El candidato del correísmo alega que nada debe. Un informe de la Contraloría General y una investigación periodística lo contradice.
Redacción TIERRA DE NADIE
La denuncia de Juan Fernando Velasco respecto a un contrato entregado “a dedo” por Andrés Arauz, pasó desapercibida por semanas, hasta que en medio del debate electoral del domingo 17 de enero, el candidato del Movimiento Construye exigió una respuesta a su contendiente.
Velasco acusó a Arauz de intervenir en un proceso de contratación para favorecer a la empresa StarGroup Cia. Ltda., firma que organizó el Festival de las Artes de Loja, en 2017. También dijo que el contrato tuvo un sobreprecio superior a los USD 3 millones y que existe un informe de la Contraloría General del Estado que lo avala.
En este punto cabe una pregunta: ¿Se trata de un caso real de corrupción o de una estrategia de campaña para desprestigiar al candidato del correísmo? Para despejar cualquier duda, el equipo de Tierra de Nadie buscó la historia completa, desde su inicio:
Raúl Vallejo renunció al Ministerio de Cultura el 25 de abril de 2017, a las puertas del cambio de gobierno. Faltando apenas un mes para que termine el mandato de Rafael Correa, Arauz entró en la cancha en reemplazo del ministro.
Este cambio en el Ministerio, a un mes del cambio de mando, aunque peculiar y llamativo, no fue explicado por el Gobierno saliente. En ningún momento se dijo si los motivos de la renuncia de Vallejo fueron personales o de otra índole.
Internamente se supo que Vallejo se negó a firmar el contrato con StarGroup, mejor conocida como EKOS y cuyo presidente ejecutivo es Ricardo Marcelo Dueñas Novoa. Esta es la misma empresa contratada para organizar el evento Habitat III, en 2016; y que en 2014 fue contratada por el Ministerio de Turismo (con Vinicio Alvarado a la cabeza) para producir la revista Travel Planner, como parte de la campaña All You Need Is Ecuador.
A Vallejo esta negativa le costó el puesto, pero nunca lo dijo públicamente. El ex ministro se fue en medio de la pugna por no firmar un contrato que, en contraste, Arauz adjudicó en pocos días, una vez asumió el cargo de ministro.
Mucho después, tras un examen de la Contraloría, se supo que dicho contrato no cumplía con los términos ni requisitos legales. Y, si, también había cuadruplicado su valor, pero hasta hoy la entidad de control no ha determinado las responsabilidades que pueden generarse del mismo.
El examen de Contraloría
Así que la denuncia de Juan Fernando Velasco es cierta y se avala en el informe de la Contraloría sobre el examen especial DNA2-0040-2018, realizado al contrato MCYP-CGJ-2017-13 para realizar el Festival de las Artes de Loja, por el período del 1 de marzo de 2017 al 31 de diciembre de 2017.
Arauz adjudicó el contrato faltando cuatro días para el cambio de gobierno. Para lograrlo, ordenó la anulación del proceso de contratación por licitación que había levantado Vallejo y dispuso que se levante otro proceso bajo la modalidad de régimen especial. Dicho de otra forma, evitó que se realice un concurso para facilitar la contratación directa de una sola empresa. A dedo.
El informe de la Contraloría establece que no debió usarse una modalidad de contratación por régimen especial y que esa acción “ocasionó se limite la participación de otros potenciales proveedores”, cita.
También indica que el proceso de contratación gestionado por el nuevo ministro “no contó con los documentos que son obligatorios, como condición previa a la aprobación e inicio del proceso, como la necesidad y los estudios, hechos que ocasionaron que el presupuesto referencial y los términos de referencia no estén bien sustentados”, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública.
Tal y como se indica, pese a que el presupuesto referencial y los términos de referencia no estaban bien justificados, el contrato pasó de costar USD 1,4 millones a USD a 5,6 millones. La diferencia es de USD 3,2 millones adicionales.
Durante el debate, Arauz alegó que este incremento se dio porque incluía la organización de dos festivales, uno en 2017 y otro al año siguiente, en 2018. “Si así fuera, el costo se duplica. Serían 2,8 millones, no 5,6 millones. Las cifras no le cuadran, Andrés”, respondió Velasco.
INFORME DE CONTRALORÍA SOBRE EL EXAMEN ESPECIAL DNA2-0040-2018
Pruebas adicionales
Por tratarse de un documento oficial de la Contraloría General del Estado, debería ser prueba suficiente, pero hay dos adicionales. Una de ellas aparece el 14 de mayo de 2014, poco después de la entrada de Arauz al Ministerio.
Se trata de un memorando del entonces coordinador general Administrativo Financiero del Ministerio de Cultura, Guido Rivadeneira, quien le advierte a Arauz que no existía un justificativo técnico para cuadriplicar el precio del festival, incluso tratándose de la organización de dos años.
«Debo indicar que no hay justificativo técnico que explique los valores asignados, por USD 3’360.000 para el presente año; y, USD 2’912.000 para el siguiente, incluidos el IVA. Toda vez que el costo del festival de las Artes realizado en noviembre de 2016 en Loja alcanzó los USD 2 millones, en el que se incluía la promoción publicitaria del mismo», cita.
Efectivamente, la primera versión del Festival de las Artes de Loja se realizó en 2016, cuando Raúl Vallejo ya era ministro de Cultura. Ese año la empresa contratada fue Satre Comunicación Integral. En los archivos del Ministerio de Cultura, se registran pagos en favor de esa empresa por USD 1’043.000, USD 125.220 y otro por USD 250.000. La primera versión del festival duró siete días, contó con 44 espectáculos, con artistas 11 países, según la programación oficial.
«Mis principios y mi moral que han guiado mi desempeño en el sector público por varios años, impiden ser partícipe de un hecho anti ético e ilegal», agrega Rivadeneira en el memorando.
En la misma fecha, 14 de mayo de 2014, la coordinadora general de Asesoría Jurídica, Yolanda Salgado, envió un memorando en el que reitera su oposición al proceso de contratación impulsado por Arauz, bajo los mismos argumentos: un incremento del presupuesto no justificado y la aprobación de un contrato sin base legal.
“Señor, ministro. No podía dejar de decirlo porque mis principios así me lo exigen. Confío en Dios, en que este memorando no ponga en peligro mi integridad física ni la de mi familia”, escribió.
Estos documentos fueron entregados en las manos del flamante ministro junto con la notificación de despido de ambos funcionarios.
MEMORANDO ENVIADO POR GUIDO RIVADENEIRA
MEMORANDO ENVIADO POR YOLANDA SALGADO
Cargos específicos en momentos específicos
Andrés Arauz fue la ficha clave en el tablero del ex presidente Rafael Correa. Su nombre y firma aparecen en diferentes documentos relacionados con la aprobación de solicitudes de créditos para financiar planes estratégicos, colocación de bonos soberanos en el mercado bursátil, priorización de proyectos e incluso la compra de los aviones presidenciales. Así lo reveló un informe especial publicado por el portal Periodismo de Investigación y Plan V.
Arauz fue subsecretario general de Planificación para el Buen Vivir de septiembre de 2013 a febrero 2015. Allí, Arauz se encargó de elaborar el Plan Anual Macro de Inversiones, que se traducía en los proyectos que respondían a las necesidades territoriales, según la normativa de la Senplades.
“Al dar prioridad a los programas de inversión e infraestructura económica, Arauz abrió la puerta para que el país se endeude desmedidamente en proyectos con sobreprecio y sobornos, con evidencias de problemas técnicos u obras fallidas”, según el informe
También fue parte de la arquitectura internacional del Banco del Sur, un organismo para enfrentar al Banco Mundial, y del sistema SUCRE para crear una moneda paralela al dólar. El Banco del Sur no existe y el sistema SUCRE se convirtió en el mayor mecanismo de lavado del continente.
La firma de Arauz también aparece el 25 de agosto de 2012, con la autorización de un convenio de crédito por USD 514, 6 millones con el FLAR para financiar la repotenciación de la Refinería Esmeraldas. Aunque el presupuesto de este proyecto estaba previsto en USD 600 millones, el costo final fue de USD 2.300 millones; es decir, que hubo un sobreprecio de USD 1.700 millones por una obra que hasta la fecha presenta fallas y no opera al 100% de su capacidad.
Asimismo, el 25 de marzo del 2014, como subsecretario de la Senplades, Arauz autorizó la puesta en marcha del proyecto hidroeléctrico Manduriacu. Esta obra, entregada a la brasileña Odebrecht, fue denunciada por la Comisión Nacional Anticorrupción por peculado, cohecho, prevaricato y un sobreprecio del 83%. De USD 124,8 millones pasó a costar más de USD 227 millones.
En julio de 2013, Arauz puso su firma en el acta resolutiva que aprobó un crédito de USD 50 millones para la compra de un lujoso avión ejecutivo Falcon 7x, para uso de Correa. El Gobierno manifestó que con esta compra se reduciría gastos en comisiones presidenciales al exterior, pero luego se reveló que después de esta compra, los gastos aumentaron.
Adicionalmente, en 2018, la Contraloría General indicó que los aviones presidenciales, Legacy 600 y Falcon X, volaron a paraísos fiscales sin detalles de pasajeros.
La lista de proyectos es extensa y se detalla en el informe Arauz firmó el endeudamiento de la patria, publicado en el portal de Periodismo de Investigación.
