La justicia norteamericana abrió 36 juicios y ya logró 23 condenas de funcionarios ecuatorianos que recibieron sobornos de empresas estadounidenses. Pero en Ecuador, donde ocurrieron los delitos, el tránsito judicial es mucho más lento: solo se han activado seis de esas causas, con tres sentencias condenatorias.
POR: JORGE IMBAQUINGO, EL COMERCIO – CONNECTAS
Un maletín con 250.000 dólares no es fácil de meter de contrabando. Menos a Estados Unidos, tal como pretendió hacerlo José Raúl de la Torre, un joven que fungió como asesor de Petroecuador. Al ser retenido en Miami, no pudo justificar la procedencia del dinero. Con casos como este salieron a la luz sobornos y tramas de corrupción ocurridas en Ecuador que en Estados Unidos ya fueron sancionadas, pero que en la Justicia ecuatoriana han evidenciado una lentitud llamativa en cuanto a pesquisas de carácter penal.
Esta investigación de EL COMERCIO y CONNECTAS devela que mientras Estados Unidos ha investigado, condenado e impuesto multas, así como decomisos de bienes y dinero por los delitos cometidos en Ecuador, en este país la negligencia y los vacíos judiciales han minimizado o descartado las investigaciones legales correspondientes en los mismos casos.
El juicio contra De la Torre en Estados Unidos es uno de los 36 que ese país sigue a través de la Ley de Prácticas de Corrupción en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés), una legislación que le permite rastrear dineros provenientes de tramas de sobornos en otros países. Con esa normativa, el ex funcionario ecuatoriano fue sentenciado en 2019 por sobornos para que empresas norteamericanas lograran contratos en Petroecuador; y también por conspiración para lavado de dinero.
Con esta serie de juicios, la justicia estadounidense ya ha procesado a 33 ecuatorianos, seis empresas estadounidenses y seis ciudadanos de otras nacionalidades que utilizaron sobornos para ganar contratos en Ecuador y que luego invirtieron esos fondos en jurisdicción estadounidense, ya sea en el sistema financiero o en el bursátil.
De esos procesos, 23 ya llegaron a sentencias en firme, que incluyen la confiscación de más de 250 millones de dólares producto de la corrupción. Pero a pesar de las evidencias levantadas por el país del norte, en Ecuador solo se ha elevado a juicio a seis de esos casos, según la información recopilada para este reportaje. Estos datos muestran cómo caminan lentamente los procesos de indagación fiscal. Una suerte de “tortuguismo” que contrasta notablemente con la velocidad con la que la justicia norteamericana ha avanzado.
Con esta serie de juicios, la justicia estadounidense ya ha procesado a 33 ecuatorianos, seis empresas estadounidenses y seis ciudadanos de otras nacionalidades que utilizaron sobornos para ganar contratos en Ecuador.
Un claro ejemplo es lo que ha sucedido en el caso de De la Torre. Él y un socio manejaron al menos tres millones de dólares por sobornos para permitir que compañías extranjeras lograran contratos con la petrolera estatal de Ecuador. El exfuncionario, finalmente, dejó la prisión en Miami en febrero de 2021 (aunque tenía que cumplir dos años más de libertad vigilada). En agosto de ese año hizo una declaración voluntaria adelantada a la Fiscalía de Ecuador, desde Washington, que fue primordial para el llamado «Juicio Las Torres”, con el que se logró inculpar por delincuencia organizada al excontralor general Pablo Celi de la Torre, quien es su pariente.
Aun así, De la Torre no tiene ninguna causa abierta en el sistema de justicia de Ecuador. Según algunas fuentes que prefieren el anonimato, estaría en el programa de testigos protegidos.
A pesar de múltiples intentos por obtener su palabra para este reportaje, la Fiscalía no aceptó hacer una revisión de este caso y de los temas asociados a los 36 juicios que lleva adelante Estados Unidos. En dos ocasiones, incluso, la institución canceló las citas acordadas para una entrevista.
La justicia nacional actúa de la siguiente manera. Si hay juicios por FCPA en Estados Unidos que tienen gran repercusión mediática, se suele pedir asistencia penal internacional a ese país. Con una consecuencia: la demora para armar los casos. Esto, a pesar de que son juicios cuya documentación es de libre acceso en internet.
Los seis procesos abiertos en Ecuador tres tienen sentencias y están divididos de esta manera. Dos provienen de la línea investigativa del juicio a la constructora brasileña Odebrecht en Estados Unidos: se trata del caso de Arroz verde-Sobornos 2012-2016, en el que fueron condenados por cohecho el expresidente Rafael Correa y su ex vicepresidente, Jorge Glas; y el proceso en contra del excontralor Carlos Pólit, por concusión.
El tercero con sentencia se trata de un caso de cohecho en Petroecuador. En este proceso fueron condenados Ramiro Luque, Arturo Escobar Dominguez y Juan Baquerizo, quienes tuvieron sus respectivos juicios en Estados Unidos. La sentencia fue de cinco años, dictada el 3 de abril de 2017. El caso se dio porque la Fiscalía presentó como pruebas las transferencias de 250.000 dólares entre las empresas Arkadale Investment y Girbra, esta última contratista de Petroecuador.
En el escándalo de la Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol) se armaron dos causas por las presuntas irregularidades en las operaciones financieras de inversión del fondo; y están en curso. Hace más de dos años, la Fiscalía investigó la negociación de 216,2 millones de dólares en operaciones efectuadas, desde el 2014 al 2019, entre los directivos del Isspol y dos empresas más. El 16 de marzo de 2023 concluyó la fase de investigación y está pendiente la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.
Finalmente, el sexto proceso judicial en Ecuador es el caso Vitol, juicio que está en curso. Este caso es en el que ha sido prontuariado Nilsen Arias, quien fuera el gerente de comercio internacional de Petroecuador entre 2010 y 2017. Vitol es una empresa holandesa de comercio de energía y productos básicos con sede en Suiza. En este caso también hay nexos con temas petroleros y de seguros. En este proceso también está vinculado el lobbysta Antonio Peré Ycaza, que actuaba como intermediario de sobornos. Este juicio, que se inició el 14 de noviembre del 2022, espera sentencia en primera instancia.
A paso de tortuga
Una posible razón para este ‘tortuguismo’ judicial está en los largos tiempos que se toma la cooperación entre ambos países para instruir los procesos penales. Por ejemplo, para la inclusión de documentos certificados en el caso de Vitol, Antonio Peré Ycaza aceptó el 7 de octubre del 2020 su responsabilidad en una trama de dineros obtenidos por cohecho, que fueron transferidos a Estados Unidos. La Corte de Nueva York le confiscó 45,8 millones de dólares.
En ese caso, la Fiscalía de Ecuador pidió una asistencia internacional de su par norteamericana para tener elementos en contra de Peré Ycaza. Según los documentos del juicio, las pruebas certificadas por Estados Unidos llegaron recién el 17 de febrero de este año, a las 15:20. Es decir, los papeles se demoraron en llegar 2 años, 4 meses y 10 días desde que se inició el proceso, que hoy está recién en primera instancia, sin audiencias programadas al cierre de este reportaje.
El exfiscal general de la Nación Washington Pesántez asegura que no es necesario esperar a que llegue la cooperación internacional penal: “En Estados Unidos lo que interesa es golpear donde más duele, el dinero. Inclusive el asunto de la cárcel es accesorio, por eso bajan penas a cambio de confesar”. Y asegura que “al Ecuador nadie le prohíbe expresamente que investigue. Si la pesquisa no llega a una sentencia, la Fiscalía no ha perdido nada, habría logrado al menos evidenciar la corrupción”.
Sobre la pregunta de si la cooperación penal internacional es una camisa de fuerza, es enfático: “Desde hace 22 años está vigente el sistema acusatorio, que es copiado del anglosajón. Este establece que el fiscal, que de cualquier manera conoce que se ha cometido un delito de acción penal pública, tiene la obligación de iniciar la investigación. Es decir, si como fiscal veo indicios, tengo la obligación de iniciar una investigación preprocesal. Para hacerlo no necesito más que la noticia, no hay prohibición”.
La Embajada de Estados Unidos en Quito, ante una solicitud de EL COMERCIO y CONNECTAS, declinó referirse al tema: “No podemos hacer comentarios sobre el proceso de intercambio de información, pero nos gustaría subrayar la fuerte colaboración entre los Estados Unidos y el Ecuador en las prioridades del estado de derecho, la transparencia y la lucha contra la corrupción”.
La Fiscalía de Ecuador pidió una asistencia internacional de su par norteamericana para tener elementos en contra de Peré Ycaza. Según los documentos del juicio, las pruebas certificadas por Estados Unidos llegaron recién el 17 de febrero de este año, a las 15:20. Es decir, los papeles se demoraron en llegar 2 años, 4 meses y 10 días
Como en el caso de De la Torre, hay otros ejemplos del andar lento de la Justicia en Ecuador. Entre ellos, el juicio que se realizó en Estados Unidos, en la Corte del Distrito Sur de Florida, por la sonada trama de Alcatel en Latinoamérica. Este fue un escándalo de corrupción empresarial de alto vuelo que también involucró a Ecuador, aunque no hay constancia de que se haya realizado al menos una indagación previa en la Fiscalía General del Estado.
Si bien el juicio de Alcatel involucró en mayor medida a las actividades de la empresa de telecomunicaciones francesa en Costa Rica, un capítulo muestra cómo en Ecuador también se replicaron ciertas actuaciones. En la página web del departamento de Justicia norteamericano está la información de este proceso realizado en 2010 por los sobornos que utilizaba la compañía para ganar contratos.
En el juicio, que está al alcance de un clic para cualquier individuo en el mundo, se relata que de 1999 a 2005 un “adinerado hombre de negocios ecuatoriano” (a quien no se identifica) era el contacto para realizar pagos de Alcatel a Pacifictel, Andinatel y Etapa, las empresas estatales de telecomunicaciones de Ecuador, a cambio de contratos para la provisión de equipos de telecomunicaciones. En el proceso se detalla que el involucrado que actuaba como vínculo entre la compañía francesa y los funcionarios ecuatorianos recibió sobornos por 8,8 millones de dólares.
La técnica para beneficiarse de los sobornos que tenía este empresario consistía en elevar el monto de sus comisiones. Generalmente, dice el fallo de la justicia norteamericana, estos intermediarios suelen recibir de 3 a 5% por sus servicios de consultoría. Pero él cobraba entre el 10 y el 14%; es decir, contaba con más «dinero limpio» para sobornar a los burócratas.
En el proceso se detalló -sin dar sus nombres- que el presidente y el vicepresidente del Directorio de Pacifictel de la época obtuvieron viajes a París con todos los gastos pagados, subvencionados por Alcatel, como dádivas para asegurar esos contratos.
Sin embargo, luego de que se hiciera público el escándalo en 2010, y de que Alcatel llegara a un acuerdo con la justicia de Estados Unidos para pagar 137,4 millones de dólares para evitar un juicio, en Ecuador no hay evidencia de una indagación previa o de que se haya dado con la identidad del “adinerado hombre de negocios” que recibió los 8,8 millones de dólares en sobornos. Tampoco de quiénes eran los ejecutivos de Pacifictel que recibieron dádivas.
Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que investiga la corrupción, también cree que la Fiscalía puede investigar por su cuenta. “No debería esperar a que la justicia en Estados Unidos llegue a las últimas consecuencias. ¿Se necesita que haya presión mediática, presión ciudadana, se necesita que Estados Unidos actúe?”.
La ruta del dinero
Los juristas consultados para esta investigación enfatizan que la FCPA estadounidense no contempla un mecanismo para entregar a los países donde se cometió el delito parte del dinero confiscado por sanciones, por lo que para que Ecuador recupere los fondos fruto de la corrupción debe recurrir a procesos penales. Este país, a diferencia de otros estados de Latinoamérica, no tiene la figura de la extradición.
En este contexto, los expertos identifican tres escenarios que debería tomar en cuenta la Justicia ecuatoriana. El primero es lograr la homologación de penas, el llamado exequátur. Sin embargo, en su estudio sobre la FCPA, el catedrático Víctor Cabezas cree que esa vía es poco probable: “A pesar de que las conductas descritas por la Ley FCPA pudiesen ser típicas en el orden jurídico nacional, su homologación depende de cuestiones puramente políticas que se encuentran separadas del estricto sentido de la legalidad y el derecho”.
El segundo escenario es armar casos desde cero, a la espera de que llegue la cooperación especial del Departamento de Justicia, en cuyo caso debe sortear los pasos diplomáticos pertinentes para esperar que los condenados en Estados Unidos terminen sus castigos y lleguen a Ecuador para afrontar las penas por los juicios armados en este país.
El tercer escenario que recomiendan los expertos es crear en Ecuador investigaciones paralelas a las realizadas en Estados Unidos, sin la necesidad de esperar la cooperación penal internacional. Esteban Ron, decano de Derecho de la Universidad SEK, cree que se puede obrar a través de la notitia in criminis (que es la revelación de la comisión de un hecho presuntamente delictivo), sacada de los registros públicos de los procesos por FCPA en Estados Unidos. Con esto se podría sortear el paso de pedir asistencia externa y aguardar por años a que las pruebas se incluyan en los juicios locales.
Teniendo en cuenta esto último, en Ecuador es la Fiscalía la responsable de las investigaciones en caso de que haya acusación con elementos de convicción y de iniciar procesos penales en la Judicatura. Pero ante la solicitud de EL COMERCIO y CONNECTAS, desde esa oficina judicial respondieron, a través de un mail, que no tienen un registro de pesquisas realizadas una vez que en Estados Unidos se hacen públicos los juicios de la FCPA.
El tercer escenario que recomiendan los expertos es crear en Ecuador investigaciones paralelas a las realizadas en Estados Unidos, sin la necesidad de esperar la cooperación penal internacional.
Las actuaciones de la Fiscalía son confidenciales según la normativa vigente, para que sus pesquisas no se vean comprometidas. Tampoco aclararon si existe o no una coordinación, y en qué nivel, entre los fiscales, la Procuraduría del Estado y la Contraloría sobre los casos de ecuatorianos sancionados en Estados Unidos con la FCPA.
La Procuraduría, por su parte, menciona que existe una instancia denominada Grupo de Enlaces Interinstitucionales para la Recuperación de Activos (GEIRA). “Este organismo busca recuperar activos –que fueron identificados en un proceso penal por delitos cometidos en contra de la administración pública– en beneficio del Estado ecuatoriano fuera y dentro del país. La actuación del GEIRA es confidencial”, dice la misiva con la que eligieron responder a esta investigación.
Según la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, con la normativa vigente los decomisos de bienes producto de la corrupción solo se pueden lograr si hay un juicio penal con sentencia en firme. Aun así, en su último análisis explica que “no es posible para la ciudadanía acceder a información fidedigna sobre los bienes y montos incautados por el Estado (por corrupción). La información respecto a estos temas es dispersa, de baja calidad y se identifica que es utilizada de forma poco técnica con fines políticos”.
Fernando Tarapués es auditor forense. Asegura que los organismos de control en Ecuador “no ejercen su potestad para implementar auditorías forenses y develar las tramas de las coimas y sus redes, así como recuperar el dinero producido por estas acciones”. Cree que debe haber “mecanismos de tipo constitucional entre Ecuador y Estados Unidos para que los dineros decomisados en ese país puedan retornar, porque si bien la justicia estadounidense aplica multas a partir del delito, también decomisa capitales y bienes que justamente son producto de un delito que se cometió en Ecuador y deberían ser resarcidos a este país”.
Con estas consideraciones, el trabajo del GEIRA no alcanza para la recuperación de activos que se hayan decomisado en Estados Unidos, porque los 252,5 millones de dólares que la justicia norteamericana confiscó (cuyo cálculo se hizo con información de una base de datos de la Universidad de Stanford, California) se quedarán allá.
Tarapués considera que los convenios de asistencia penal internacional son importantes, pero cree que “si la información de los juicios está de manera online, las instancias de investigación penal deberían tomar esa información y practicar auditorías forenses para agilizar la creación de casos penales”.
Pero no todos los entes estatales actúan como la Fiscalía. La Superintendencia de Control del Poder del Mercado reaccionó a la información que está en Internet, en la web del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Esto ocurrió en el caso de la construcción de la central hidroeléctrica Manduriacu, obra realizada por la empresa Odebrecht en el noroccidente de Quito, en el límite de las provincias de Pichincha e Imbabura.
La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) denunció que el precio final de la obra fue de 227,3 millones de dólares, es decir un 82% más de lo presupuestado al inicio del contrato. La CNA, además de exponer el vertiginoso aumento del monto final, también evidenció que el proceso fue condicionado para que Odebrecht ganara el contrato. Sin embargo, la Fiscalía, en ese entonces dirigida por Galo Chiriboga, familiar y exministro de Rafael Correa, decidió cerrar la pesquisa.
Con la información online del juicio de Odebrecht por FCPA en Estados Unidos, la Superintendencia de Control del Poder del Mercado multó con 58 millones de dólares a Odebrecht y a la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) por haber dirigido el concurso del contrato para que la constructora brasileña se quedara con la obra. Mientras tanto, se sabe que desde el 2018 la Fiscalía reabrió el caso, pero sigue con su paso lento sin enviar sus conclusiones a los tribunales.
Es una demostración más de un sistema de investigación y acusación penal que en Ecuador se mueve a paso de tortuga, una velocidad insuficiente para cambiar la impunidad.
