Un informe revela incumplimientos legales de al menos la mitad las prefecturas del Ecuador, así como de otras entidades públicas, durante un año. La Contraloría General aún no se pronuncia.
Redacción Tierra de Nadie
Un total de 15 prefectos y ex prefectos, al menos dos alcaldes en funciones y sus antecesores, decenas de jueces y hasta el fiscal general de la Nación cobraron sueldos más altos que el presidente de la República en 2019, pese a estar prohibido por la Ley Orgánica del Servicio Público. Así lo revela un informe publicado por el Observatorio de Gasto Público y el Observatorio Anticorrupción, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.
Hasta diciembre de 2019, las autoridades señaladas percibieron sueldos superiores al del primer mandatario que, en enero del año pasado, emitió un decreto en donde dispuso la reducción de los sueldos de los funcionarios del nivel jerárquico superior, incluyendo su cargo. Así, el sueldo del presidente de la República se fijó en USD 5.072.
La disposición de un Decreto Presidencial no tiene aplicación directamente en otros niveles de Gobierno fuera del Ejecutivo como, por ejemplo, en las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado; sin embrago, bien puede trascender en acciones colaterales de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones.
Considerando esto, la LOSEP, en su Disposición General Séptima, establece que ningún servidor público puede percibir una remuneración mensual superior o igual a la del presidente de la República y, por tanto, al reducirse el sueldo Lenín Moreno, todos los funcionarios sometidos a esta normativa, obligados a cumplir la Ley, debieron revisar los montos de sus remuneraciones.
El incumplimiento de la LOSEP no fue tomado en cuenta por las autoridades en enero de 2019 y tampoco después de la posesión de las nuevas autoridades, tras las elecciones del año pasado. Dicho de otra forma, la inobservancia de la normativa lleva más de un año sin que las autoridades se pronuncien y sin que la Contraloría General tome las acciones de corrección pertinentes.
La reducción del sueldo del primer mandatario no fue emulada en otras instituciones del sector público pese entrar en conflicto con una ley orgánica. El análisis del Observatorio de Gasto Público y el Observatorio Anticorrupción arroja un listado de más de 300 funcionarios con remuneraciones superiores a la del presidente. Aclaran que de esa lista, no todos infringen la Ley, pues existen excepciones en los sectores de la Educación, Seguridad y el Servicio Exterior.
Bajarse los sueldos y devolver lo que se cobró de más
Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), en un diálogo con este medio, aseguró que las autoridades en funciones tienen en sus manos la responsabilidad de revisar sus sueldos y reducirlos si es necesario. “Es una obligación. Deben bajarse el sueldo y acatar lo que dice la Ley Orgánica del Servicio Público: ningún funcionario público puede ganar igual o más que el presidente de la República”, manifestó.
La obligatoriedad a la que hace referencia no se limita a las autoridades en cuestión. “La Contraloría General debe revisar este tema y establecer responsabilidades. Lo más lógico es que se establezcan glosas para que se devuelva lo indebidamente cobrado, considerando que hay un mandato legal en la LOSEP”, aseveró Alarcón. “Esto, por supuesto, luego de que Contraloría inicie un proceso de investigación, en donde incluso se cite a cada autoridad para que presente sus pruebas de descargo”.
Alarcón hace un anuncio: “Esta semana estaremos entregado nuestro informe a la Contraloría General del Estado. Si en conocimiento de este tema Contraloría no se pronuncia, sería una doble violación a la Ley”.
¿Quiénes están en la lista?
Entre los prefectos que hasta diciembre 2019 percibieron un sueldo de USD 5.510 están: Paola Pabón (Pichincha), Leonado Orlando (Manabí), Yaku Pérez Guatambel (Azuay), Clemente Bravo (El Oro), María Zambrano (Esmeraldas), Carlos Luis Morales (Guayas), Rafael Dávila (reelecto en Loja). Apenas superando el límite está Bayron Pacheco (Cañar), con un sueldo de USD 5.080.
Estos prefectos apenas asumieron funciones el 24 de mayo de 2019, lo que implica que sus antecesores tampoco acataron la Ley. Es decir, entre enero de 2019 y finales de mayo del mismo año, los correctivos también debieron aplicarse por parte de: Gustavo Baroja, en Pichincha, Mariano Zambrano, en Manabí; Paul Carrasco, en Azuay; Esteban Quirola, en El Oro; Linder Altafuya, en Esmeraldas; Mónica Becerra Centeno, quien reemplazó al final de su gestión a Jimmy Jairala, en Guayas y Santiago Correa, en Cañar.
Salvo por el actual prefecto del Azuay, Yaku Pérez, quien aseguró que solo cobra la mitad de su sueldo desde el inicio de su gestión, ningún otra autoridad electa o ex prefecto de ha pronunciado al respecto. Pero el caso de Pérez es particular pues los registros en el portal web de la Prefectura del Azuay muestran que se le pagó completo un sueldo de USD 5.510 hasta octubre de 2019.
Asimismo, en las cabeceras provinciales de Ecuador, los alcaldes de Guaranda y Quito, Luis Chimbolema y Jorge Yunda, respectivamente, también ganan más que el presidente Moreno. La remuneración de Chimbolema es de USD 6.000 mensuales, monto que también percibía su antecesor Washington Torres; mientras que el alcalde Yunda recibe USD 5.500, lo mismo que el ex alcalde de Quito Mauricio Rodas.
Sueldos que no se registran
Existen entidades que no actualizan sus portales de información, por lo que no es posible conocer quiénes son parte de sus equipos de trabajo ni cuánto ganan sus autoridades. Estas instituciones incumplen sus obligaciones establecidas en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP).
No existe información disponible de las prefecturas de Morona Santiago (Rafael Antuni) y Zamora Chinchipe (Cléver Jiménez). Asimismo, en la prefectura del Cañar, titularizada por Byron Pacheco Ordoñez, la documentación está desactualizada y en el apartado de remuneraciones mensuales solo hay documentación hasta junio de 2019.
Tampoco es posible encontrar información del prefecto de Los Ríos, Jhonny Terán Salcedo, pues no cuenta con documentación actualizada desde mayo de 2019. La última información disponible es de abril del mismo año, en la que consta el exprefecto Marco Stalin Troya Fuentes, con una remuneración de USD 5.510.
Por falta de información en la sección de Transparencia, incumpliendo el mandato establecido en la LOTAIP, no se pudo determinar la remuneración mensual de los alcaldes de Azogues, San Cristóbal, Morona, Salinas, Nueva Loja y Zamora. No existe información disponible de las empresas Ferrocarriles del Ecuador y la Empresa de Municiones Santa Bárbara. Mientras que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones mantiene el detalle de su distributivo de personal bajo reserva, justificados en la resolución N° CNT EP-GG-0023-2015 de fecha 14 de septiembre 2015 y la resolución N° CNT EP-GG-0012-2017 de fecha 31 de marzo 2017. En este último caso, únicamente es visible el total neto destinado a remuneraciones por USD 7’640.519 y un adicional de USD 496.835 para el pago de sobresueldos y horas extra.
