El crimen organizado, a la fuerza, se apoderó de una pieza clave en la producción del oro en Ecuador: las plantas de beneficio minero, encargadas de procesar el oro de la pequeña minería. La falta de control oficial las convirtió en un blanco fácil para las extorsiones y el procesamiento de oro ilegal.
UNA INVESTIGACIÓN DE INFORME RESERVADO Y CONNECTAS
“Viene un grupo de esta gente y me dice de frente: ‘Sabes que nosotros cobramos tanto cada miércoles y una lavada (procesamiento de oro ilegal) gratis cada jueves. Si no quieres, ahí está la bala”, relata el propietario de una planta de beneficio minero en el sur del país. Su empresa, al igual que muchas otras en la zona, tritura el material mineralizado, generalmente piedras que llegan de las minas, para transformarlo en polvo y sacar el oro.
Su testimonio es apenas una pieza de otra historia de terror en Ecuador: el crimen organizado, a través de extorsiones, ha logrado infiltrarse y controlar empresas claves para el procesamiento de este mineral precioso. Como ocurrió con este empresario que debe pagar a las bandas para salvar su negocio.
CONNECTAS conversó con habitantes de las zonas donde se encuentran las plantas de beneficio minero y llamó a una veintena de propietarios de estas empresas. Solo tres accedieron a contestar las preguntas, la mayoría colgaron, negaron ser el contacto de la compañía o no quisieron dar información sobre el tema. El equipo también entrevistó a exfuncionarios municipales, policías y expertos. Como si se tratara de un coro, todos confirman el hecho: bandas criminales controlan gran parte de las plantas de beneficio en Camilo Ponce Enríquez y Portovelo, dos cantones mineros del sur de Ecuador. Allí el oro, considerado sinónimo de abundancia, se transformó en una maldición.
Ambas provincias se han convertido en bastiones de grupos del crimen organizado, donde las bandas han encontrado un espacio en la minería para diversificar sus actividades económicas ilícitas.
En 2024, Ponce Enríquez se convirtió en el cantón más violento del país, con una tasa de homicidios 10 veces más alta que la media nacional. Durante los siete primeros meses del año, se registraron 199 homicidios por cada 100.000 habitantes. Solo entre marzo y junio de 2024 se contabilizaron 20 asesinatos, 82% más que en el mismo periodo de 2023.
La violencia se ha cebado en esta zona, al punto de que asesinaron a José Sánchez, alcalde de Ponce Enríquez, el 17 de abril de 2024, tres meses después de que el presidente Daniel Noboa declaró un conflicto armado interno. La situación en el cantón costero de Portovelo es la misma. Apenas 48 horas después del asesinato de Sánchez, acribillaron a tiros al alcalde de este cantón, Jorge Maldonado.
Las bandas han creado casi un sistema paraestatal. “No hay seguridad. Tiene que pagar para que le cuiden a la gente que maneja el poder acá”, relata otro de los dueños de las plantas de beneficio minero. Para ingresar a la zona, incluso si son autoridades locales, es necesario un permiso de Los Lobos, una de las bandas que controla la zona. “Cuando me tocaba ir allá, alguien cercano a Los Lobos pedía permiso para entrar. Es común el control de la Policía, pero el sistema está amarrado”, cuenta un exfuncionario público, que prefiere guardar el anonimato por seguridad.
En Ponce Enríquez han llegado a un pacto de silencio: todos lo saben, pero nadie se atreve a decirlo. Hay vigías, de las bandas criminales, que alertan quiénes ingresan y quiénes salen del cantón. En el sector minero de Bella Rica, en esta misma región, el control de los vigilantes es más riguroso. Supervisan cuidadosamente quiénes ingresan, asegurándose de que solo las personas autorizadas crucen sus límites. “Allí es donde más minería ilegal hay, es un pueblo improvisado, se nota que hay mucho informante. Es un pueblo desolado, con mucha violencia, bares y prostitución a la vista de todos”, cuenta un habitante de Ponce Enríquez, que tuvo que huir de la zona por intimidaciones.
Pero más allá de la riqueza minera de estas zonas, existe otro atractivo: Azuay y El Oro, las provincias que engloban a estos dos cantones, concentran 190 de las 211 plantas registradas en el Ministerio de Energía y Minas (MEM). Es decir, desde allí se procesa, comercializa e incluso exporta gran parte del oro de la minería artesanal y la pequeña. De acuerdo con cálculos propios, en Ponce Enríquez hay una planta de beneficio por cada siete kilómetros cuadrados y en Portovelo existe una de estas estructuras por cada cuatro kilómetros cuadrados. De las 211 plantas registradas en el MEM, solo 85 tienen licencia ambiental, que es un requisito indispensable para que sus operaciones sean consideradas legales.
Plantas de beneficio minero registradas en el Ministerio de Energía y Minas
Estas infraestructuras, parecidas a un molino, reciben el oro y, a través de un proceso físico y químico, lo transforman en tierra mineralizada y en lingotes de oro. No todas las plantas de beneficio son parte de una concesión minera. La mediana y gran minería cuentan con sus propias máquinas. Mientras que una parte de la pequeña y la artesanal pagan para procesar su material en plantas externas, que muchas veces cuentan con permisos solo para esta fase.
Un miembro de la Policía, que conoce la zona de Camilo Ponce Enríquez, admite que todo el material de la minería ilegal, principalmente de las provincias del norte del país y de la Amazonía, es llevado a las plantas de beneficio de ese cantón. “Llega desde lugares como Imbabura, Loja y Zamora Chinchipe para procesarse en las plantas”, dice.
“Es extremadamente peligrosa la situación”, zanja uno de los dueños de estas plantas en la provincia de El Oro, quien ha enfrentado amenazas e incluso ha sido víctima de ataques de estas bandas. “Recién mataron…. (se corta y hace silencio) Esas cosas no le puedo decir. Es tremenda la situación. Lastimosamente, son manejados por esta banda que opera desde las cárceles”, agrega. Por ese contexto tuvo que contratar seguridad privada, pero aun así no se siente tranquilo.
El temor a las represalias es palpable en cada testimonio. Solo hay dos opciones: huir o “colaborar” y formar parte del negocio. El exfuncionario público relata cómo a un conocido, dueño de una planta de beneficio minero, le pidieron que pagara 40% de lo que producía.
“También le daban oro ilegal para que lave. Al no existir un control, tú puedes hacer lo que quieras en las plantas. Era hacer eso o simplemente te daban bala”, apunta. A cambio, este dueño recibía un porcentaje y protección.
Otro testimonio corrobora esta dinámica. “Se da un mensual para que nos dejen operar”, reconoce otro propietario. “Este tipo de pago tiene que hacerlo hasta el operador más pequeño: 10.000 dólares es la base”, explica. Él cancela el monto base para trabajar en la zona, pero señala que otros toman medidas alternativas: “Contratan gente para contrarrestar el abuso de grupos irregulares y se arma un estado de guerra”. Otro dueño añade que algunos llegan a pagar hasta 30.000 dólares mensuales para continuar con su actividad.
Algunos propietarios deciden quedarse por la falta de oportunidades. “En la Ponce las papas queman. Uno anda con el Jesús en la boca, porque realmente no sabe qué puede pasar. Es un poco difícil, pero nuestro trabajo está ahí y en estos tiempos conseguir otro es difícil”, relata uno de los dueños. Hace más de seis meses fue visitado por un grupo que le pidió información sobre su producción. “Fueron a decir que, si en algún rato vinieran Los Lobos, tengo que dejar la mina o pagar porcentaje. En el caso de que vinieran, yo les entrego nomás la mina a que trabajen”. Enfatiza que su producción es pequeña y por eso espera que no lo busquen.
A pesar de que en Ponce Enríquez y en Portovelo esta situación es vox populi, las autoridades no la tienen del todo identificada. El mayor Pablo Realpe, jefe de operaciones de la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Naturaleza (UNIDCAN) de la Policía, reconoce que tienen “indicios” que podrían determinar que las plantas de beneficio están procesando oro de la minería ilegal: “Es una posibilidad, lógicamente, en algún lado tiene que procesarse este material y el destino sería una planta de beneficio. Sabemos que sobre todo en la parte norte del país salen camiones cargados con material y que su destino son las planta de beneficio que tiene el sur del país”.
Muchas veces, en el camino hasta llegar a las plantas de beneficio, se pierde el rastro de dónde viene el oro. Renato Rivera, director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), identifica dos problemas en relación con las plantas de beneficio minero en Ponce Enríquez. El primero es la extorsión, a la que se refieren los dueños de las plantas con quienes hablamos. Pero Rivera señala que en otros casos hay colusión entre las plantas y los mineros ilegales. Les procesan su material y les cobran un 30% para su beneficio.
Rivera resalta que la impunidad prevalente en el sistema judicial impide que las víctimas se atrevan a denunciarlo. Según un análisis del OECO, entre 2015 y 2022 solo hubo un caso relacionado con lavado de activos en la minería ilegal. Los implicados fueron sobreseídos. Además, aproximadamente solo el 40% de los casos vinculados a actividades ilícitas en yacimientos mineros llega a fase de juicio. La mayoría se resuelve mediante sanciones administrativas.
Los grupos de delincuencia organizada ganan espacio en las plantas de beneficio debido a la falta de supervisión de las autoridades. “El Estado no pide (registros a las plantas) de dónde viene, cuánto les pagan por el material, cuánto sale, ni ninguna explicación”, comenta uno de los propietarios sobre la falta de control. “Eso les permite (a las plantas) jugar con los resultados. Esa dinámica la pueden hacer las grandes (plantas), porque es más fácil modificar números y cifras por la gran cantidad de material que procesan”, señala.
Flavio Rodríguez, ingeniero de minas, explica que hay dos modalidades en las que operan: algunas procesan el material solo de sus concesiones, mientras que otras alquilan sus instalaciones para el procesamiento del mineral ajeno. Pero ninguna escapa de la inseguridad y las amenazas, según los testimonios recogidos.
En agosto de 2024, cuatro obreros de una empresa minera, que cuenta con su propia planta en Ponce Enríquez, fueron secuestrados por personas armadas. El grupo tomó las instalaciones para procesar oro ilegal. En marzo del 2023, un guardia de seguridad de otra planta de una concesión minera, en el mismo cantón, fue asesinado por un grupo de delincuentes que entraron en busca del mineral.
Las plantas que alquilan sus instalaciones, solo se encargan de triturar las rocas y entregar el oro a cambio de un pago. En estos casos, los interesados llegan con su camión cargado de material mineralizado, lo bajan y esperan su turno. Permanecen en la planta dos o tres días triturando el mineral, y luego dedican un día más para la recuperación del oro en lingotes o barras. Una vez terminado el proceso, pagan al dueño de la planta y se retiran con el oro.
Un blanco fácil
La normativa establece que la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) y el MEM deben llevar el registro de la productividad de las plantas de beneficio. Los dueños deben presentar sus informes de producción semestral en julio y diciembre de cada año. Según el modelo de reporte al que CONNECTAS tuvo acceso, deben informar aspectos como la capacidad instalada, las toneladas que ingresan, la cantidad obtenida del mineral, la procedencia del oro y detalles de las ventas.
Los informes deben estar auditados por uno de los especialistas calificados y registrados en la Arcom, según la normativa. Hasta junio del 2024, la agencia reporta 102 auditores certificados, con 14 en El Oro y ocho en Azuay, encargados de auditar las 190 plantas que registra el Ministerio de Energía en esas dos provincias.
Sin embargo, las plantas de beneficio son juez y parte en el proceso, advierte Andrés Rojas, abogado especializado en minería. Explica que la Arcom, al no contar con suficiente personal ni con la capacidad para verificar la veracidad de los informes, abre la puerta a la falsificación de datos y al encubrimiento de actividades ilícitas, como el lavado de oro de la minería ilegal.
“La agencia no tiene los elementos para identificar lo que extrajeron. Existe toda una red de minería ilegal alrededor de las plantas que incluye transporte y logística”, añade Rojas, quien también es asesor en la Asamblea Nacional y promueve una reforma a la Ley de Minería.
La Fiscalía comparte estas sospechas. “Se recaban indicios como documentos y archivos digitales, que darían cuenta de un presunto crecimiento en las plantas de beneficio, las cuales se encontrarían procesando material aurífero, sin verificar la trazabilidad y procedencia del mineral”, informaba la entidad a través de su cuenta de X, después de allanar las oficinas del Ministerio de Energía y de la Arcom el 3 de septiembre del 2024.
Victor Herrera, director general de Inteligencia de la Policía Nacional, agregó al siguiente día en una rueda de prensa que este operativo, que se realizó junto con la Policía Nacional, se llevó a cabo ante las “inconsistencias” relacionadas con la entrega de 652 concesiones mineras entre 2018 y 2024, años en los que ha estado cerrado temporalmente el catastro minero en el país.
El Servicio de Rentas Internas (SRI), a través de un correo enviado a CONNECTAS, coincide en que, si bien la Ley establece la obligatoriedad de presentar Informes semestrales con información relacionada al volumen de material procesado, no existe un reporte de la procedencia, el tipo y la cantidad del material recibido y comercializado.
Para este organismo, la falta de información repercute en la calidad y oportunidad de controles. Ante esto, el SRI está trabajando en un Anexo Minero para contar con la información de las ventas, compras, producción, procesamiento, tratamiento, inversiones, propiedad, planta, equipo y otros datos de las actividades económicas realizadas por los titulares de derechos mineros.
El Banco Central de Ecuador, que compra oro a la pequeña minería, tampoco ofreció información sobre el origen del oro. Respondió a esta investigación que “declararon toda la información relacionada con la Comercialización de Oro como materia confidencial o reservada”
El misterio de la producción
Con todos los problemas con la Arcom, no se sabe qué ha pasado con los informes. “Han pasado dos meses sin jefes, sin sueldos, sin nada, y seguimos exportando cientos de toneladas de concentrados (de oro)”, dice el ingeniero en minas, Flavio Rodríguez. La Arcom era la agencia encargada de los temas mineros hasta 2020, cuando se fusionó con otra entidad y juntas se transformaron en la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables. Cuatro años después, la Arcom retomó su nombre y funciones originales.
CONNECTAS solicitó en agosto de 2024 datos a la Agencia, cuando se supone estaba en funcionamiento. Sin embargo, no contaban con personal que pueda responder a las solicitudes de información. A pesar de los pedidos entregados en físico y en formato digital, hasta el cierre de esta edición, no recibimos respuesta sobre la producción de estas plantas.
El Ministerio de Energía tampoco respondió a las solicitudes enviadas. La falta de transparencia se ha visto acentuada por la inestabilidad interna del Ministerio de Energía, que entre agosto y octubre de 2024 estuvo sin viceministro de Minas y solo en 2024 contó con cuatro ministros distintos.
Toda esta inestabilidad institucional, que no termina de resolverse, ocurre en el peor momento, justo cuando las bandas han tomado el control de estas empresas. La inestabilidad, aunado a la falta de capacidad institucional, dificulta conocer el origen y la cantidad de oro procesado. Por lo general, una planta procesa entre 100 y 200 toneladas de oro diariamente, explica el experto Rodríguez. Esto varía, ya que algunas son parecidas a unos pequeños molinos, mientras que otras son grandes estructuras perceptibles desde lejos. En el caso de las infraestructuras de la pequeña minería y artesanal, el Estado establece una capacidad mínima de 50 toneladas por día.
En un informe de 2019, la Arcom ya identificaba inconsistencias. “Varios han sido los intentos de la ex Subsecretaría de Protección Ambiental y de la ex Dirección Regional de Minería de El Oro, actual Coordinación Regional Arcom Machala, para suspender las actividades de las plantas de beneficio, y llevarlas a la regularización”, dice el reporte.
“Las plantas de beneficio prácticamente tienen un buen romance con los de Arcom y con los del Ministerio de Minas. Nunca han sancionado a ningún dueño de plantas de beneficio”, dice un habitante de Zaruma.
A pesar de las irregularidades, no hay datos oficiales que reflejen esta realidad. Según el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), los controles a las plantas de beneficio se realizan dos veces por año. En el caso de la Unidad de Protección del Medio Ambiente de la Policía Nacional, han realizado 99 inspecciones a las plantas entre el 2018 y 2024. Un promedio de 14 por año. Del total, 81 en El Oro y 14 en Azuay. No se registran clausuras, ni decomiso de material en todo este periodo.
Uno de los propietarios de las plantas de beneficio en Ponce Enríquez cuenta que es difícil tener datos sobre las irregularidades por el miedo que tienen las autoridades a ingresar a la zona. “Los técnicos, cuando les mandaban a hacer las inspecciones, no iban. (Los grupos armados) les mandaban correteando. Siempre se enteran cuando un extraño entra. Tienen ojos en todo lado”, alerta.
Por otro lado, Alberto Pincay, gerente de la planta y compañía minera Agriplaza denunció la falta de apoyo de las autoridades. “Nuestra compañía y muchas del cantón (Ponce Enríquez) están en permanente ataque, extorsión, invasión y paralización de obra de manera ruin por bandas mafiosas, a vista y paciencia de las autoridades que no dicen nada al respecto. Y mucho menos hacen algo para ampararnos”, decía en una carta abierta dirigida al Ministerio de Energía en marzo del 2023, tras el asalto a su planta de beneficio, en la que denunciaba la ausencia del Estado en esta zona.
El equipo contactó a la Policía Nacional para conocer sobre las acciones realizadas por este cuerpo de seguridad para revertir esta situación en Azuay y El Oro, pero hasta la fecha de publicación de este reportaje la comunicación no fue contestada.
Opacidad en la exportación
Las irregularidades en el control deterioran todo el proceso hasta llegar a la última fase: la exportación. Un informe del Departamento contra la Delincuencia Criminal de la Organización de Estados Americanos (OEA) revela que Ecuador registró exportaciones de oro a China en 2019 por un valor de USD 76,7 millones; mientras que las importaciones del mineral ecuatoriano notificadas por el país asiático ese año ascendieron a USD 339,2 millones.
Estas cifras levantaron las sospechas en la OEA sobre el rol de la minería ilegal. “Estas discrepancias en los valores comerciales notificados y el aumento abrupto de las exportaciones de mineral de oro parecen indicar el uso de un nuevo vehículo para la comercialización de oro ilícito de Ecuador”, dice el informe.
La “pequeña” minería, cada vez más, juega un papel más relevante en la comercialización del oro ecuatoriano con otros países. Según el Ministerio de Energía y Minas, con datos del Banco Central del Ecuador, las exportaciones de la minería a pequeña escala crecieron de USD 280,35 millones en 2018 a USD 1.258,68 millones en 2023. Incluso ese año, las exportaciones de la pequeña minería superaron, por primera vez, a Mirador, uno de los dos proyectos mineros de oro a gran escala en el país, que en 2023 exportó USD 1.170,54 millones.
En este grupo de exportadores, el de la “pequeña” minería, las plantas de beneficio también juegan un rol: al menos 19 de las 85 con licencia ambiental son exportadoras. En 2023, según datos de Import Genius a los que tuvo acceso CONNECTAS, estas empresas exportaron más de USD 95 millones. Entre 2020 y 2023, hubo un crecimiento de casi USD 30 millones en sus exportaciones de oro.
De estas, empresas como Exycominsur, Sociedad Minera Liga de Oro S.A. (Somilor) y Sociedad Minera Nueva Rojas Cía. Ltda (Sominur) se posicionan entre las 20 mayores exportadoras de oro de los últimos siete años. Las tres tienen sus plantas en las provincias de Azuay y El Oro.
Por otra parte, compañías mineras de reciente creación han experimentado un notable incremento en sus cifras. Por ejemplo, el titular de la planta de beneficio Virgen de la Nube, perteneciente a la empresa Minera Hermanos Vásquez Minvasquez Cia. Ltda., constituida en 2016, exportó en 2020 una barra de oro. Es el único registro que se tiene de exportaciones asociadas a esta planta. Sin embargo, la compañía reportó un crecimiento significativo en sus ingresos, pasando de USD 26,785.60 en 2018 a USD 649,802.71 en 2020.
Esta ha sido una de las plantas víctimas de la violencia en el sector. En 2023, ocho personas encapuchadas y con armas entraron a sus instalaciones, sometieron a los trabajadores y se llevaron un kilo y medio de oro procesado.
Hay más inconsistencias sobre las exportaciones en los datos disponibles. La empresa Austrogold detuvo sus exportaciones en 2011 y las retomó en 2021, según los datos de Import Genius. No obstante, sus informes financieros registran exportaciones continuas entre 2018 y 2021.
En general, el aumento reciente en las exportaciones de pequeña minería “podría devenir de lavado de activos o de esquemas de corrupción en la entrega de permisos y en los reportes de cuánto material están produciendo las plantas de beneficio”, señala Renato Rivera, del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO). Una alerta que ya advertían autoridades como el exviceministro de Minas, Diego Ocampo, quien reconoció, en una entrevista con Teleamazonas, que Ecuador se enfrenta a la posibilidad de convertirse en un país que lava oro. Ocampo resaltó que es inusual que empresas de reciente creación exportaran más de 500 millones de dólares en los últimos tres años, como lo demostró una investigación de Plan V.
El equipo contactó vía correo electrónico a las cinco empresas mencionadas para conocer su versión sobre los datos expuestos. Pero hasta la publicación del reportaje ninguna había contestado las comunicaciones.
Los especialistas concuerdan en que las plantas son un eslabón clave en la cadena de producción y lavado de oro ilegal. Al ocultar los datos reales sobre cuánto están procesando, distorsionan los números reales de las exportaciones. El sistema es tan “arcaico” que se presta para la manipulación de cifras.
El OECO ha establecido una causalidad entre el incremento de las exportaciones y el aumento de la violencia por la fragmentación de los grupos del crimen organizado. “Vemos puntualmente que la minería ilegal está empezando a generar violencia en cantones donde tenías ausencia total de homicidios. Camilo Ponce Enríquez siempre fue conflictivo, pero no al nivel actual”.
En este clima de violencia y temor, los grupos de crimen organizado se siguen apoderando de las plantas de beneficio, amparados por el silencio de sus propietarios, que han preferido seguir “colaborando” para mantener su trabajo y su vida.