Las cuentas no están claras en la compra de insumos médicos. En plena crisis por la pandemia del Covid-19, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social compra insumos médicos a un firma no calificada.
Redacción Tierra de Nadie
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) adjudicó una decena de contratos por USD 10’547.829 (incluido IVA) a la empresa ALMANTOP S. A., una firma cuya actividad comercial genera dudas. Esto aprovechando la urgencia sanitaria por el Covid-19 y la modalidad de contratación por emergencias. Aunque se ordenó suspender la orden de compra, detrás de la misma existen todavía cabos sueltos, no solo por un presunto sobreprecio en la venta de insumos médicos, sino también por quiénes están detrás del mencionado contrato.
Por un lado está ALMANTOP, una empresa creada en el año 2000, pero que en todo su historial no muestra ingresos, egresos o capital alguno aparte de USD 800 en activos, que corresponde al aporte de sus accionistas desde la constitución de la firma.
Fue declarada inactiva en el 2002 y tres años después se dejó sin efecto esta resolución. De nuevo se declaró inactiva en febrero de 2012 y en septiembre del mismo año entró en disolución.
En 2019, a finales de septiembre pasado, la empresa fue comprada por dos accionistas: Narcisa Jesús Bustillo Domínguez y Katherine Andrea Nieto Rosero, quienes también figuran como gerente y presidenta, respectivamente. Esto según la Superintendencia de Compañías.
Bustillo Domínguez y Nieto Rosero trammitaron la reactivación de Almantop tras comprar las acciones que hasta entonces estaban a nombre de Vinicio Salomón Larrea Lalama y la firma Catalisa S.A., también propiedad de Larrea Lalama.
Desde entonces, Almantop aparece en el Servicio de Rentas Internas (SRI) como una empresa dedicada a la venta al por mayor de insumos médicos, quirúrgicos y dentales. Lo mismo se registró en el SERCOP.
La información no coincide en los registros del SERCOP, el SRI y la Supercias. Tampoco hay un registro de la actividad de la empresa posterior al contrato con el IESS. No cuenta con redes sociales o una página web institucional. Este medio intentó comunicarse con sus representantes vía correo electrónico y a los teléfonos que se registra en la Superintendencia, pero no hubo respuesta hasta la publicación de este reportaje.
Detrás del contrato
Las redes sociales explotaron por la denuncia de sobreprecios en la venta de mascarillas N-95 que Almantop pretendía hacer al IESS. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, la Fiscalía General del Estado, hasta el presidente del Directorio del IESS, Paul Granda, aseguraron que se investigaría de inmediato esta compra.
Lo mismo hizo el director general del IESS, Miguel Ángel Loja Llanos, que difundió un video en donde aseguró que el proceso de compra no estaba culminado y dispuso que se suspenda. Al mismo tiempo pidió una investigación de Contraloría.
Lo que no dice Loja es que fue precisamente él quien autorizó esa compra. La prueba es su firma junto a la rúbrica del titular de Almantop en los documentos de la adjudicación, mismos que reposan en el portal del SERCOP.
ORDEN DE COMPRA DE INSUMOS MÉDICOS DEL IESSEL DATO:
Entre los rubros más onerosos de esta compra esta la adquisición de 131.890 mascarillas N-95, por un USD 1’563.760, a un precio de USD 12 por cada unidad. El precio en el mercado varía por la fuerte demanda, pero se encuentra desde los USD 3,75.
Loja Llanos tiene una trayectoria particular, comenzando por su cercanía con el actual presidente del Directorio del IESS, Paul Granda, a quien ha acompañado en diferentes entidades públicas dentro y fuera del país. Y no tiene reparo alguno en expresar públicamente su respaldo al ex alcalde de Cuenca.
En 2015, Loja Llanos fue consejero del cónsul en la embajada de Ecuador en España, mientras Granda López ocupaba un puesto similar. Más tarde, en 2017, Loja Llanos fue asesor de Despacho de Granda, cuando este fue ministro de Transporte.
Granda asume la presidencia del Directorio del IESS en diciembre de 2018, mediante el decreto ejecutivo 594. Para junio del mismo año, Llanos Loja es nombrado director general de la misma institución.
Loja Llanos también fue viceministro de Gestión del Transporte, delegado del presidente de la República ante el Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito, secretario técnico del Comité de Alianzas Público-Privadas del sector de Infraestructura y Gestión del Transporte, subsecretario de Transporte Terrestre y Ferroviario, director ejecutivo del Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, entre otros altos cargos, en distintas entidades públicas.
Ahora, luego del escándalo, Felipe Pezo, vocal representante del sector empleador en el Directorio del IESS, pidió se inicie un sumario administrativo contra Loja Llanos y otros funcionarios, entre los que se menciona a Mauricio Espinel Lalama, director del Seguro de Salud Individual y Familiar.
En horas de la tarde del 30 de marzo, Granda anunció que, frente a las dudas e inconsistencias, se convocó a los miembros del Directorio a una reunión, para plantear la remoción inmediata de los funcionarios implicados en el proceso de compra.
La destitución de Loja Llanos era inevitable considerando su responsabilidad en la firma y aprobación de la orden de compra; sin embargo, la decisión estaba en manos del Directorio del IESS. Minutos después del anuncio, sin que hubiera todavía un pronunciamiento oficial, Loja Llanos presentó su renuncia en un intento por esquivar la destitución.
De nada sirvió. Mediante memorando IESS-PCD-2020-0136-ME, el Directorio no aceptó la renuncia y destituyó a Loja Llanos, junto con María Cecilia Arteaga Flor, directora nacional de Servicios Corporativos; y, Carolina Alejandra Cepeda Santander, subdirectora nacional de Contratación Pública del IESS.
Los detalles de la orden de compra
Se trataba de diez procesos de contratación para la compra de mascarillas, guantes, batas, alcohol antiséptico, entre otros insumos médicos. Disponía la entrega parcial cada 48 horas, en un plazo no mayor a 30 días desde la adjudicación. Esta orden de compra reposa en el Sistema Nacional de Contratación Pública, con fecha del 22 de marzo.
También detallaba un pago del 100% una vez se entregue la totalidad de los insumos. El documento de la adjudicación incluye una lista de los lugares en donde el proveedor debe realizar las entregas directamente e incluye bodegas y hospitales en Pichincha, Guayas, Azuay, Tungurahua, Manabí, El Oro y Galápagos.
