Dos uniformados armados aparecen en la grabación, custodiando a un hombre inmóvil en el balde de un vehículo oficial de la Empresa Pública para la Seguridad de Guayaquil. Era el 9 de diciembre, la última vez que se vio a Jonathan Villón.
REDACCIÓN TIERRA DE NADIE
Cada mañana, Liz Villón marca el tiempo desde que su hermano Jonathan fue forzado a subir a una camioneta con placas amarillas y distintivos de la Empresa Pública para la Seguridad de Guayaquil. Este 7 de febrero se cumplen 60 días desde que un grupo de uniformados se lo llevaron. Nadie volvió a verlo.
Era el 9 de diciembre, un mes antes de su cumpleaños. “Se encontró con un amigo y se quedaron conversando. Llegaron militares, lo interceptaron y lo arrojaron al piso”, recordó Liz. “Le dijeron que desbloquee el teléfono y él se negó. Lo golpearon. Mi hermano se paró y corrió. Le lanzaron un tiro pero nunca supimos si el tiro lo alcanzó, porque luego lo subieron a la camioneta. Su esposa preguntó a dónde lo llevaban pero no le respondieron”.
Desde entonces no tienen noticias de su paradero. Liz prefiere recordar a su hermano como un hombre libre, pero la atormenta pensar que quizás murió antes de cumplir sus 31 años, el 9 de enero.
Una grabación comprometedora
Un video aficionado, grabado con un celular detrás de las rejas de una casa para no ser vistos, muestra a dos uniformados armados, militares, custodiando a un hombre inmóvil en el balde de un vehículo oficial de la Empresa Pública para la Seguridad de Guayaquil (Segura EP).
Boca abajo y con el torso desnudo, Jonathan intenta mover una de sus extremidades, aunque apenas lo logra. Su cuerpo, casi oculto por dos bancas de madera, apenas se distingue. Sobre él hay dos militares armados, se los distingue por el uniforme, el casco, las botas y el armamento. Las placas de la camioneta son GMA 2708.
A su alrededor, el alboroto crece. Los perros ladran, las voces se alzan en gritos, y dos mujeres intentan contener a un joven que, con rabia e impotencia, observa cómo la camioneta se aleja.
“Se supone que lo llevarían a la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) de la entrada de la 8, pero tomaron otro camino, el que va hacia Monte Sinaí”, contó Liz. Desde entonces, no ha dejado de buscarlo en hospitales, morgues y cuarteles. No hay rastro de su hermano; y, pese a las evidencias, tampoco ha podido identificar a los militares que participaron en el operativo.
El operativo se confirmó. La Fiscalía investiga el caso de Jonathan Villón como una desaparición involuntaria en fase de investigación previa. El 13 de diciembre ofició a la Agencia Nacional de Tránsito para obtener información sobre el vehículo en el que fue visto por última vez. Ese mismo día solicitó a Segura EP el nombre del conductor de la camioneta.
El equipo de investigación de Tierra de Nadie solicitó respuestas oficiales a distintas entidades estatales. Sobre el uso de vehículos municipales en operativos, la sala de prensa de la Alcaldía de Guayaquil respondió que la información sobre “el vehículo en mención, de propiedad de Segura EP, forma parte de una investigación previa, la cual está sujeta a reserva legal”. Añadió que se brindarán todas las facilidades para el desarrollo de las indagaciones sin interferencias.
“Segura EP brinda servicio a los militares, a la Policía y al Municipio. Se ve que son militares, no son tipos disfrazados de militares”, comentó Liz intentando hallar al menos una respuesta.
Liz también conserva las conversaciones con el agente investigador asignado a su caso. Según le dijo, un contacto le reveló que Jonathan habría sido dejado en libertad cerca del llamado canal de la muerte, en Nueva Prosperina, una zona en disputa entre bandas delictivas donde suelen abandonar cuerpos. El agente aseguró que las autoridades buscaron en el área, pero no encontraron rastro de Jonathan.
“Hemos tenido paciencia. Solo he pedido el GPS de la camioneta, porque ya tenemos la placa. Nos han querido revelar los nombres de los militares que participaron en el operativo”, detalló. “Sé que no es el único caso. ¿De qué me sirve un video con la placa si no me quieren dar los nombres? Yo soy ignorante, pero no tanto. ¿Por qué no dicen quiénes eran los militares y cuál fue la ruta que tomó la camioneta de Segura EP en la que se lo llevaron?”, lamentó.
Ahora teme por represalias. Otro video, más corto que el anterior, captó la misma escena, con la misma camioneta de Segura EP y los dos militares de pie en el balde. Uno de ellos se da cuenta y grita “¡Dejen de grabar! ¡Oye!”. El video se corta de inmediato.
El equipo de investigación de este medio solicitó la versión del Ministerio de Defensa, también de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Aéreas y la Marina, a través de sus departamentos de Comunicación. A todos se les pidió información sobre la unidad militar que operó el 9 de diciembre en la zona de Monte Sinaí y Nueva Prosperina, pero hasta el cierre de este reportaje no hubo respuesta oficial.
“Van a terminar como tu hermano”
Jonathan Daniel Villón Velasco, padre de tres hijos, no cuenta con antecedentes penales en los registros del Consejo de la Judicatura. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos contactó a sus familiares, quienes ya cuentan con medidas cautelares del Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas.
En el reporte «Desapariciones forzadas en contexto de la militarización en la costa en Ecuador«, se recogen 21 casos de personas detenidas y desaparecidas por patrullas de las Fuerzas Armadas del Ecuador, en el contexto de la militarización decretada por el Gobierno Nacional, sobre todo en Los Ríos, Guayas y Esmeraldas.
“Este caso en particular es bastante serio porque la esposa es testigo directo de la desaparición. Ella estuvo en el momento en el que su esposo es embarcado en el vehículo militar. Es una tendencia en ascenso y me refiero a esto de las desapariciones forzadas en el contexto de la militarización”, sostiene Billy Navarrete, del Comité.
Mientras tanto, el miedo ronda en la casa de Jonathan. Liz asegura que le tomaron fotos el día que protestó frente a la Fiscalía. Además, dos semanas después del operativo en el que desapareció su hermano, un grupo de uniformados regresó al vecindario. “Amenazaron a quienes hablaran y les dijeron que iban a terminar como mi hermano”, relata. “Yo temo por mi vida”, confiesa.