La zona en la que confluyen los territorios de Perú, Brasil y Colombia es un punto caliente para el comercio ilegal de especies amazónicas. Sin embargo, varias organizaciones de la sociedad civil y autoridades llevan adelante proyectos y políticas para combatir este delito. El turismo sin supervisión eficiente amenaza a la biodiversidad en la trifrontera, mientras que la falta de recursos económicos y de fuentes de empleo alimentan el comercio y el uso ilegal de especies silvestres. Las legislaciones de los tres países presentan vacíos e incompatibilidades que la delincuencia aprovecha.
UN REPORTAJE DE ISABEL ALARCÓN, PARA LA BARRA ESPACIADORA
La posibilidad de tomarse una fotografía abrazando a un mono, acariciando a un manatí amazónico o posando con una serpiente en el cuello convoca a los turistas que visitan la triple frontera entre Colombia, Brasil y Perú. Lo que estos visitantes no saben –o a veces deciden ignorar– es que estas prácticas causan graves daños a los animales silvestres y pueden poner en riesgo la salud de las personas que entran en contacto con ellos.
Algunas personas que viven en el punto que une a Brasil, Colombia y Perú han encontrado una fuente de ingresos en este turismo que, aunque es ilegal, está a la vista de todos. A las actividades turísticas sin regulación se suma la captura de animales silvestres para su comercio ilegal a fin de ser usados como mascotas, dentro de esos países, así como en el extranjero. Todas estas constituyen prácticas que infringen la ley.
Conocida también como el trapecio amazónico, esta frontera se destaca por su estructura porosa, por la facilidad que brinda para movilizarse entre países y por su enorme tamaño. Estas características complican los controles.
Este punto geográfico de la Amazonía se supone que debería unir a Perú, Brasil y Colombia, pero en realidad revela la desconexión que existe entre estos países al momento de proteger la biodiversidad. La falta de coordinación entre las autoridades, la ausencia de suficientes personeros de los organismos de control, el abandono de los Estados y la facilidad que esos vacíos brindan para eludir las reglas de un país y cruzar a los otros, son algunos de los factores que han alimentado el cometimiento de delitos ambientales como el tráfico de especies silvestres.
El turismo en la triple frontera
El turismo sin regulación ni controles eficaces es uno de los principales problemas en la unión entre Brasil, Colombia y Perú. La falta de ingresos para las comunidades de la triple frontera ha dado paso a la explotación de especies como un incentivo para fomentar actividades ilícitas. Según datos de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de las Naciones Unidas, la pobreza estructural alcanza a más del 80% de la población en esta región.
Yusen Caraza, exfiscal especializado en temas ambientales de Perú, aún recuerda el operativo que se llevó a cabo en 2018 en Puerto Alegría. A bordo de aviones y barcos, llegaron los agentes a esta comunidad peruana conocida por convocar a turistas de Brasil y Colombia para el ‘turismo de selfie’. Monos, anacondas, osos perezosos, manatíes y una variedad de otras especies eran obligadas a posar para las fotos de los turistas extranjeros.
Se decomisaron 26 especímenes de fauna silvestre. “Tuvimos que salir lo más rápido posible, pero, con orgullo, siempre decimos que no se nos murió ningún espécimen”, dice el exfiscal. Sin embargo, muchos no podrán regresar a su hábitat natural. Es por eso que los decomisos son una medida de control, pero no de reducción de las principales causas de este problema.
Algunos de estos animales llegaron al Centro de Rescate Amazónico (CREA), ubicado en Iquitos. Arribaron con signos de desnutrición y deshidratación.
“Imagínese que vengan 30 o 40 turistas diariamente y los agarren para tomarse fotos. Se estresan, a las pocas semanas mueren y los dueños de estos establecimientos siguen comprando otros animales para seguir exhibiéndolos”, reclama Javier Velásquez, fundador del centro de rescate.
Estas actividades son comunes en la zona, sobre todo del lado peruano. El exfiscal explica que solo cuentan con 10 policías ambientales para todo el departamento de Loreto, cuya superficie equivale a dos veces el tamaño de Uruguay.
Más que en el control, Caraza resalta que hay que trabajar en la prevención. Por eso, a diferencia de los otros fiscales de Perú, los fiscales ambientales tienen dos funciones: prevenir e investigar los delitos ambientales.
Un punto caliente para las tortugas de agua dulce
Al turismo regulado de manera deficiente se suma el comercio ilegal de especies. La Amazonía es uno de los sitios más biodiversos del planeta y, justamente, Perú, Brasil y Colombia lideran las listas de países con mayor número de especies de reptiles, aves y anfibios.
Uno de los mayores problemas con el comercio ilegal de tortugas reside en los potenciales vacíos en la trazabilidad de la cadena desde los países que permiten el comercio y desde los que lo restringen. En Perú, por ejemplo, se permite el manejo y el comercio de diversas especies de tortugas de río, bajo modalidades que incluyen reproducción en centros de cría, manejo en semi cautiverio y manejo en libertad, mientras que en países como Colombia eso no ocurre para estas especies.
Los vacíos en el control abren la puerta al potencial lavado de especímenes. Las autoridades, incluso, manejan hipótesis que sostienen que tortugas extraídas de otras zonas prohibidas (Colombia y Brasil) son transportadas de forma clandestina a Iquitos, de ahí van a Lima y después salen al mercado extranjero como parte de una negociación aparentemente legal, aprovechando las modalidades y accesos en Perú.
“Vienen desde criaderos, zoocriaderos y con documentación pertinente. Hay mucho trámite irregular en Perú y se dan los permisos para estos temas de manera ilegal”, dice el exfiscal Caraza. Así, logran que las tortugas extraídas de la selva de Brasil o de Colombia pasen por los controles como si fueran nacidas en los criaderos peruanos. Un reportaje de Insight Crime revela esta problemática. Estos sitios utilizaban certificados de nacimiento falsos para insertar a tortugas taricayas provenientes del tráfico en la cadena de suministro legal.
A pesar de los esfuerzos que hacen las autoridades de los tres países, se torna difícil el control porque no hay suficiente vigilancia para una frontera de ese tamaño afirman varios científicos de WCS. Además, al ser un punto donde se comete una amplia variedad de delitos que llaman más la atención de los gobiernos, como el narcotráfico, se minimiza el tráfico de fauna.
Esfuerzos comunitarios para el turismo en la triple frontera
A pesar de que las prácticas persisten, también aumentan los esfuerzos para prevenirlos y generar conciencia. En el caso del turismo, miembros de la fundación Entropika trabajaron desde enero hasta agosto del 2019 para fomentar un nuevo modelo de turismo en Puerto Alegría.
Angela Maldonado, fundadora de Entropika, también lideró los procesos para la ejecución del operativo de Puerto Alegría, que se realizó en diciembre de 2018. Ocho meses después, tuvo que salir de Puerto Alegría por las amenazas de muerte. El modelo de un nuevo turismo se estableció, pero Maldonado no ha podido regresar a la zona. Debido a su lucha contra el tráfico de especies ha enfrentado un sinnúmero de amenazas y ha tenido que recibir la protección del gobierno colombiano. “Es un hoyo negro”, dice, en referencia a la triple frontera.
Actualmente, está liderando procesos similares con otras comunidades que antes capturaban monos en esta zona para usarlos en experimentos para la vacuna contra la malaria.
Maldonado, que ahora es la presidenta de la Red Departamental de Veedurías del Amazonas, está trabajando con organizaciones internacionales para identificar sitios con factores potenciales de conservación, turismo y desarrollo sostenible. La idea es mejorar la calidad de vida de las comunidades locales, para evitar que se involucren en actividades ilegales.
Iniciativas de prevención
En estos países de la región también se están llevando a cabo algunas prácticas para combatir el tráfico de especies. En Colombia, por ejemplo, existe el Laboratorio de Identificación Genética Forense de Especies Silvestres, creado con el apoyo del Ministerio de Defensa, el Minambiente y la Universidad Nacional de Colombia. Allí, se analizan fragmentos de piel, músculo, sangre, pelos, plumas o garras. El fin es identificar el animal, la especie y su origen.
En cuanto a las leyes, también hay avances. Luis Sari Alva, especialista legal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, explica que en 2022, Perú aprobó una ley que modifica el código penal e incluye al tráfico ilegal de fauna silvestre en los alcances del crimen organizado. Con esta modificación, los traficantes podrían enfrentarse a más de 10 años de prisión. Ahora, uno de los mayores retos es la aplicación de esta normativa.
A escala internacional se ha llegado a consensos para proteger a las especies. Durante la Decimonovena reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CoP19 CITES), el Gobierno de Perú lideró una propuesta, junto con Brasil, Colombia y Costa Rica, para asegurar la regulación del comercio internacional de la tortuga matamata. Gracias a esta iniciativa, la especie se incluyó en el Apéndice II de la CITES. Desde ese momento, se permite su comercio internacional sólo si se demuestra que es sostenible y legal.
A nivel local también se llevan a cabo esfuerzos. Aunque los centros de rescate no son una solución para el tráfico de especies, sí constituyen iniciativas para rehabilitar o aliviar la situación de quienes ya fueron víctimas de esta práctica ilegal. La idea no es continuar construyendo centros de rescate, sino que cada vez lleguen menos animales a estos lugares.
Javier Velásquez tiene claro este concepto. Por eso, maneja un centro de rescate y, a través de esta iniciativa, busca crear conciencia en los visitantes para prevenir los delitos ambientales. “De nada sirve rescatar 100, 200 o mil animales silvestres, si la gente los sigue matando. La labor más fuerte, más que el rescate, es la educación”, enfatiza.
También mantiene abiertas las puertas del centro para que las personas conozcan las huellas que dejó el tráfico en la vida de los casi 300 animales que habitan en este lugar. Para Velásquez, “nadie cuida lo que no ama y nadie ama lo que no conoce”.
Este reportaje fue elaborado por la periodista Isabel Alarcón, para La Barra Espaciadora. Para más información, visita el sitio web de La Barra Espaciadora en: www.labarraespaciadora.com
