Encerrados para morir

Griselda vio cómo el cuerpo de Juan Enrique, el segundo de sus siete hijos, se iba desvaneciendo día a día hasta quedar con la piel pegada a los huesos por el hambre y el dolor en sus pulmones. Escuchó, también, la desesperación en sus pedidos de auxilio:

—¡Mamita, sácame de aquí! Llévame a hacerme ver, me siento mal. Ayúdame a que me saquen al policlínico.

Juan Enrique hablaba con la voz cada más débil en los breves audios que enviaba desde su celda en la Penitenciaría del Litoral. Solo podía comunicarse cuando lograba pagar unos minutos para conectarse a WhatsApp.

—Estoy en eso, mijito, respondía su madre.

En julio de 2025, Griselda presentó una acción de habeas corpus con la que solicitó que atendieran urgentemente los síntomas de tuberculosis y la desnutrición severa que padecía su hijo. Juan Enrique tenía 36 años y llevaba preso nueve meses, cumpliendo una condena de dos años y medio.

“Hoy sí comí galletitas, para qué, gracias a Dios. Pero, mamita, présteme un depósito para ver si saco comida”, le contaba Juan Enrique, en un video que Griselda aún conserva. Aunque ella no tiene un trabajo fijo, buscaba la forma de depositarle entre 10 y 25 dólares diarios para que en su pabellón le permitieran alimentarse.

El 20 de agosto, un juez instaló la audiencia. Pero la declaró fallida porque Juan Enrique no fue trasladado para que compareciera. El juez le dio 24 horas a la dirección de la prisión, administrada por el Servicio Nacional de Atención Integral para Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), para que explicara por qué no lo habían presentado. Advirtió que —de no obtener respuesta— habría sanciones y convocó a una nueva audiencia para el 1 de septiembre.

Durante los siguientes tres días, Griselda buscó, a través de otras madres y familias, información sobre su hijo. También fue a la Penitenciaría. “Sí, está en el pabellón 6, ala 3”, le aseguró la encargada de dar información. Incrédula, Griselda recurrió a su última opción: preguntar por él en la morgue de Guayaquil.

Allí le dieron la noticia. Juan Enrique había muerto el 18 de agosto, dos días antes de la audiencia. Falleció debilitado por el hambre y los pulmones colapsados, sin poder respirar. Su acta de defunción detalla las causas: infarto al miocardio, insuficiencia respiratoria, desnutrición crónica y neumonía.

Cuando el juez supo de la muerte de Juan Enrique, emitió un dictamen devastador: declaró la vulneración “grosera” de derechos en contra de Juan Enrique.

“No solamente al derecho de su libertad, sino al derecho a la vida. Agredieron su integridad e inclusive su dignidad, pues su muerte se produjo en prisión donde el custodio es el Estado ecuatoriano”, cuestionó el juez.

Además, ordenó al SNAI y al Ministerio de Salud disculparse públicamente con Griselda e indemnizarla como un acto de reparación. Pero ninguno de esos reconocimientos ha llegado.

Griselda denunció su muerte como un homicidio en la Fiscalía. Su exigencia de justicia no es solo por la memoria de su hijo, sino porque teme que Pedro, hermano menor de Juan Enrique, también muera en la Penitenciaría. Su cuerpo muestra las mismas señales: está desnutrido, débil y apenas puede levantarse.

Juan Enrique encarna un patrón de muertes que se ha profundizado en las prisiones ecuatorianas desde que el gobierno de Daniel Noboa declaró el conflicto armado no internacional en el país en enero de 2024. Y con ella, la militarización de las cárceles que prometía arrebatar el control al crimen organizado y detener los asesinatos dentro de los pabellones.

Un año después de la declaratoria, en 2025, al menos 1.220 personas privadas de la libertad murieron en Ecuador, según cifras entregadas por el Ministerio del Interior a Tierra de Nadie y CONNECTAS. Más de tres cada día. En promedio, una cada siete horas.

Varias madres recibieron la noticia de las muertes de sus hijos por las voces de personas presas que sobrevivieron y tomaron decenas de fotografías para alertarlas. Este equipo verificó más de 300 imágenes que muestran cuerpos cadavéricos en las celdas y a personas agonizando, tendidas sobre cartones, bajo el sol y en los pisos de los pabellones de la Penitenciaría del Litoral. En varios videos se observa a internos visiblemente desnutridos, acostados en camas de cemento, sin poder abrir los ojos y pidiendo auxilio.

Algunos murieron solos, sin que sus familias fueran notificadas, obligándolas a buscarlos en cementerios y a rescatar sus cuerpos antes de ser enterrados en fosas comunes.

Otras madres, como Griselda, lograron que jueces ordenen la atención médica de sus familiares, pese a que el acceso a la salud es un derecho garantizado por la Constitución.

Tierra de Nadie y CONNECTAS recabaron datos históricos de fallecimientos de internos de acuerdo con el tipo de muerte registrado —violenta, natural, suicidio, accidental e indeterminada—. Más allá del colapso, el análisis de los datos revela un cambio en el patrón: ahora la mayoría de las muertes no ocurre bajo el fuego de las bandas.

Antes de la declaratoria del conflicto armado, 2021 fue el año más crítico en las cárceles. Las masacres, marcadas por una violencia extrema, mutilaciones y desmembramientos de cuerpos y difundidas en redes sociales, pusieron al Ecuador de frente al abandono, la complicidad y la gobernanza criminal dentro y fuera de las prisiones. Ese año hubo 497 muertes. De ellas, 331 —el 66,6 %— ocurrieron por violencia intracarcelaria, 145 por causas naturales y hubo 21 suicidios.

Aquella dinámica cambió en 2025. Casi la mitad de los decesos reportados —566— fueron categorizados como “naturales” y 448 como indeterminados. Dicho de otro modo: en cerca de cuatro de cada diez fallecimientos ocurridos en las cárceles, el Estado no determinó las causas.

La violencia intercarcelaria tampoco se redujo: 206 personas presas fueron asesinadas el año pasado, la segunda cifra más alta en los registros carcelarios del país después de 2021.

Para el exdirector de varias prisiones del complejo carcelario de Guayaquil, aquel incremento y el giro en las causas de las muertes podría estar vinculado a un debilitamiento deliberado en contra de los internos:

“Creo que mantenerlos debilitados es una estrategia. Así, si surge un brote de violencia y se quiere reaccionar, la gente no va a poder responder. Va a estar totalmente debilitada. Aquí hay muchos culpables, pero principalmente es el Estado, que maneja a todas las instituciones”.

Detrás de los muros, Felipe*, un hombre encarcelado en la Penitenciaría, dice que desde la ocupación militar las muertes son diarias.

“Antes sí es verdad que no había seguridad por las balaceras. Nosotros no nos metíamos. Cancelaban la comida unos días por las masacres, pero sí había. El economato era mejor. Si yo pusiera una balanza entre el antes y el después, pues todos nos quedamos en el tiempo de antes. Al menos podíamos estudiar”.

Para entender cómo cambió la vida —y la muerte— en prisión, este equipo revisó cientos de documentos judiciales, informes del Ministerio de Salud, la Defensoría del Pueblo y el SNAI, actas de defunción y exámenes forenses. También entrevistó a más de 50 fuentes. Entre ellas, 15 personas presas de cárceles en Guayaquil, Latacunga, Riobamba y Esmeraldas, incluidos miembros de bandas criminales, policías, guías carcelarios, médicos, expertos, exfuncionarios del SNAI, familias de internos fallecidos en 2025, y las organizaciones que las acompañan.

Los testimonios, la información recopilada y el trabajo de campo permitieron detectar los mecanismos que han convertido al sistema carcelario en un territorio de muerte: alertas sanitarias ignoradas desde febrero de 2024, una crisis de alimentación que surgió en el primer trimestre de ese año, la falta de acceso a atención médica, el ocultamiento de información sobre las muertes y la deficiente gestión de cadáveres en las prisiones.

Las fuentes consultadas en esta investigación apuntan a una institución como la principal responsable del incremento de las muertes: el SNAI, liderado por el coronel Mauricio Mayorga, un policía en servicio pasivo, desde 2025. Esta entidad no respondió a los pedidos de entrevistas enviadas por este equipo y se negó a entregar información sobre las muertes alegando que está “depurando sus bases de datos” y será entregada en 2029.

Los registros oficiales del SNAI que presentamos en este reportaje fueron compartidos por fuentes reservadas. A través de ellas, accedimos a dos listas que confirman la muerte de, al menos, 85 personas solo entre marzo y abril de 2026 en la cárcel regional de Guayaquil.

Mientras tanto, cientos de familias peregrinan respuestas y esperan —atemorizadas— que algún día llegue el anuncio de la muerte.

—Los traen al hospital como si fueran desechos. Sin familias, sin historia clínica, sin nada. No me cabe en la cabeza como los pueden tratar así. Todos los pacientes que han llegado de la cárcel tienen síntomas de tuberculosis, desnutrición extrema y deshidratación. He visto morir a unos 20 chicos. Varios de los que siguen vivos se han resignado a la muerte.

Es el relato de una especialista que trabaja en un hospital de Guayaquil, uno de los dos centros de salud que recibe a pacientes encarcelados en la ciudad. Ella ayuda a los presos intentando rastrear a sus familias.

Entre sus pacientes hay jóvenes y adultos encarcelados, de entre 20 y 34 años, diagnosticados con diversos tipos de tuberculosis: pulmonar, intestinal y resistente. El contagio de esta enfermedad milenaria es tan simple como invisible: la bacteria que la provoca, conocida como bacilo de Koch, se transmite por el aire en gotitas microscópicas que una persona enferma, y sin tratamiento, expulsa cuando cuando tose, habla o estornuda.

“A la tuberculosis se la llama ‘la enfermedad de la pobreza’. Lo que activa al bacilo —que podría dormir en nuestro cuerpo sin síntomas— es la desnutrición crónica, el hacinamiento, la baja de defensas. Es decir, la falta de condiciones sociales para vivir dignamente. En ese sentido, las cárceles son el peor contexto posible para vivir”.

Lo explica Clara Freile, exjefa del programa de tuberculosis del Ministerio de Salud y coordinadora del Observatorio Social de Tuberculosis.

Hay evidencia concreta de que la tuberculosis se agravó en las prisiones desde la declaratoria del conflicto armado. Datos del Ministerio de Salud muestran que de 641 casos en 2023 saltaron a 1.498 en 2024 y alcanzaron 2.576 en 2025, cuadruplicando la cifra en solo dos años. La Penitenciaría es la cárcel más crítica: concentra el 71% de todos los casos reportados tras las rejas. También es una de las más desbordadas: en celdas construidas para cuatro personas conviven hasta doce internos.

Ya en 2024, un informe técnico del Ministerio de Salud, que este equipo pudo revisar, mostró exorbitantes indicadores en tres prisiones costeras: en Machala, la tasa de incidencia escaló a 16.810 por cada 100 mil habitantes; en la Penitenciaría del Litoral llegó a 9.954 y en la cárcel de Esmeraldas a 9.115. Si se comparan con el promedio nacional de ese año —cuando la tasa de incidencia en todo el país era de 45 por cada 100 mil habitantes— el riesgo de que una persona enferme en esas prisiones es entre 200 y 370 veces mayor que en las calles.

En el documento, el Ministerio alertaba que aquello implicaba un riesgo no solo para los internos, sino para sus familiares, los trabajadores de las cárceles y los médicos.

Hubo efectos: esas mismas tres cárceles costeras concentran la mayoría de muertes documentadas entre enero y septiembre de 2025. La Penitenciaría del Litoral fue el epicentro: sumó el 74% de los decesos.

Carlos*, un joven de 29 años, llegó a ese hospital desde la Penitenciaría con tuberculosis pulmonar e intestinal y desnutrición extrema: pesa apenas 33 kilos, lo mismo que un niño de entre diez y doce años. No puede caminar.

Temiendo su muerte, su familia logró que una jueza ordenara su traslado urgente para recibir atención médica en diciembre de 2025 y declaró la vulneración contra su derecho a la salud.

Carlos tuvo mejor suerte que otros cientos de presos. Aún no ha sanado, pero logró salvarse.

Santiago, de 29 años, pidió auxilio a su familia antes de morir en julio de 2025, sin ser llevado a un hospital. Su madre, Benigna Domínguez, presentó varias solicitudes para que recibiera atención médica por los síntomas de tuberculosis que sufría. “Me estoy muriendo de hambre, mami. Me duelen los pulmones porque me dieron una paliza por pedir comida”, le decía. “Yo no quería creer y le pedí que me mandara fotos”, cuenta Benigna.

Santiago le envió un video en el que aparece enflaquecido, con granos alrededor de su pecho y tórax.

Benigna habló con él por última vez el 14 de julio de 2025. “Mamita, te pido que me mandes 20 dólares para comprarme una tarrina de comida. Son las 10 de la noche y no nos dan ni café, ni almuerzo, ni merienda”, le dijo Santiago. Prometió llamarla entre el martes y el jueves para desearle feliz cumpleaños a su hermana.

Después de cuatro días de no saber nada sobre él, le preguntó a un compañero de celda si tenía información o algún rastro de Santiago.

El lunes 21 por la madrugada, el hombre le contestó: “Señito, a su hijo hace tres días que lo sacaron grave de aquí. Vaya, búsquelo en la morgue o en el hospital”.

Ese mismo día buscó en dos hospitales, pero no lo encontró. Luego, fue a la prisión. Ahí le confirmaron que Santiago había muerto.

Por la tarde, Benigna reconoció el cuerpo de su hijo sobre, al menos, diez cadáveres en la morgue de Guayaquil.

“Esto es un mensaje por parte del Estado diciendo que las personas pobres tienen que morir. Si te das cuenta, quienes están muriendo son aquellos que no tienen dinero y quienes tienen el poder, ahora están acompañados de los militares, sus nuevos aliados. Si los quieren hambrientos, van a buscar alimentarse. Van a adaptarse. Aprendieron a matar de diferente manera”, dice Ana Morales, una madre que perdió a su hijo en las masacres carcelarias de 2021 y que desde ese año funge como directora del Comité de Familiares por una Vida Digna en Cárceles. A través de ella, varias madres supieron que sus hijos murieron.

El Ministerio de Salud afirma que durante 2025 murieron solo 61 personas por tuberculosis—apenas el 11% de las muertes “naturales”, sin que el SNAI explique cuáles son las enfermedades que engrosan el otro 89%—. Expertos apuntan a un subregistro de muertes por tuberculosis. Hay rastros.

Accedimos a una base de datos forense con registros de 394 internos fallecidos en la Penitenciaría del Litoral entre enero y agosto de ese año y la analizamos junto con la médica Clara Freile. Del total, existen 309 personas con causas de muerte asociadas a enfermedades respiratorias agravadas por la desnutrición. Solo el 21% de ellas tuvo un diagnóstico confirmado de tuberculosis.

Pero en el otro 79% se repiten las mismas conclusiones forenses: infarto al miocardio, neumonía, insuficiencia respiratoria, sepsis de origen pulmonar, desnutrición aguda y anemia. “Casi todo el mundo muere por un infarto —es el último órgano que deja de funcionar—. Sin embargo, esos cuadros previos son señales claras de posible tuberculosis. La neumonía, por ejemplo, es una infección que inflama los pulmones, suele ser aguda, pero no contagiosa. Según nuestra hipótesis, podríamos hablar de que el 79% de fallecidos, de acuerdo con ese listado, podrían haber tenido como causa de muerte tuberculosis sin tratamiento, asociada a desnutrición grave”, dice Freile.

El subregistro es sistémico: si no hubo un diagnóstico oportuno —concluye Freile—, la enfermedad no va a aparecer en los registros oficiales.

Freile suma otro agravante:

En una serie de informes, que verificamos para esta investigación, el Ministerio enlistó varios nudos críticos: la falta de coordinación entre el SNAI y los militares a cargo de las prisiones, cuyos efectos han sido el retraso de diagnóstico y tratamiento oportuno para los internos, pese a que existen dictámenes judiciales que lo ordenan, y el bloqueo de ingreso de medicinas a las cárceles. Aun así, en ese mismo año, el exministro de Salud, Édgar Lama, negó la existencia de muertes por tuberculosis.

Consultamos al SNAI cuáles fueron las medidas que tomó frente al aumento de muertes. Dice que una de ellas fue la construcción de la cárcel del Encuentro —una prisión de máxima seguridad que emula el modelo de Nayib Bukele en El Salvador— donde están confinadas, al menos, 644 personas. Además, aseguró que la cárcel, inaugurada en noviembre de 2025, “permite brindar condiciones más dignas” a los internos.

Ese discurso, sin embargo, se desmoronó con la muerte de Charles Suárez, de 21 años, sentenciado por la incursión armada en TC Televisión que motivó la declaratoria del conflicto armado interno.

El SNAI aseguró que él había muerto el 13 de abril de 2026 por complicaciones de una “enfermedad hepática preexistente”. Es decir, debido a una afección a su hígado.

La madre del joven, quien alega que su hijo fue secuestrado y obligado a participar en el ataque, dice que cuando llegó al hospital donde su hijo agonizaba, le advirtieron que él tenía tuberculosis y no había comido durante cinco días. “Nunca me notificaron con exámenes que estaba enfermo. Era un joven sano”, recuerda.

Informes médicos y su acta de defunción confirman que Charles Suárez falleció a causa de una tuberculosis pulmonar.

Con él, seis de las trece personas implicadas en el caso de TC han muerto en menos de dos años.

Un hombre liberado del Encuentro, a quien entrevistamos antes de la muerte de Suárez, narró que en la prisión muy pocos recibían medicina:

Como a diez personas vimos que les sacan para darle medicina: paracetamol o digeril. Aquí llegaron muchachos flaquitos, bien enfermos. Yo también estoy enfermo y me vinieron a tomar el nombre, pero no me dieron nada. Le pedí a Dios que me saque rápido, porque sentía que iba a perder la vida con poca comida y sin medicina.

Un mes después, el 15 de mayo, hubo otra muerte por tuberculosis en El Encuentro: la de Michael Bautista, un joven de 23 años, que falleció desnutrido. El 27 de mayo, una mujer transgénero, de 23 años, a quien conocían como La Bonita, fue encontrada sin vida en su celda. Murió, según el SNAI, debido a una pancreatitis, una inflamación del páncreas que llega a ser mortal sin atención médica oportuna.

En ese mismo centro, la situación se sigue agravando. El 24 de mayo, el Comité de Familiares por una Vida Digna en Cárceles denunció el traslado de más de 30 presos con tuberculosis desde El Encuentro a la cárcel regional de Guayaquil, pese a que el gobierno negó un posible brote. Una lista —revisada por este equipo—confirma 31 movimientos. Las denuncias de posibles torturas y violencia sexual también se replican. La defensa del alcalde Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien está apresado allí sin sentencia, aseguró que, debido a una cirugía bariátrica previa, la falta de alimentación especial le ha provocado una desnutrición acelerada, en medio de plagas de roedores y el riesgo de contagio de tuberculosis.

“Enfermedades como la tuberculosis siempre han existido en las cárceles, pero ahora el riesgo mortal es muy alto. Calificamos como intención de la política del Estado generar estas condiciones que terminan en la muerte de las personas”, cuestiona Fernando Bastias, abogado del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil, organización que realizó varias visitas in situ en la Penitenciaría entre 2024 y 2026.

Ese riesgo empeoró con el hambre, insiste Freile.

—Vieja chucha de tu madre, nos pagas o aquí mismo matamos a tu hijo, amenazaban tres hombres y golpeaban en la espalda a su hijo, un joven de 20 años, en una celda de la Penitenciaría del Litoral, una tarde de febrero de 2026.

Ella cerró los ojos para no ver la violencia. Su hijo tosía, pero alcanzó a decir tres frases.

—¡Mamita, me quiero matar. Ya no quiero verte sufrir, mamita. Perdóname, mamita linda!, gritaba.

La llamada terminó. María*, una madre extorsionada, muestra, afuera de esa cárcel, los comprobantes de decenas de transferencias bancarias —de entre 30 y 250 dólares— que le exige una banda criminal para permitirle vivir y comer a su hijo. María estima que ha pagado cerca de 2 mil dólares en tres meses, entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, entre extorsiones, alimentos y pagos de aseo y celda.

Su hijo está recluido en un pabellón donde un grupo de internos exigen diariamente pagos a diferentes cuentas bancarias. Obligan a los jóvenes a comunicarse a través de un celular que ellos controlan. Los montos dependen de la exigencia de cada banda, pero nunca bajan de treinta dólares. Ha llegado a pagar 550 dólares en un mes para que no lo maten. Su hijo también ha sido “empeñado”. Es una forma de extorsión en la que los presos son forzados a recibir diversos artículos —litros de leche, huevos, pollos, droga, teléfonos o medicamentos— y pagar por ellos. Si no lo hacen, son encerrados en celdas de “castigo” donde son golpeados e, incluso, asesinados.

María también debe costear mensualmente entre 10 y 15 dólares para el “aseo” de la celda y otros 20 como una “colaboración”, cobrada por internos responsables del pabellón. A eso se suma el pago mensual del economato —las tiendas autorizadas por el gobierno, en el caso de la Penitenciaría, a cargo de la empresa Solmarket S.A.S.— donde deposita 40 dólares cuando tiene dinero, aunque a veces los alimentos que allí compra llegan tarde, dice María.

En la cárcel también existen los “tarrinazos”. Son eso: tarrinas de comida que venden o revenden los presos —muchas veces, dice María, son los mismos platos que el gobierno paga diariamente—. La pequeña cuesta 20 dólares y la grande 50.

Aunque su hijo está desesperado por comer, muy pocas veces ha pagado por una tarrina pequeña.

María come una vez al día. Ha tenido que vaciar prácticamente su casa —vender su cocina, refrigeradora o un litro de aceite— y salir a las calles para pedir que le presten dinero. En marzo ya no logró pagar nada más. El estrés la obligó a estar en cama durante varias semanas.

La imposición del hambre convirtió a las prisiones en el epicentro de una crisis humanitaria. Aunque el Estado asigna 2.50 dólares por ración diaria, el peso real recae en madres como María, extorsionadas por las mismas bandas criminales que el gobierno prometió combatir. Pero ahora, ellas denuncian que se sumaron nuevos aliados: varios militares asociados con las organizaciones delincuenciales. Ocurre a pesar de que el gobierno mantiene contratos vigentes con proveedores de alimentos y existen tiendas autorizadas, conocidas como economatos.

Antes de la militarización, varias bandas ya obligaban a cientos de internos a pagar por alimentos. Pero el impago a una empresa de alimentos por supuesta contratación fraudulenta fue el punto de quiebre para que un derecho básico se consolidara como un botín de la extorsión dentro de las prisiones.

El 17 de abril de 2024, Juan Carlos Izurieta, en ese entonces subdirector de Medidas Cautelares de esa institución, alertó en un documento dirigido a 37 funcionarios que había “alto riesgo” de suspensión de alimentación debido a que el Estado no había pagado a la empresa Lafattoria, que hasta 2024 había acaparado los contratos de alimentación en el sistema carcelario. Casi dos años después, el gobierno la acusó de participar en una maquinaria de lavado de activos ligada a la banda criminal Los Choneros.

Izurieta dispuso una directriz: que se adoptaran medidas para garantizar el derecho a la alimentación y la vida de los internos. La orden no tuvo peso. Dos semanas después, veinte cárceles se quedaron sin comida por la suspensión del servicio. Para junio, la crisis también llegó al complejo carcelario de Guayaquil.

La principal medida adoptada por el SNAI fue receptar donaciones, como consta en un anuncio de la policía, que fue pegado en varias cárceles en mayo de ese año. Siete meses después, en noviembre de 2024, el gobierno adjudicó un nuevo contrato para el servicio de alimentación a la empresa CONALEC por casi 22 millones y medio de dólares hasta diciembre de 2026.

Si los presos pudieron comer durante los meses de suspensión fue en gran parte por la gestión de las familias de los internos, organizaciones y la Iglesia católica. En la cárcel de Esmeraldas —epicentro de una masacre carcelaria en septiembre de 2025—, las mujeres familiares consolidaron un comité y, junto con el capellán de la prisión, recogían diariamente alimentos, sobre todo, huevos, para dejarlos en la cárcel.

Lo mismo hicieron otras familias en prisiones ubicadas en la sierra ecuatoriana, como la megacárcel de Latacunga, donde los presos cocinaban. Pero mucha comida no llegaba. “Cuando los visitamos por primera vez, estaban en los huesos. Mi hijo es alto, pero lo vi encogido. No solo él, sino todos los chicos. Tenían las manos en la espalda y los militares se ponían detrás de nosotras para ver lo que decían”, contó una madre, en Esmeraldas.

Ana Morales le reza a la tierra arcillosa, pálida y seca, que ha sido removida en un lote del Camposanto La Paz de Santa Elena, una provincia de la costa ecuatoriana. No hay cruces; solo el terreno levantado en montículos bajos, todavía sueltos.

Un guante negro de látex, abandonado en esa misma tierra, es la única huella del movimiento: debajo yacen los cuerpos de 15 presos de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, una ciudad ubicada a casi 140 kilómetros de distancia de aquel cementerio. Es por ellos que Ana eleva una oración, como un intento de despedirlos.

No son los únicos. Un trabajador del camposanto, que pidió la reserva de su nombre, confirmó que al menos 35 cadáveres de personas presas llegaron en fundas plásticas negras desde la morgue de Guayaquil para ser enterradas de forma colectiva en febrero de 2026.

Si Eliecer Bodero no hubiese emprendido un viaje de seis horas desde Ambato hasta Guayaquil, su hijo Gregorio —quien cumplía una condena de tres años y cuatro meses en la Penitenciaría— habría sido enterrado en esa fosa común el 5 de febrero de 2026.

La familia de Gregorio, quien tenía 35 años, creía que estaba vivo. Eliecer dice que lo buscaban a diario desde octubre de 2025, mes en que recibieron su última comunicación. “Decía que lo que saquemos de ahí [Penitenciaría] porque estaba mal. No tenía comida. Se estaba muriendo de hambre. Estaba enfermo. Decía que no le daban medicamentos”, cuenta Cecilia, madrastra de Gregorio.

Cuatro meses después, el 4 de febrero, la prima del joven recibió un mensaje de un hombre preso que vivía en el mismo pabellón. Él contó que Gregorio había muerto meses antes y la alertó para que reclamaran su cuerpo.

“Llegué y vimos que un carro de Medicina Legal salía de la morgue. Me dijeron que espere dos horas. Cuando entré, di mi cédula, los papeles de Gregorio y se quedaron impactados. Ahí me avisan que mi hijo ya no estaba, que lo habían sacado para llevárselo a una fosa común en Santa Elena”, recuerda.

Eliecer se apostó en la morgue y su reclamo obligó a la institución a regresar el cadáver de su hijo ese mismo día. Gregorio murió por las mismas causas que Juan Enrique: infarto al miocardio, desnutrición y neumonía el 4 de octubre de 2025, según su acta de defunción.

El cuerpo de Gregorio no fue reclamado porque su familia no sabía que murió. Su padre dice que nunca lo llamaron. Piensa que, de no ser por la persona presa que les avisó, no hubiesen recuperado sus restos. Tampoco les han explicado por qué su hijo llegó a ese estado.

El SNAI asegura que, de acuerdo con sus directrices internas, son los trabajadores sociales de las cárceles quienes deben contactar a los familiares de presos fallecidos. Nada de eso ocurrió.

La historia de Eliecer fue la pista que llevó a este equipo a encontrar entierros colectivos de personas presas no solo en Santa Elena, sino también en las ciudades de Durán y Quevedo. El trabajador del cementerio de Santa Elena, donde iba a ser sepultado Gregorio, afirma que no se tratan de fosas comunes sino de “lotes más pequeños” donde se entierran grupos de entre cinco y siete cuerpos: “Esos lotes son adjudicados a los señores de Medicina Legal, porque es un requisito para nosotros entregar el 5% del terreno. Ellos son quienes se encargan de enterrar y exhumar”.

El Servicio Nacional de Medicina Legal explica que —amparado en la Ley Orgánica de Salud— los cadáveres no identificados o identificados no retirados pueden ser sepultados luego de un mes. Asegura que los ubican en tumbas o nichos individuales codificados, “respetando la dignidad humana”.

La familia de Josué David Mendoza, de 25 años, no pudo rescatar su cuerpo. El joven murió sin sentencia el 26 de diciembre de 2025. Llevaba preso apenas cinco meses en la Penitenciaría, esperando que llegara su juicio. Su hermano menor supo que había fallecido cuatro meses después, el 24 de abril de 2026 por un policía que los ayudó a averiguar sobre él. Ese mismo día, sus familiares fueron a la morgue. Allí les confirmaron que había sido sepultado en el cementerio de Santa Elena y les entregaron un código asignado para él, para que lo buscaran en una bóveda. “Nos dijeron que murió por una neumonía. Pero nadie nos ha dado más razón. Lo último que supimos de Josué fue que había bajado de peso…les toca cambiar la comida por un pedazo de cartón para dormir”, cuenta su hermano.

El 2 de mayo, acompañamos a los hermanos de Josué David a Santa Elena. En el cementerio les explicaron que fue enterrado el 12 de febrero y que podrán exhumar sus restos en, al menos, cuatro años.

“Esperábamos, al menos, verlo en una bóveda. Una lápida. Esto es inhumano”, decían.

A Susana* le dijeron que su hijo había fallecido por tuberculosis. Aunque las muertes por la enfermedad fueron negadas a principios de 2025, ella dice que luego fue usada para encubrir muertes violentas.

Ella, una adulta mayor, desplazada por la violencia, cuenta que, un día después de su última llamada con él, en septiembre de 2025, contrató a un abogado para que preguntara por su hijo en la Penitenciaría del Litoral. Le confirmaron que su hijo murió debido a la enfermedad. Ese día, incluso, vio la noticia de la muerte en medios locales. Susana no entendía. No lo había visto enfermo.

Pero cuando fue a reclamar su cuerpo, el informe de autopsia que le entregaron reveló que su hijo había sido asesinado a golpes. El documento —que revisamos para esta investigación— confirma que sufrió traumas en su cráneo y cara.

Exfuncionarios del SNAI reconocen una “política de ocultamiento”. Uno de ellos es un comunicador que cuenta que la dirección encargada de reunir las cifras de muertes se negaba a entregarlas. Debido a la presión de la prensa, intentaba conseguirla a través de la policía. “Yo llamaba a la Dinased [una dependencia investigativa policial] y me decían que había muertos todos los días: ‘hoy dos, ayer fueron tres’. Pero nunca tuve un cuadro del SNAI donde me reporten el número de fallecidos”.

Por eso, acepta, la mayoría de solicitudes que los periodistas presentaban para ingresar a cárceles como la Penitenciaría eran negadas. “Ibas a encontrarte con un escenario que no es humano. No hay control. Solo el día que entré se me murieron tres. Ese rato los alzaron y los dejaron a un lado”.

El hermetismo no es nuevo en el SNAI. Pero aquella opacidad se profundizó a medida que se iba agravando el hambre, la enfermedad y los abusos tras los muros.

El 3 de febrero de 2024, a menos de un mes de haberse militarizado las cárceles, un interno compareció ante el juez constitucional Manuel Peña, durante una audiencia habeas corpus, la primera en ese año, en la que el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos alegó que había restricción de atención médica, alimentación y presuntas torturas físicas y psicológicas ejercidas por los uniformados.

Durante su intervención, él denunció que no recibía tratamiento para la tuberculosis que padecía. Con el ingreso de los soldados algo más se sumó: los abusos.

“No me dan ni paracetamol. No tenemos energía eléctrica. No hay agua. Dormimos con toda la pestilencia. Yo siendo una persona de 48 años con tuberculosis, [los militares] me han puesto corriente porque no me he acostado boca abajo porque me ahogo. Así, enfermos, nos pegan”, contó.

Junto con él comparecieron otras cinco personas, visiblemente delgadas y contagiadas de tuberculosis, según constató este equipo, que siguió la audiencia en ese año.

Otro hombre narró que orinó sangre tras ser agredido:

“Me hicieron abrir las piernas para hacerme un nudo con un cable en los testículos. Hice todo lo que me decían, pero nos echaban gas. Yo sufro de los pulmones. Sí recibía medicina, pero los militares me las rompieron. Vivo con doce personas y la mayoría tiene tuberculosis y ya vomitan sangre”.

Durante el proceso, un abogado que representó al entonces director de la Penitenciaría del Litoral, Guillermo Pacheco, dijo que desde la intervención militar, el acceso a los pabellones estaba restringido por los uniformados. Esa limitación, según él, provocó retrasos en traslados judiciales y médicos. Declaró, también, que tras la reorganización de los presos, realizada por militares y policías, no existían registros oficiales sobre dónde estaban ubicados. Aun así, afirmó que sí había atención médica regular y solicitó rechazar aquella acción.

Después de evaluar las pruebas, el juez Peña declaró la vulneración de derechos de los internos. Ordenó al centro carcelario y al Ministerio de Salud garantizar su atención médica ininterrumpida. Dispuso, además, la investigación de las posibles torturas y asegurar lo mínimo: agua potable, colchones y acceso a productos básicos.

El fallo de Peña le valió una serie de ataques sistemáticos en redes sociales. Desde comunicadores locales hasta cuentas alineadas al gobierno expusieron su rostro, incitando a su linchamiento digital.

El tiempo le dio la razón. En septiembre de 2025, el juez Peña, junto con otras dos colegas, visitó la cárcel y en un informe detallaron que encontraron cadáveres y moscas en el policlínico interno de la prisión.

“Lo estamos bañando a este bebé”, dice un joven, mientras con su mano limpia el rostro de un hombre preso, desnudo, esquelético y sin fuerzas, que está sentado en una esquina azul de la cárcel.

“Yo ya le di mi mortadela de desayuno, con juguito le he dado”, cuenta el hombre, en un video que desde las celdas muestra un gesto solidario entre compañeros.

Sobrevivir en las prisiones ecuatorianas se ha convertido en un trauma profundo que impulsa a los presos a insistir en que otros internos con riesgo de muerte sean atendidos. “A mí me ha tocado ver a compañeros agonizando y cuando he pedido que los ayuden y los saquen te dicen: ‘¡Que se muera! Mejor, uno menos‘. Eso nos dicen la mayoría de militares. A veces sí hay ‘comandos’ más humanos y piden a los guías que anoten sus nombres”, cuenta Felipe, un preso de la Penitenciaría del Litoral.

Él estuvo en el pabellón 7, donde estaba confinada gran parte de la población penitenciaria enferma. “Le decíamos ‘Camposanto’, porque empezamos 210 y en menos de 15 días éramos 150 solo en mi ala. Tanto así que a veces morían dos o tres el mismo día. Uno fallecía a las 12 del día, el otro a las 2 y el tercero a las 5 de la tarde. Teníamos que desayunar, almorzar y merendar con los muertos”, narra.

Felipe lo recuerda bien porque él fue un “contador”. Es decir, él ayudaba a llevar el control numérico de ese pabellón. Por eso, una de sus tareas era contar cuántas personas vivían y cuántas morían. Dice, también, que las primeras muertes documentadas en 2024 estarían vinculadas a los maltratos militares: “Ellos querían armas, dinero, caletas. Y se les pasaba la mano. Vi a varios de mis compañeros morir por los abusos. Después ya comenzaron las muertes por tuberculosis. Es algo que yo nunca había visto. Rogamos para que los atiendan, pero nadie hizo nada para ayudar”.

Infringir abusos no frenó ni redujo la producción de economías ilícitas dentro de las prisiones, una de las grandes promesas de la militarización.

Un hombre encarcelado en una cárcel de la sierra ecuatoriana, vinculado a Los Lobos, dice que las drogas y el contrabando en esa prisión siguieron fluyendo tanto en la ocupación militar como en el control policial que rige en esa prisión actualmente.

“Se sigue haciendo entrar cocaína y se vende a 1,25 el gramo, por ejemplo. El celular más básico que afuera cuesta unos 60 o 70, aquí cuesta 500 dólares. Si es más caro, ya sube el precio”, narra. No fue difícil corromper a sus nuevos custodios. “A mí me sacan a torturar y vi que un sargento tenía un teléfono. Le dije: mi sargento, estoy mal, le doy 500 dólares por su teléfono o le doy 200 por una llamada. Solo quiero saber cómo está mi familia. Él me dice: ‘¿Qué, estás loco?¿cómo me vas a dar 500 por el teléfono?’ Le pedí que me deje el teléfono. Me dice: "No, no, este teléfono es personal, pero si quieres te traigo uno mañana”. Se le hizo su depósito y todos contentos”.

Otro interno, relacionado con la organización Los Choneros, que cumple su sentencia en una cárcel costera, asegura que también compró el celular que usa a un militar por 1.500 dólares. Pero cuenta que más allá del ingreso de artículos prohibidos, que podrían sumarle una condena de entre uno y tres años más de cárcel, su preocupación se ha centrado en gestionar comida para el pabellón que habita.

No fue inmediato. Él cuenta que durante los primeros meses de militarización no había posibilidad de comunicarse. “Se puso difícil. No había contactos. No había teléfonos hasta que luego llegaron los mismos marinos a venderlos. La comida es el problema: dan un dedo se sopa, una ración de arroz que no alcanza y una mortadela dañada. Ahora estoy aquí, al frente de esto, tratando de que la comida llegue mejor y, sí, se paga para que todos coman, para que llegue un poco más de arroz, de sopa y colada".

Lo mismo ocurre en la prisión de Esmeraldas, donde son los miembros de la banda Los Tiguerones quienes ordenan el ingreso de alimentos, pagando a militares y policías, para evitar que más presos sigan muriendo, relató un interno que forma parte de esa organización.

No es la realidad de todos los presos.

En mayo de 2025, entrevistamos a Dennis Mendez, de 32 años, quien padecía VIH y tuberculosis. Mostraba su abdomen hundido a través de una pantalla, mientras su madre lo veía después de terminarse una audiencia de habeas corpus. “Aquí los comandantes son los que están gordos. Todos los demás estamos desnutridos. La comida sí llega, pero a ellos. Nadie controla”, contó. Dennis estaba preso en el pabellón 8 de la Penitenciaría. Falleció dos meses después.

En otras cárceles más pequeñas, como la de Riobamba, la comida también falta, aunque allí —explica un interno— la restricción de comida no está vinculada a la extorsión: “Nos servían menos porciones de comida. Decían que el Estado nos quitaba. Todos bajamos de peso, pero ya nos estamos recuperando”.

En medio de la gobernanza criminal y la violencia estatal, Felipe dice que los presos siguen cuidándose entre ellos.

Es la única opción en un escenario de vida o muerte.

“No conozco a nadie de la cárcel que no haya visto a sus amigos morir. Piensan todas las noches en ellos. Uno de ellos me dijo: ‘yo aquí no me voy a morir solo’. Y entiendo. Necesitamos no morir solos. Para algunas personas la cárcel es un sentimiento de hermandad. Ahí existen los padres que no tuvieron en sus casas. En ellos he visto humanidad. Se quieren acompañar”, dice la especialista del hospital guayaquileño.

Es la humanidad que —dentro de los muros— sobrevive como puede; y que, afuera, el Estado ecuatoriano les sigue negando.