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El mercado petrolero se hunde golpeando a los productores

Tiempo de lectura: 3 minutos

Nelson Baldeon

Director de Comuniciones y Relaciones con Gobierno de Schlumberger para Ecuador, Colombia y Peru. Alumni, co champion del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Miembro del Programa Regional de Aceleración del Emprendimiento Empresarial del Massachusetts Institute of Technology (MIT).


El mercado del oro negro se hunde como resultado de la falta de acuerdos entre Arabia Saudí y Rusia, para incrementar su control de la producción como respuesta al COVID-19. El mercado saudí decidió rebajar de forma drástica el precio de su petróleo, lo que afectó a los demás barriles de referencia. Esto tras semanas de volatilidad del mercado y luego que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados (OPEP +) acordaron recortar 9,7 millones de barriles entre mayo y junio, además de mantener otros controles al bombeo de menor cuantía hasta 2022.

La industria energética de Estados Unidos ha pedido a la Reserva Federal que destine una línea de crédito de USD 600.000 millones, para que las compañías de petróleo y gas puedan usar los fondos que ayuden a pagar sus deudas. El pedido de asistencia llega en momentos que los precios a futuro del petróleo estadounidense de referencia West Texas Intermediate (WTI) se desplomaron este lunes a niveles históricos, llegando incluso a cotizarse en negativo y llegando a situarse en USD -37,63. Algo sin precedentes en más de dos décadas, empujados por el desplome de la demanda mundial y la pandemia de coronavirus.

La depresión del mercado petrolero está golpeando tanto a productores como a prestadores del servicio petrolero. Schlumberger, líder mundial en servicios integrales de petróleo, acaba de anunciar la reducción de sus dividendos para accionistas en un 75% y está reestructurando negocios, eliminando empleos y cerrando instalaciones para lidiar con una caída histórica en el sector energético, comparable a la crisis de 1999.

Así, Olivier Le Peuch, director ejecutivo de Schlumberger, dijo que la compañía se prepara para una desaceleración aguda en la actividad de yacimientos en el mundo. Schlumberger hasta marzo redujo su facturación en marzo en un 5%, hasta USD 7.455 millones. Por segmentos de negocios, la división de producción registró ingresos de USD 2.703 millones, un 6% menos, mientras que en la rama de perforación obtuvo USD 2.291 millones, un 4% menos.

Halliburton, otro gigante de la prestación de servicio, anunció que su volumen de facturación cayó 12%, a USD 5,040 millones en el primer trimestre y bajará su inversión en USD 800 millones.  Mientras que Repsol ha puesto en marcha un plan de resiliencia ante la situación del coronavirus y la bajada del precio del petróleo, en el que se contempla reducciones de USD 350 millones en gastos operativos (un 26% menos) y de más de USD 1.000 millones en inversiones. 

Otro prestador de servicios, Baker Huges recortará su presupuesto de gastos de capital para el 2020 en más del 20% con respecto al año pasado. Además, Baker Huges informó que la capitalización de mercado disminuyó este primer trimestre, desencadenado por la baja de consumo a consecuencia del coronavirus y el inestable precio del crudo.

Este impacto de la caída del precio internacional, golpea aún más a la sensible economía ecuatoriana que, aplicado el diferencial por calidad de crudo, el ingreso al Fisco nacional es altísimo. El Ministro de Finanzas, Richard Martínez, ya adelantó que la caída de precios y la rotura de los dos oleoductos -SOTE y OCP- impactarán al país en USD 2.800 millones de dólares.  

Este contexto complicado en el mercado internacional se complementa con los esfuerzos de Petroecuador, Petroamazonas y los contratistas para poner en funcionamiento los ductos OCP y SOTE la primera semana de mayo, que permita regularizar la producción petrolera nacional y suspender la declaratoria de fuerza mayor en las exportaciones de crudo.

En las actuales circunstancias, del país demanda que el Estado y su Gobierno den la seguridad a las empresas de tener marcos jurídicos que den certezas en tiempos de incertidumbre y, sobre todo, garanticen la estabilidad de la inversión efectuada en el país para evitar que exista nerviosismo y un impacto fuerte en la economía nacional.

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