En medio del confinamiento por la pandemia del COVID-19, varias entidades del sector público contratan eventos, compran pasajes para vuelos internacionales y pagan cursos de natación vacacionales.
El equipo del Observatorio de Gasto Público revisó 3.704 procesos de contratación y 671 de régimen especial registrados en el Sistema Nacional de Contratación Pública, desde el 16 de marzo, cuando inicia el estado de excepción en Ecuador, hasta el 5 de mayo de 2020. Entre un gran número de compras urgentes de medicamentos, equipos médicos, mantenimiento y vigilancia para los centros hospitalarios del Ecuador, aparecen procesos de compra que no se explican por si solos: contratos de comunicación para la difusión de obras, equipos deportivos, vehículo todoterreno, pasajes de avión para vuelos internacionales y hasta cursos de natación.
Una vez decretado el estado de excepción por la pandemia del COVID-19, varias instituciones públicas suspendieron una serie de procesos de contratación que no son prioritarios. Un ejemplo es la contratación de hospedaje para los invitados a los eventos culturales del Ministerio de Cultura. También fue suspendida la construcción del edificio administrativo para el GAD municipal del cantón Pujilí, así como la compra de condecoraciones para el personal de oficiales, tripulantes y servidores públicos de la Armada Nacional y la construcción del parque La Madre y plaza de armas en el ingreso al barrio San Lorenzo, en Salinas. Se declaró desierto el proceso de contratación para el monitoreo digital de noticias en medios de comunicación y redes sociales para la Procuraduría General del Estado. También se canceló la construcción de cuatro canchas fútbol de césped sintético de la Empresa Pública de Centros de Entrenamiento para el Alto Rendimiento.
Para la elaboración de este informe, los procesos suspendidos o considerados esenciales para la difusión de campañas, compras o requerimientos relacionados con la prevención del contagio del COVID-19, fueron omitidos.
En contraste, existen otros procesos que siguen en pie y que causaron revuelo en las redes sociales y medios de comunicación, como la contratación de una central de medios especializada en pauta de cuñas en medios de comunicación por parte del Municipio de Guayaquil, por USD 800.000. En declaraciones a la prensa, la alcaldesa Cynthia Viteri aseguró que el objeto del contrato era realizar una campaña para informar a la ciudadanía dónde debe acudir en caso de presentar síntomas de Covid-19. Lo que no explicó es por qué contrataba una campaña de alcance nacional y no centrada en su ciudad.
Otro escándalo tuvo lugar el pasado 2 de abril, cuando en la Prefectura de Pichincha se inició un proceso de contratación por USD 43.353, para la provisión de pasajes aéreos internacionales a ser utilizados por los dignatarios, funcionarios, servidores y obreros del gobierno autónomo descentralizado de la provincia de Pichincha. Una semana más tarde, tras la denuncia pública en redes sociales, el equipo de la Prefectura solicitó la suspensión del proceso y desde el 15 de abril figura como desierto.
También generó revuelo la adquisición de un vehículo por USD 114.098 para uso del prefecto de Los Ríos, Johnny Terán. El funcionario se justificó alegando que necesita movilizarse por vías en pésimo estado y zonas donde ni siquiera hay carreteros. Además, dijo que en una bodega de la institución hay un vehículo que fue para el uso del anterior prefecto, Marco Troya, cuyo costo fue de USD 150.000 y ahora está botado.
Pero hay otros procesos similares que no han sido cuestionados mientras dura el confinamiento. Luego de una revisión minuciosa del portal de compras públicas, el equipo del Observatorio de Gasto Público encontró contratos curiosos como la contratación de servicio de iluminación, vallado, tarimas, exposición fotográfica, menaje, amplificación, video y logística para las actividades oficiales, no oficiales y especiales dentro de la Presidencia de la República. El proceso de régimen especial se publicó el 7 de abril y tiene un presupuesto referencial de USD 113.472. Mantiene un plazo de ejecución de 250 días a partir de la fecha de suscripción del contrato, pero está en la etapa de calificación de participantes.
Entre los objetivos descritos en los pliegos del contrato está posicionar la imagen del Palacio de Gobierno como un exponente turístico del país, conmemorar las fechas cívicas, resaltar la belleza arquitectónica del Palacio y permitir que durante las actividades y eventos internacionales se mantenga una imagen sobria y elegante del edificio. Incluye velar por la integridad y seguridad de las personalidades que visitan el Palacio, así como el orden de los medios de comunicación mientras ocurran los eventos. Mantener una correcta iluminación en los salones, con la finalidad de manejar una imagen adecuada del Presidente de la República, sus invitados y el desarrollo de los eventos. También exponer dentro del Palacio de Gobierno los proyectos gubernamentales, alcances, logros de la política pública o hechos importantes culturales a lo largo de la historia.
Compras deportivas, ceremonias castrenses, cursos vacacionales y uno de francés
Uno de los procesos que llama la atención es el curso de francés por USD 13.568, adjudicado por el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano, del Municipio de Quito, a la Escuela Politécnica Nacional. El informe de adjudicación está firmado por Carlos Valencia como responsable del proceso y está dirigido al director general del Cuerpo de Agentes, Wilson Tualombo, con fecha del 2 de abril. Detalla que el plazo de ejecución es de 266 días y se dictará de manera remota mientras dure la emergencia y restricciones de movilidad. Cabe mencionar que, a pesar de a primera vista ser llamativo, esta actividad contractual es frecuente por cuanto corresponde a procesos formativos de los agentes de control que cumplen funciones en la Unidad de Turismo.
En otro archivo del SERCOP aparece un contrato del Municipio de Guayaquil para el servicio de capacitación de cuatro talleres de inglés para principiantes y dos talleres de inglés nivel intermedio, que incluyan natación y teatro en inglés como metodología de enseñanza, dirigido a niños y niñas de entre 6 y 15 años de edad que viven en los cerros Santa Ana y Del Carmen. Esto a un costo de USD 9.900. Este proceso se relaciona con talleres vacacionales que, considerando la emergencia, difícilmente se podrán ejecutar.
La adquisición de implementos deportivos en pleno confinamiento salta a la vista. Uno de los procesos hallados es la compra de ropa deportiva para el Cuerpo de Bomberos de Quito. Este proceso de contratación, bajo la modalidad de subasta inversa, inició el 28 de abril y se mantiene a la espera de propuestas. No detalla un presupuesto referencial, pero si la adquisición de 790 trajes de baño para hombre, 326 trajes de baño para mujer, 551 capri de entrenamiento para mujer y 1.090 gorros de baño unisex. La fecha de adjudicación está prevista para el 20 de mayo.
No es la única entidad que compra implementos deportivos a mitad del confinamiento. El Municipio de Lago Agrio inició el 23 de abril un proceso para la compra de balones e implementos para el fortalecimiento de ligas barriales y parroquiales. El presupuesto referencial no está disponible y lleva la firma de responsabilidad del alcalde Abraham Freire.
En la misma línea, el GAD provincial de Morona Santiago adjudicó un proceso para la compra de implementos deportivos, uniformes, trofeos y medallas para las escuelas deportivas del GAD, por USD 119.126. Este proceso fue publicado en el SERCOP el 16 de marzo, precisamente el día que fue decretado el estado de excepción en el país, y se adjudicó el 23 del mismo mes.
El 27 de abril, el Distrito Metropolitano de Guayaquil, presidido por Víctor Aráus Macías, general de Distrito y Comandante de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), contrata un servicio ceremonial y protocolo para las ceremonias oficiales y eventos castrenses de la zona, por USD 17.857.
Contratos de publicidad
El contrato de comunicación por USD 800.000 de la Alcaldía de Guayaquil no es el único en los archivos del SERCOP. Existen contratos plenamente justificados en acciones de prevención sanitaria mientras otros, como el proceso mencionado, están enfocados en la difusión de obras y gestión de las entidades contratantes, según se detalla en los pliegos de cada proceso. Tres entidades encabezan la lista de estos procesos: La prefectura de Pastaza y los municipios de Arajuno y de Samborondón.
El primero registró una decena de procesos de contratación de medios de comunicación para la “promoción y difusión de las principales actividades que ejecuta el gobierno autónomo descentralizado provincial de Pastaza”. Los montos oscilan entre los USD 1.000 y USD 9.000.
Le sigue el Municipio de Arajuno (Pastaza) con cuatro procesos de contratación, el primero adjudicado el 17 de marzo, un día después del decreto de estado de excepción. Los montos de los contratos oscilan entre los USD 1.250 y USD 1.995. Todos se encuentran en etapa de calificación de participantes.
Mientras que el Municipio de Samborondón registró tres procesos bajo la modalidad de régimen especial, por montos de USD 3.300, USD 6.000 y USD 26.667. Fondos públicos destinados a la publicidad de un espacio, las 24 horas del día, en la página web: www.revistalafija.com, publicidad en el suplemento físico y digital en el sitio web www.deunanoticias.com y la contratación de un servicio para “masificar la mediatización de obras, planificación de campañas, gestión con coordinación de actos que resaltan la labor con la ciudadanía y la opinión pública”.
Compra de pasajes nacionales e internacionales
Un total de 21 procesos de contratación se realizaron para la compra de pasajes aéreos. Solo cinco incluyen disponibilidad para vuelos internacionales. Uno de ellos fue realizado por la Prefectura de Pichincha, por USD 43.353, mismo que fue declarado desierto. Las otras tres compras para vuelos internacionales fueron realizadas por el Tribunal Contencioso Electoral, por USD 11.444; el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca, por USD 42.776; y, el Ministerio de Producción, por USD 109.467.
El resto se enmarca en el transporte aéreo de funcionarios en rutas nacionales. La empresa beneficiada con estas compras es la estatal TAME.
