyá rumbo a España. Y le atribuye vínculo directo con Negro Tulio.

El Estado nacional administra el tránsito de Durán desde el 27 de octubre de 2025. Once meses después, el 28 de septiembre de 2026, la propia agencia tuvo que terminar el contrato de la terminal terrestre con una empresa privada cuyos gerentes, según investigaciones policiales, designaba Negro Tulio. El contrato estaba vigente desde 2022 y corría hasta 2042.

En la nómina de septiembre de 2026 la agencia de Durán tiene 298 empleados y 180 son agentes civiles de tránsito, aunque desde el retiro de la competencia ya no pueden sancionar.

En Manta, el mecanismo siempre fue la nómina

En Manta la captura no se hizo con amenazas. Se hizo con contratos de trabajo.

Entre 2021 y 2024 fue supervisor de la agencia municipal de tránsito Geamil Eduardo Rivera Saltos, que tenía procesos por delitos ligados al crimen organizado y era hermano de Samara Rivera, la viuda de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, el histórico líder de Los Choneros. El 18 de marzo de 2024 un motociclista asesinó al supervisor con cinco balazos mientras manejaba por la avenida La Cultura. Al día siguiente, Fiscalía y Policía allanaron la agencia.

En el área de sistemas -la que administra el registro vehicular del cantón desde 2022- trabajaron durante años dos personas de la misma familia: Yandry Macías Villamar, hermano de alias Fito, en la nómina desde 2015 hasta abril de 2024; y su esposa, analista informática desde mayo de 2019. La casa de Macías Villamar fue allanada el 12 de junio de 2024, el mismo día en que la agencia amaneció atacada con explosivos y con un panfleto firmado por Los Pepes, una facción de Los Lobos.

La gerencia tampoco fue ajena: en agosto de 2023 el directorio nombró gerente general a Kenny David Muñoz Cañizares, que había sido procesado y absuelto en 2017 por delincuencia organizada, en un caso junto a alias Fito.

Y el 25 de junio de 2025, cuando la Policía recapturó a alias Fito en una casa de Montecristi, la vivienda estaba a nombre de otro funcionario de la empresa municipal, Cristhian Mendoza Vélez, detenido junto a él y señalado por el ministro del Interior como parte de su línea de seguridad. La alcaldesa Marciana Valdivieso dijo que llevaba 13 años en la nómina municipal; el ministro agregó que nunca se presentaba a trabajar. Tres días más tarde, el directorio sesionó de urgencia y resolvió por unanimidad ordenarle al gerente que verificara su asistencia y su presencia en las áreas asignadas.

Mientras tanto la ventanilla se aceleraba. En todo 2024 la empresa atendió 27.741 vehículos, unos 105 trámites diarios, por debajo de su capacidad instalada. Entre enero y julio de 2025 procesó 35.000: unos 250 al día, sin que el parque automotor del cantón hubiera crecido de manera similar. El ministro del Interior lo llamó un botín criminal.

Samara Rivera junto a su hermano Geamil Rivera y su familia
Samara Rivera, viuda de Alias Rasquiña y procesada por delincuencia organizada, posa con su hermano Geamil Rivera, supervisor de la agencia de tránsito y el resto de su familia. Foto: Facebook.
Panfleto firmado por Los Pepes
El panfleto que apareció en la agencia de tránsito de Manta: exige la renuncia de Cristhian Mendoza y amenaza a “todo funcionario que le copie a los choneros”. Lo firma Los Pepes, una facción de Los Lobos.
Nota de condolencia de Movilidad de Manta
La nota con que Movilidad de Manta despidió a su supervisor Geamil Eduardo Rivera Saltos, asesinado el 18 de marzo de 2024.

Y mientras tanto, también mataban a los empleados de la agencia de Manta. La cadena empezó el 22 de junio de 2022 con el asesinato del presidente de la Asociación de Agentes Civiles de Tránsito, en una cancha de fútbol del barrio La Pradera. En poco más de tres años fueron 14 agentes. A uno lo acribillaron en un estacionamiento de Urdesa, en Guayaquil: en su carro blindado le hallaron armas, narcóticos y 120.000 dólares, y dos días después cinco hombres irrumpieron en su velorio y mataron a otro agente. El alcalde Agustín Intriago había pedido en 2023 una investigación interna y pruebas de polígrafo. Lo mataron el 23 de julio de 2023.

El acuerdo interministerial del 6 de julio de 2025 intervino las agencias de Manta y Durán por dos años. La Policía tomó Durán el 7 de julio y Manta el 10. El acuerdo resuelve quién paga: lo que se recaude por infracciones, tasas y servicios en los dos cantones. Del sueldo de los agentes civiles no dice nada, y para noviembre de 2025 les debían 866.405,46 dólares en salarios. La intervención tampoco detuvo los crímenes: el 14 de agosto, con el Estado ya al mando, mataron a dos agentes el mismo día. En la nómina de septiembre de 2026 constan 180 agentes civiles de tránsito.

Nada de eso se puede preguntar en Manta. Quien llega a esa agencia a buscar respuestas se topa con una pared educada: nadie habla, nadie firma, nadie quiere su nombre escrito en ningún lado. Afuera de las oficinas hay hombres armados vestidos de civil, y adentro todos saben quiénes son.

Esmeraldas: el modelo al revés

En Esmeraldas el crimen no tuvo que meterse en la agencia: bastó con que el control desapareciera. El 24 de enero de 2025, Fiscalía y Policía allanaron diez lugares en Esmeraldas, Atacames y Quinindé y detuvieron a nueve personas, varias de ellas agentes municipales, acusadas de cobrarles a los conductores a cambio de no multarlos. Dos meses después, el 20 de marzo, la Fiscalía allanó la propia empresa de tránsito por presuntos actos de corrupción y se llevó videos de cámaras de seguridad, un computador, documentos y especies valoradas. En respuesta, el municipio la liquidó y la refundó con un nombre casi idéntico: en la sede conviven los dos letreros, el de la que está en liquidación y el de la que opera.

Ya entonces el alcalde Vicko Villacís decía en público que en la capital esmeraldeña no había un solo agente de tránsito en las intersecciones. Hoy sigue sin haberlo. Esta investigación recorrió durante tres días las tres intersecciones más transitadas del centro, en hora pico, y no encontró a nadie dirigiendo el tránsito. Los semáforos funcionan y la señalización está pintada; después de las seis de la tarde algunos se apagan para que el tráfico fluya solo.

Agentes hay, pero salen poco y salen a otra cosa: a pintar señalización en calles y postes, a dar charlas en escuelas y colegios. En tres días de recorridos se los vio una sola vez, pintando. El control en carretera lo hace la Policía Nacional, y solo en los ejes de la provincia. Dentro de la ciudad, nadie. Una funcionaria de la empresa lo confirmó, sin dar su nombre: no se está multando a nadie, y las multas que la gente paga son las que emitió la empresa anterior.

Oficinas de Esmevial en Esmeraldas
Esmevial está en liquidación desde diciembre de 2024. En la ventanilla se puede matricular un carro, agendar la revisión y pagar una multa. Lo que no hay es quién ponga una nueva. Foto: CONNECTAS

Lo que no se detuvo ni un día es la otra mitad del negocio. La matriculación y la revisión funcionan con normalidad, en manos de un consorcio privado aliado con la empresa municipal, y la gente viene de otros cantones a usarlas: el día que esta investigación estuvo en las oficinas esperaba turno un hombre de Atacames. Desapareció el que controla y quedó, intacto y eficiente, el que emite. En la provincia por la que el Ecuador se conecta con Colombia.

El gerente de la empresa ofreció una entrevista, primero telemática y después presencial. No se concretó ninguna. Pidió que volviéramos para la reintegración de los agentes: serían 45. Al cierre de esta edición no se había producido, y en las calles de Esmeraldas seguía sin haber quien controle el tránsito.

Machala: la puerta de la base de datos

En la página 2739 de un archivo digital que la Agencia Nacional de Tránsito entregó en un CD a la Contraloría hay una motocicleta. Placa HD348F. Figura matriculada en Machala, con 647 dólares de matrícula sin pagar del año 2021. La misma moto fue revisada ese año en Quinindé, provincia de Esmeraldas, a 400 kilómetros.

Cuando los auditores preguntaron, la empresa municipal de Machala respondió que allí nunca pasó: que no existe ningún proceso de revisión ni matriculación de esa placa en 2020 ni en 2021. La ANT lo certificó: la revisión se hizo el 13 de noviembre de 2021 en el municipio de Quinindé. Y agregó un detalle que vale el expediente entero. En el sistema informático, ese trámite no registra ningún documento adjunto.

Un vehículo puede existir en el registro nacional en un cantón donde nunca estuvo, revisado en otro donde nadie guardó el papel.

Esa placa no era una excepción. Dos meses antes, en marzo de 2022, la Dirección de Títulos Habilitantes de la ANT había terminado de revisar la base única nacional y había encontrado que 150 municipios del país registraron matrículas en el sistema informático con las tasas sin pagar, saltándose los requisitos obligatorios. El informe no lo llamó error. Lo llamó, con todas sus letras, “uso indebido del sistema de matriculación por parte de los usuarios y claves que fueron habilitados en los 150 GADS”.

Ciento cincuenta municipios. En la mitad de los cantones del Ecuador basta con tener la clave para acceder a documentos verdaderos. Los auditores revelaron, en 19 hallazgos, cómo se le entregó a un privado el centro de revisión técnica vehicular del cantón, y quién debía vigilarlo.

La agencia nunca ha sido allanada ni intervenida. El municipio sí está bajo investigación: la Fiscalía indaga a instituciones municipales del cantón por una presunta red de corrupción y enriquecimiento ilícito, y el alcalde Darío Macas fue detenido en julio de 2026.

Cuando cayó el alcalde, la empresa de movilidad cambió de gerente y de titulares en cuatro direcciones clave, sin que ninguna autoridad de control entrara a mirar. El nuevo director de Control y Vigilancia, Nelson Sotomayor Íñiguez, es al mismo tiempo administrador y accionista de una compañía privada de seguridad y vigilancia.

La empresa de movilidad tampoco opera cámaras propias: depende del Centro Municipal de Vigilancia y Control, inaugurado en 2025 durante la gestión de Macas, que supervisa las cámaras de toda la ciudad en interconexión con el ECU-911. El cargo público que controla la vigilancia municipal y un negocio privado del mismo rubro, en el cantón donde el regulador ya había objetado quién podía modificar el registro. Hasta el cierre de este reportaje, la empresa pública del tránsito de Machala no respondió ningún señalamiento.

¿Para qué sirvieron las intervenciones de las agencias?

Siete cantones, siete respuestas distintas: a uno lo intervinieron, a otro le quitaron la competencia, otro disolvió su empresa, a otro lo auditaron sin consecuencias y a dos no los tocó nadie. Ninguna cambió lo esencial. Y la única que ha publicado la depuración de su propio personal conserva en planificación, como administrador de contrato, a un exconvicto por narcotráfico denunciado como desaparecido.

La descentralización no creó la captura, sino la competencia. Al repartir entre 221 cantones la facultad de emitir un documento que vale igual en todo el país, sin repartir la capacidad de controlarlo, el Estado armó un mercado donde gana el cantón más permisivo.

Eso existía antes del estallido criminal. En 2023, apenas un tercio del parque automotor de Guayaquil se matriculó en centros locales, y la propia autoridad de tránsito de la ciudad explicó la fuga presumiendo que matricular en otros sitios era menos riguroso. Los conductores se iban a Durán, a Balzar, a Playas. Tres años después, entre los documentos de la imprenta clandestina allanada en Guayaquil había especies de Balzar.

Esta investigación le preguntó al ministro del Interior qué cambió dentro de las agencias de Durán y de Manta un año después de la intervención, y si podía afirmar que las mismas estructuras ya no operan desde ahí.

Reimberg respondió que el esquema de control implementado “no da apertura ni cabida a actuaciones al margen de la ley”.

Este noviembre, los ecuatorianos eligen a los alcaldes de los que dependen esas agencias. En Portoviejo compiten siete candidaturas y ninguna puso a Portovial en la agenda, ni explicó por qué en 2024 se matricularon en la ciudad más carros de los que la propia empresa dice que circulan en ella.

Las agencias capturadas no se recuperan por la vía electoral, porque la vía electoral no las menciona. La pregunta es cómo se limpia una institución local de una captura total.