A todos los detenidos les están imputando los mismos cargos, denunciaron las ONG venezolanas Justicia, Encuentro y Perdón, y Provea.
Escrito por: RUNRUNES
Unas 1.072 personas se encuentran detenidas tras la elección presidencial del domingo 28 de julio, según la información compartida por el Ministerio Público. Esta cifra preocupa a algunas organizaciones no gubernamentales, que denuncian un patrón de seis elementos que se ha aplicado.
“Tenemos información de que a nivel nacional no están permitiendo a abogados privados o de ONG participar en audiencias o defender a las personas detenidas en recientes protestas de Venezuela”, denunció este jueves 1 de agosto la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) en su cuenta de la red X.
La coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo, señaló que a ese patrón se le suma la realización de audiencias telemáticas y a los detenidos se los obliga a aceptar defensores públicos con la imputación a todos los detenidos de los mismos delitos.
“Alertamos de que se realizan audiencias colectivas en las que no hay individualización de los presuntos delitos”, acotó Provea.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón también denunció que las autoridades no ofrecen información sobre el estado de los detenidos ni permiten contacto con sus familiares, que tras una búsqueda incesante se enteran dónde se encuentran.
«Terrorismo es el delito comodín para dejar detenidos a quienes exigen sus derechos», señaló a El Pitazo el abogado defensor de los derechos humanos Joel García.
Según el abogado, entre los detenidos hay transeúntes que pasaban cerca de las protestas y ahora permanecen tras las rejas por estar en el lugar y momento equivocados. Se les aplicará la Ley Orgánica de la Delincuencia Organizada (terrorismo).
Colectivos en las calles
García destacó en una conversación telefónica, que el otro patrón de conducta es la presencia de los colectivos a las calles para que repriman y ataquen a las personas que salieron a mostrar su descontento con los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE).
“Así escudarse en que no es responsabilidad del Estado, por no ser funcionarios de seguridad quienes ejercen esas acciones, pero sabemos que los grupos civiles actúan con aquiescencia (consentimiento) del Estado, lo que también constituye crimen de lesa humanidad y es lo que estamos viendo. Ese es el patrón de conducta”, agregó el abogado.
Indicó que estos civiles armados son, de alguna manera, promovidos y protegidos por el Estado porque los funcionarios policiales están de su lado. «No hacen nada en contra de esas personas, que andan armadas, aun cuando en el país el porte de armas está prohibido», dijo.
Justicia, Encuentro y Perdón destacó su preocupación por las irregularidades que rondan estos procesos. “Vulneran los mandatos constitucionales que consagran los derechos y garantías fundamentales para los ciudadanos”, acotó.
“Denunciamos claras violaciones a los derechos a la defensa y al debido proceso, consagrados en la Constitución nacional en su artículo 49. Reiteramos, la protesta no es un delito”, argumentó Provea.
Asimismo, Justicia, Encuentro y Perdón exigió a las autoridades respetar los principios básicos de justicia y garantizar un proceso legal, justo y transparente para todos los detenidos. “Que se les permita la asistencia legal adecuada”, insistió la ONG.
Finalmente, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón pidió a la comunidad internacional estar alerta ante estas situaciones y actuar en solidaridad con aquellos cuyos derechos fundamentales son violados.
