El homicidio intencional, o arrebatarle deliberadamente la vida a una persona, está penado en Ecuador con 10 a 13 años de prisión.
Redacción Tierra de Nadie
Actualmente, cerca de cinco homicidios intencionales se registran en el país por cada 100.000 personas. Conforme registros del Ministerio de Gobierno, la tasa de homicidios intencionales se redujo considerablemente desde el 2005, año con el registro más alto en casi 40 años: 17,6 homicidios por cada 100.000 personas. Esta tasa supera por apenas una milésima al 17,5 de 2010.
Las cifras oficiales muestran una tendencia decreciente durante los últimos siete años: en 2010 la tasa de homicidio fue de 17,5 reduciéndose a 5,8 en 2018.
Actualmente, de enero a septiembre de 2019 la tasa fue de 4,8 homicidios intencionales por cada 100.000 personas. En lo que va del año, las provincias que más contribuyen son El Oro y Los Ríos, con tasas superiores a los ocho puntos, cada una.
Que las mencionadas provincias encabecen este listado es bastante nuevo pues, desde 1990, Sucumbíos se muestra con la provincia más violenta, superada apenas por una vez en 2010, por Esmeraldas. Ambas provincias están ubicadas en la frontera norte del Ecuador y cercanas a zonas de conflicto con grupos armados, ligados a la guerrilla y el narcotráfico.
El Gobierno sabe de la situación fronteriza. En febrero de 2019, durante el foro “Problemática de la Frontera Colombo Ecuatoriana”, realizado en Guayaquil, la ministra María Paula Romo ratificó que la frontera norte es una zona marcada por las operaciones del crimen organizado, responsables de crímenes como el secuestro, tráfico de drogas, armas y personas, terrorismo, lavado de dinero, entre otros.
En esa fecha, Romo aseguró que solo en el 2018 se registraron 365 homicidios en la zona fronteriza; un 42% más que los 257 registrados en 2017.
Como una medida paliativa, el Gobierno aprobó el Plan Integral de desarrollo en la frontera, con una inversión de USD 500 millones hasta 2021. Con esto puso a operar 193 unidades policiales fijas, 209 unidades móviles y 4.715 policías, logrando desarticular 487 grupos delictivos, de los que 3.400 personas fueron aprehendidas y se incautaron de 570 armas de fuego.
Sucumbíos, “santuario de narcotraficantes”
InSight Crime, una fundación dedicada al estudio del crimen organizado en Latinoamérica, describe a Nueva Loja, Lago Agrio, como “un hervidero de comercio ilegal”. De acuerdo a una investigación de esta organización, en esa hasta las fuerzas de seguridad protegen los cargamentos de droga.
Grupos irregulares en esa zona construyeron clínicas para el tratamiento de los combatientes heridos, hoteles, bares y burdeles para el entretenimiento de los guerrilleros en licencia, tiendas de suministros militares y, por supuesto, nuevas oportunidades de empleo en el tráfico de drogas.
“Si bien parte de esta infraestructura criminal desapareció tras la desmovilización de las FARC en 2017 -la demanda de servicios médicos las 24 horas del día y sin cuestionamiento alguno ha disminuido notablemente-, Lago Agrio continúa siendo un centro de logística del tráfico de estupefacientes. La maquinaria de tráfico puesta a rodar por la guerrilla sigue en movimiento, y quizá esté pasando más cocaína por Sucumbíos que nunca”, se describe en el informe de |InSight Crime.
Sosteniendo todo este andamiaje criminal estarían empresarios que utilizan sus negocios para lavar dinero o traficar suministros. InSight Crime cuenta que los traficantes están bien relacionados con las altas esferas políticas, lo que les permite resolver cualquier problema que se presente con la justicia.
“Las fuerzas de seguridad también forman parte de dicha maquinaria, según fuentes del hampa que afirman que la policía y los militares son comprados para que dejen pasar los cargamentos de drogas a través de sus puestos de control, o incluso para escoltarlos ellos mismos”, cita el informe.
