En las provincias ecuatorianas de Sucumbíos y Pastaza hay restaurantes que ofrecen a los visitantes sopa de armadillo, guanta o venado asado como un manjar exótico, a pesar de que es un delito. Los platos elaborados con carne de animales silvestres cuestan entre 3 y 10 dólares. Es un comercio que se realiza de forma oculta, pero constante.
Por Baudó, DDRN, GK, Tierra de Nadie, Bitácora Ambiental, POV International y CONNECTAS
“¿Qué tiene, vecina?”, pregunta un hombre de unos 40 años, que se gana la vida conduciendo un camión, sobre el menú de ese día a la dueña del restaurante.
“Hoy, sopa de armadillo… Recién la estoy cocinando, en media hora estará lista”, responde la señora con rasgos indígenas, de unos 35 años y sonrisa fácil.
Son las 7 de la mañana de un sábado de septiembre de 2024 en el Mercado de los Plátanos en Puyo, capital de la provincia de Pastaza, en la Amazonía del Ecuador. El transportista es un cliente frecuente del local. Minutos después, una mujer con acento de turista extranjera hace una consulta similar, pero la respuesta es otra: “No, no vendemos carne de monte… Es delito, está prohibido”.
Lejos de los ojos y oídos de la vendedora, el transportista explica: las vendedoras tienen miedo de las sanciones que puedan tener por comercializar animales silvestres. Por eso, solo los ofrecen a los vecinos o conocidos. “Ya regreso yo y le traigo el plato para que vea. O mejor me acompaña a comer”, dice con algo de descaro.
Cuando vuelve, la señora le sirve un plato del que sobresale parte del caparazón del armadillo y una de sus patas.
Es un plato gourmet; una especialidad de esta zona. Pero es un plato, también, prohibido: el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador (COIP), en su artículo 247, dice que es un delito la cacería, pesca y captura de fauna silvestre con fines comerciales.
Pero en esta pequeña ciudad de la Amazonía no se cumple. Para este reportaje se detectó que el tráfico de animales silvestres o de especies protegidas para abastecer a cocinas de la Amazonía ecuatoriana es una práctica habitual, sobre todo, en las áreas rurales. Y que el Estado hace muy poco para combatirla.
Según el COIP, solo se permite el consumo de carne de animales silvestres dentro de territorios indígenas, siempre y cuando se destine para la subsistencia de las familias; es decir, para el autoconsumo. No es lo mismo que vender la carne de estos animales a visitantes o turistas al filo de la carretera, que es lo que se constató en la reportería para este trabajo.
También se pudo corroborar que, al menos, cinco restaurantes en Puyo venden carne de armadillo, guanta y guangana. Y organizaciones animalistas aseguran que esta es una práctica generalizada en la Amazonía de Ecuador.
A pesar de que la infracción se comete en lugares concurridos, el Estado no hace nada por sancionarla y combatirla. Según el quinto Informe Nacional sobre la Biodiversidad Biológica que publicó en 2015, el Ministerio de Ambiente citaba un estudio de la Wildlife Conservation Society (WCS) sobre el tráfico de carne silvestre en el Parque Nacional Yasuní: solo en el mercado Pompeya, ubicado en la orilla del río Napo, se vendían entre 13.000 y 14.000 kilos al año de carne de monte (otro nombre que se usa para los platos elaborados con animales silvestres).
Los datos no se han actualizado en nueve años, pero hoy en la Amazonía ecuatoriana no son pocos los restaurantes que ofrecen a los comensales de confianza platos basados en carne de animales silvestres, especialmente guanta y armadillo, pero también pecarís (cerdos salvajes), venados y otras especies.
En el Mercado de los Plátanos, por ejemplo, esto se evidencia en uno de los puestos de comida tradicional. Bajo la mirada de decenas de personas, un comensal se sirve una mano de armadillo en un plato de sopa, acompañado de yuca, plátano verde y papa china (un tubérculo similar a las papas). Por el plato pagó 5 dólares.
“Me gusta el sabor de la grasa del armadillo”, dice otro de los comensales de ese local. La vendedora, una mujer kichwa —una de las once nacionalidades indígenas que habitan la Amazonía del Ecuador—, reconoce que es un delito ofrecer este plato: “Si viene el Ministerio del Ambiente, puedo tener problemas. Vendo porque la gente de las comunidades me trae y ellos también necesitan la plata. Los cazan y los traen a vender; si no los compro yo, venden en otro lado”.
Según los vendedores de platos con carne de monte, comercializar estos animales es la única forma que tienen algunos indígenas de conseguir algo de efectivo cuando salen a las ciudades.
El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) solo tiene cifras globales del decomiso de animales silvestres. No diferencia entre las que se destinan al consumo por su carne y las capturadas para ser mascotas, a pesar de que se solicitó mediante un pedido de información pública.
Llama la atención cómo se redujeron los rescates y retenciones de fauna desde 2019, según las cifras del MAATE. Ese año hubo 4.493, y en 2023 fueron 700: seis veces menos. En 2024, la tendencia a la baja se mantiene.
Se consultó al Ministerio sobre esta baja en los decomisos, pero no hubo una respuesta oficial.
“El MAATE no tiene capacidad de control. Desde la fusión entre la Secretaría del Agua (SENAGUA) y el Ministerio, acusan una falta de personal para las labores de control. Tampoco disponen de recursos para realizar controles, como vehículos o gasolina”, explica el biólogo Pedro Gualoto, ex funcionario del MAATE en la provincia amazónica de Orellana.
Además, en los últimos tres años el Ministerio ha sido dirigido por cinco personas distintas. Diego Naranjo, especialista que trabaja en control de fauna silvestre en el Ministerio de Ambiente de Orellana, asegura que “el tráfico en la región amazónica es totalmente distinto a otras zonas del país por su alta biodiversidad”. Eso, dice, ha puesto en riesgo a especies como guanganas (cerdos salvajes o pecarí de labio blanco), puercos saínos, tortugas charapas grande y pequeña, y mono chorongo.
Naranjo se lamenta porque el delito ambiental de consumo ilegal de carne de monte en Ecuador no se detiene. Solo en 2023 se decomisaron 138 kilos de este producto, entre mamíferos, peces y reptiles, una cifra que, según Naranjo, seguramente será superada en 2024.
La mayor proporción de confiscaciones de este tipo a nivel nacional se realizan en el municipio del cantón Orellana, según un reporte del Ministerio de Ambiente. Allí está el mercado de Popeya, donde el 7 de noviembre de 2024 se decomisaron 80 libras de carne silvestre de pecarí de labio blanco, venado colorado y armadillo de nueve bandas.
La feria de Pompeya, ubicada en la orilla del río Napo frente a uno de los ingresos del Parque Nacional Yasuní, es un mercado tradicional donde hasta hace unos años se vendían animales silvestres vivos y muertos. Ahora, ese comercio no se hace de forma abierta, pero sigue muy activo.
La caza ilegal es una de las principales causas detrás de la desaparición de cientos de especies. Ecuador lidera la llamada Lista Roja de la Unión para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en América Latina, con 2.714 especies de animales y vegetales amenazadas. Entre ellas, el pecarí de labio blanco, cuya carne se sirve en los platos elaborados en uno de los restaurantes visitados para este reportaje.
Según el director científico de la Wildlife Conservation Society (WCS) en Ecuador, Galo Zapata Ríos, es preocupante la caza de este animal (también conocido como guangana). “Es mucho más sensible porque no matan a uno, sino a 30 o 40 al mismo tiempo, porque viven en grupos grandes”, dice.
Aparte de que su venta es ilegal, el consumo de estas especies representa un riesgo para la salud humana. Muchos de estos animales son reservorios de ciertas enfermedades, explica Pedro Gualoto Farinango, biólogo y cuidador en el zoológico del pueblo ecuatoriano de Guayllabamba: “En el caso de consumo de carne de armadillo, hay un riesgo de contagio de lepra debido a que ellos son portadores sanos de la bacteria. En el caso de venados, chancho de monte (pecarís), guantas y tapir, también hay el riesgo de transmisión de enfermedades gastrointestinales por la carne mal cocida (parásitos como la giardia intestinalis)”.
El experto agrega que “durante el contacto con ectoparásitos, hay el riesgo de contagio de tifus, que es una zoonosis transmitida por las pulgas y ácaros que están presentes en la fauna. Sarcocistosis, toxoplasmosis, triquinosis y las teniasis también son enfermedades algo comunes por consumir carne de animales silvestres”.
Sin embargo, estos riesgos para la salud no limitan a la gente al consumir su deseada carne de monte. “La demanda es grande, generalizada, en la Amazonía ecuatoriana. Pero nos interesa conservar animales silvestres también porque si no, la gente se va a quedar sin proteína. En la Amazonía todavía hay un estimado de medio millón de personas que dependen de la fauna silvestre para su alimentación. Y esa gente no tiene dinero”, explica Zapata Ríos.
Por cada libra de armadillo o guanta se paga 5 dólares; de cada libra, por lo general, salen dos platos. Zapata Ríos no cree que estas dos especies de animales estén en peligro porque sus poblaciones son estables a pesar de la cacería.
WCS ha monitoreado la venta de carne de animales silvestres en la Amazonía ecuatoriana por alrededor de 20 años. No tiene datos actualizados, pero menciona que hace poco más de una década, en septiembre de 2011, se vendía un promedio de 13 mil kilos de carne de monte solo en el mercado Pompeya.
En otro estudio, realizado entre 2005 y 2007 en el mismo mercado, WCS registró la venta de 12 mil kilos de carne silvestre y 77 animales vivos de, al menos, 56 especies.
“Es difícil de mapear, pero son evidentes los impactos negativos en los bosques, entre loros, primates, guanta, venado… Y es muy grave, además, porque equivale a vaciar 45 hectáreas de animales”, dice Zapata Ríos. “El ecosistema no puede funcionar bien si los animales desaparecen. Ecuador es el país más densamente poblado de América del Sur, por lo que esta demanda de carne de monte no es sostenible. La única razón de por qué estos animales no han desaparecido es porque Yasuní es enorme”, agrega.
Carne de monte a la carta
El artículo 247 del COIP establece que “la persona que cace, pesque, capture, recolecte, extraiga, tenga, transporte, trafique, se beneficie, permute o comercialice especímenes o sus partes, sus elementos constitutivos, productos y derivados, de flora o fauna silvestre terrestre, marina o acuática, de especies amenazadas, en peligro de extinción y migratorias, listadas a nivel nacional por la Autoridad Ambiental Nacional así como instrumentos o tratados internacionales ratificados por el Estado, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.
A pesar de que la normativa es clara, la venta de animales silvestres es habitual. Hacia el sur de Puyo, en el camino a Macas, la capital de provincia Morona Santiago, hay un desvío en el kilómetro 16. Allí, en el Puente de las Boas, se vende también sopa de guanta y armadillo.
Es fin de semana y la carne de monte en los restaurantes es escasa. “Solo compré una guanta pequeña y ya se acabaron los platos”, dice una de las vendedoras. En este espacio construido por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza (GAD Pastaza) hay cuatro puestos de comida tradicional. En todos se venden platos con carne de monte, pero suelen acabarse antes de las 12:00 del mediodía. Decenas de comensales llegan desde Puyo y Macas a comprar. La mayoría son mestizos y los pocos que se animan a hablar dicen que les gusta el sabor, que es parte de sus tradiciones.
Siguiendo esa vía, en el desvío que conduce a Palora, un pueblo de la Amazonía, hay otro complejo de cinco restaurantes y una tarabita que, al igual que la del puente de las Boas, fue construida por el Estado. En este caso por el gobierno municipal de Mera. Allí, en el mirador de Puerto Santana, se reúnen colonos y turistas para cruzar el río hacia Palora en una canasta impulsada por un viejo motor de camioneta.
Un rótulo marca el lugar desde donde se tiene una vista panorámica del río Pastaza. El letrero tiene los logos del Municipio de Mera, la GIZ (la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional) y los ministerios de Turismo y Ambiente. En ese lugar con visible presencia del Estado, se vende carne de animales silvestres.
En los restaurantes que están en este mirador se ofrecen platos con guanta, armadillo y venado. Pero, además, hay guatusa a la parrilla y guangana (cerdo salvaje o pecarí) ahumada. Cada plato cuesta 5 dólares y la libra de carne al mismo precio. Los vendedores dicen que no es constante la oferta y que hay semanas que les traen varios animales y otras, como esta vez, en que solo tienen un tipo de carne para ofrecer.
Al preguntar por el origen de los animales silvestres, sus respuestas son evasivas. “De las comunidades, de la selva…”, dicen. También reconocen que es un delito, pero les importa poco. Un vendedor, sin pudor, abre el frigorífico y muestra las piezas de pecarí, guatusa y armadillo.
A unos pocos metros del mirador está el ingreso al Bosque y Vegetación Protector Yawa Jee, regenteado por una familia indígena shuar y kichwa. Aquí también el Estado tiene su parte: hay un cartel del Ministerio de Ambiente, pero también de la cooperación internacional (las oenegés The Nature Conservancy y Conservación Internacional, la Embajada de España en Ecuador y la Cooperación Española).
Mientras en el bosque protegido se resguardan especies de animales y plantas silvestres, a pocos metros se las comen asadas.
Pero este consumo no se restringe solo a la provincia de Pastaza. Al recorrer la de Sucumbíos, al norte de la Amazonía ecuatoriana, la situación es similar. Los sábados y domingos son los días que más se ofrecen este tipo de platos.
En el Mercado de las Nacionalidades de la ciudad de Lago Agrio, la capital provincial, fronteriza con Colombia, la carne de monte es un producto más junto a la venta de verduras. Las vendedoras se la compran a los indígenas. Así lo reconocieron dos de ellas. El precio es 3,5 dólares la libra de carne de animales silvestres.
En dos restaurantes que están a las afueras de Lago Agrio ofertan de manera clandestina guanta, armadillo, venado, boa y hasta caimán. Pero no a cualquier persona: la presencia de grupos irregulares y bandas criminales organizadas hace que todos los desconocidos estén bajo observación constante por parte de los locales. En un comedor en la vía a El Coca, la capital de la provincia de Orellana, el ambiente es tenso y los comensales hablan en voz baja al ingresar el equipo de periodistas acompañado de un habitante local.
Es el conductor de la camioneta que transporta a los reporteros quien habla y pregunta por los precios: 5 dólares la sopa de guanta o el venado asado. La boa frita cuesta 10. La carne de venado, similar a la de vaca, se sirve en un filete a la parrilla, acompañado de yucas, plátano verde frito y una ensalada de cebolla y tomate.
El recorrido sigue hacia el nororiente de Lago Agrio. La respuesta en los pueblos de Chiritza, Palma Roja y Aguas Negras es similar: “No se caza, está prohibido”. Pero la realidad es otra: la carne de los animales silvestres se consigue bajo pedido y se vende mediante una red de contactos. El conductor hace un par de llamadas y le confirman que tienen guanta a 3,50 dólares la libra en Chiritza, un pueblo a 40 minutos de Lago Agrio.
Al avanzar hacia Cuyabeno, a 80 kilómetros o una hora y media de Lago Agrio, hay varios carteles que advierten que el tráfico de animales silvestres es un delito. Pero cerca de estas advertencias se vende carne de monte. Solo hay que saber dónde comprar guantas, armadillos o venados para prepararlos en sopas.
Según WCS, se trata de un delito ambiental transfronterizo. “Tenemos conocimiento de gente entrando de la Amazonía peruana a comprar carne de monte en Ecuador”. Se la llevan a vender al mercado de Iquitos –la ciudad más grande de la Amazonía peruana– “donde hay una demanda gigante. Esto está pasando en los años recientes, pues no hay controles estrictos y es fácil moverse en estas áreas”, explica Zapata Ríos.
Durante la reportería en la Amazonía no se observó ningún operativo de control, ni de militares, ni de policías, ni de guardaparques, a pesar de que hay áreas protegidas como la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno, en la provincia de Sucumbíos.
Así, con la seguridad de que el Estado no está cerca para aplicar la Ley, los restaurantes continúan preparando y vendiendo platos gourmet basados en carne de especies protegidas. Porque para los comensales, el sabor de degustarlos es superior a la pena por romper una prohibición.
