Por primera vez, Esmeraldas tendrá cinco curules en la Asamblea y 70 candidatos de 14 listas compiten por esos puestos.
REDACCIÓN TIERRA DE NADIE
Casi la mitad de los 70 candidatos que compiten para asambleístas en Esmeraldas no tienen experiencia en la función pública, en tanto que seis registran procesos penales.
El caso judicial más conocido es el del exalcalde de Quinindé entre 2014 y 2019, Lizardo Casanova Montesino, quien ahora ocupa el segundo lugar en la nómina de la Revolución Ciudadana (RC), Lista 5.
En julio de 2016, la Contraloría General del Estado (CGE) emitió un informe con indicios de responsabilidad penal relacionados con las declaraciones patrimoniales juradas de Casanova. El problema radicaba en que, siendo alcalde, Casanova había adquirido una propiedad por 86.201 dólares y, según el informe, no había podido justificar el origen de ese dinero ante el organismo de control.
La Fiscalía procesó a Casanova por enriquecimiento ilícito; sin embargo, tras la etapa de instrucción fiscal, el Ministerio Público se abstuvo de acusarlo. Incluso, el caso fue consultado con Diana Salazar, fiscal general del Estado, quien ratificó la decisión de abstención.
Finalmente, Casanova fue sobreseído. No obstante, sus problemas con la CGE no concluyeron ahí. Antes de ser alcalde, Casanova había sido concejal de Quinindé. En diciembre de 2014, la CGE ordenó su destitución, aunque él continuó en la función pública pues ya había sido electo alcalde.
Por esta razón, Guillermo Álvarez lo denunció por usurpación y simulación de funciones. La Fiscalía lo procesó y, en abril de 2020, la Corte de Esmeraldas dictó un auto de sobreseimiento. Hasta el 31 de agosto de 2024, antes de formalizar su candidatura a asambleísta, Casanova fue gerente de la Empresa Pública de Tránsito del cantón Esmeraldas y su patrimonio era de 565.819 dólares.
Fundamedios intentó contactar a Casanova a través de su correo electrónico para obtener más detalles sobre estos casos. Sin embargo, hasta el cierre de este artículo, no hubo respuesta.
Esta es una investigación liderada por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), en la que participaron 38 periodistas. El equipo de la Unidad de Investigación Tierra de Nadie y otros 37 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información.
En la lista de candidatos con pasado judicial, destaca el caso de Dick Borja Quiñónez, postulante por el Movimiento RETO (lista 33). Ha sido concejal de Esmeraldas y representante del sindicato de trabajadores de Petroecuador; sin embargo, en la Contraloría General del Estado sólo consta su declaración juramentada de inicio de gestión como funcionario público con fecha diciembre de 2023 en calidad de técnico de Petroecuador. En esta y en otra periódica de 2024 declaró un patrimonio de 93.139 dólares.
En el sistema judicial constan 29 casos en los que Borja ha sido investigado. De estos, 23 son por supuestas estafas. En este grupo, seis están relacionados con el proyecto habitacional Tecnipetrol, en Esmeraldas.
Este proyecto fue edificado por la Constructora Terraesperanza, de la que Borja es accionista y fue su representante. Borja ha sido denunciado por supuestamente vender la misma casa o terreno a dos personas y por no entregar otros bienes que ya habían sido pagados.
En relación con estos casos, el candidato de RETO tiene cinco llamados a juicio, que fueron suspendidos debido a su inmunidad electoral. En 2019, en el caso restante, fue sentenciado a 10 años de prisión en primera instancia, pero luego la Corte Provincial de Esmeraldas revocó ese fallo y lo declaró inocente.
Además, Borja tiene otros 16 casos por estafa que están archivados o en fase de investigación preliminar, cuyos detalles no son públicos. También ha sido indagado por supuestas insolvencia fraudulenta, intimidación y quiebra. El político fue contactado por Fundamedios a través de su correo electrónico, pero no hubo respuesta.
Otro candidato con antecedentes judiciales es José Cervantes Rhor, quien ocupa el cuarto lugar en la lista de la RC. En 2018, Cervantes fue denunciado por Verónica Castillo por supuesta intimidación. No obstante, la Fiscalía no encontró indicios y solicitó el archivo de la causa. Cervantes ofreció una entrevista telefónica con Fundamedios para la mañana del 10 de enero de 2025, pero no respondió a la hora pactada.
También se encuentra el caso de Francisca Nieves Montaño, quien ocupa el segundo lugar en la nómina de Construye (lista 25). Según el registro de procesos judiciales, tiene dos casos abiertos por estafa y lesiones, en los que figura como investigada.
En enero de 2020, Nieves fue procesada por presuntamente agredir a un funcionario de CNEL que intentaba suspender el servicio eléctrico en su domicilio. Inicialmente, la víctima recibió 30 días de incapacidad, lo que configuraba el delito de lesiones. Sin embargo, después se corrigió la pericia médica y se estableció que las lesiones causaron de cuatro a ocho días de incapacidad, por lo que ya no se consideraba un delito. La Fiscalía decidió inhibirse de continuar con la causa, y la justicia archivó el caso.
En cuanto al caso de presunta estafa, la Fiscalía ha intentado procesar a Nieves desde junio de 2024. La audiencia de formulación de cargos se ha convocado tres veces, pero no se ha podido realizar. Ahora, debido a la candidatura de Nieves, el caso se encuentra en suspenso.
Cuando Fundamedios llamó a la candidata, esta respondió que devolvería la llamada para agendar una entrevista. Pero eso no ocurrió y tampoco volvió a contestar el teléfono.
31 postulantes sin experiencia pública
La CGE registra las declaraciones patrimoniales de todos los servidores públicos. Según esa base de datos, el 44 por ciento de los candidatos a asambleístas por Esmeraldas (es decir, 31 postulantes) no han tenido experiencia en el sector público, al menos desde 2015.
En los movimientos Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidad (Amigo, lista 16); Centro Democrático (lista 1); y Unidad Plurinacional Pachakutik (PK, lista 18); por ejemplo, cuatro de los cinco candidatos no tienen experiencia previa en la administración pública.
Asimismo, de los 39 candidatos que sí tienen experiencia en el sector público, algunos no han cumplido con el requisito de presentar declaraciones de fin de gestión.
Por otro lado, dos asambleístas buscan regresar al Legislativo: Samuel Celleri Gómez (PSC, lista 6) y John Polanco Lara (ADN, lista 7).
Además, hay siete candidatos que ya tuvieron cargos políticos y de elección popular y que ahora buscan una curul.
En este grupo están: Janeth Bustos Salazar (RC), que fue concejal de Esmeraldas entre 2019 y 2022. Iván Delgado Teorio (ID) y Omar González Alarcón (Construye), que se desempeñaron como tenientes políticos en Esmeraldas desde febrero de 2024, durante el Gobierno de Daniel Noboa, y que aún no han presentado su declaraciones de salida del cargo.
Asimismo están los casos de Tania Obando Bone (Creo) y Frickson Erazo Vivero (Construye), quienes fueron gobernadores de Esmeraldas entre febrero y diciembre de 2023 en la administración de Guillermo Lasso. También Johanna Corella Pacheco (Construye), que fue teniente política en Esmeraldas, entre 2022 y 2023, en el Gobierno de Lasso. Finalmente, el caso de Fredy Saldarriaga Corral (Alianza Libertad), quien fue alcalde de Atacames en el período 2019-2023.
Seis candidatos con deudas ante el SRI
Del lado tributario, según los registros del Servicio de Rentas Internas (SRI), 31 candidatos no han presentado en al menos una ocasión su declaración de impuesto a la renta, durante el periodo analizado, del 2017 al 2023.
Por otro lado, existen candidatos que tributan valores considerables. Entre ellos Frickson Erazo Vivero, quien ocupa el primer lugar en la lista de Construye, es el que más ha pagado, con 30.007 dólares, en el mismo periodo.
Le siguen Gema Dueñas Palma, segunda en la nómina de Acción Democrática Nacional (ADN, lista 7), con 29.456 dólares, y Fredy Saldarriaga Coral, primero en la lista de la Alianza Libertad (lista 4-8), con 12.808 dólares.
Finalmente, en cuanto a las obligaciones fiscales pendientes, seis candidatos de Esmeraldas registran deudas con el SRI. Erazo Vivero, por ejemplo, llegó a deber 41.839 dólares, aunque ese monto fue impugnado. El candidato fue consultado acerca de esta deuda, pero no respondió.
Por su parte, Víctor Angulo Borja, segundo candidato por CREO, Lista 21, debe 3.453 dólares. En una entrevista con Fundamedios, Angulo explicó que «no tiene conocimiento de cuándo se originó esa deuda», ya que varios colaboradores estaban a cargo de cumplir con esos pagos. Añadió que debido a amenazas a su familia, que incluyeron el asesinato de su hermano, tuvo que salir del país durante un año para salvaguardar su vida. Aseguró que ahora está pagando poco a poco varias deudas que acumuló con el SRI, el IESS y otras entidades.
