En Ecuador, seis de cada diez personas desaparecidas tienen menos de 20 años. Esta tendencia se repite cada año desde hace una década, según los registros oficiales. Una emergencia sostenida por años que nunca fue tratada como tal.
Redacción Tierra de Nadie
Un compañero de ruta contó que los interceptaron hombres en motocicleta mientras repartían agua en bidones por la zona de Balao, en Guayas. Les quitaron los teléfonos y los obligaron a desbloquearlos. A Pedro lo subieron a una de las motos y se lo llevaron con rumbo desconocido. Al momento de su secuestro tenía 19 años. Trabajaba para una distribuidora de agua y ese sábado cubría una ruta entre Machala, Ponce Enríquez y Balao. Solía regresar a casa alrededor de las cinco de la tarde. Su última conexión telefónica fue cerca de las dos y media. Pasaron los días, su familia sigue esperándolo.
Entre enero y septiembre de 2026, 3.408 personas menores de 20 años desaparecieron en Ecuador. Suman 12 por día. Una por cada hora y 55 minutos. Los casos reportados representan el 58,8% de las 5.799 desapariciones registradas en el país durante los primeros nueve meses del año. Pedro Alejandro Arboleda Chin es una de ellas. Guayas, la provincia donde desapareció, es la que más casos concentra del país.
Los registros oficiales de la última década muestran un mismo patrón. Desde 2017 hasta septiembre de 2026, los menores de 20 años representan entre el 57% y el 68% de las desapariciones en Ecuador. Al menos seis de cada diez personas desaparecidas en el país.
La mayor parte de esas desapariciones se concentra en un tramo de vida muy estrecho. De los 3.408 menores de 20 años desaparecidos en 2026, 2.451 tenían apenas entre 12 y 16 años. Cinco edades que representan el 42% de todas las desapariciones del país. Dentro de ese tramo, las edades de 15 y 16 años acumulan 1.404 casos, una persona cada cuatro horas y 42 minutos.
Después de que la familia Arboleda difundió la desaparición en redes sociales, comenzaron a recibir llamadas de desconocidos que decían tener a Pedro. Les pidieron 500 dólares. Depositaron. Luego vinieron más llamadas y amenazas. Al notar que no regresaba, su padre fue hasta la bodega donde trabajaba. Encontró la bicicleta de su hijo, pero no a Pedro.
“Devuelvan a mi hijo, por favor. Es un muchacho rebelde, pero no es mala persona. Les pido, por favor, devuelvan a mi hijo. No quiero perder a mi hijo”, dijo sumida en llanto Norma Chin, madre de Pedro.
Wilmer Neira, abogado de víctimas de desaparición forzada, dice que además del caso de Pedro conoce al menos tres desapariciones de jóvenes en la misma zona y en las mismas condiciones. En todas, sospecha, podrían estar involucrados grupos criminales en busca de reclutar menores. Pero investigar es difícil. La gente prefiere no hablar y hay quienes defienden a los captores. “Cuando pregunto me dicen que los Lobos no roban, que no hacen esas cosas, que ellos les cuidan”, cuenta. “El nivel de abandono en Balao es tal que la gente abraza esa ilusión de seguridad. Miran a criminales como garantes de su protección”.
La familia Arboleda busca a una persona. El Estado ecuatoriano tiene 1.013 sin localizar en lo que va de 2026. Pedro desapareció en Guayas, una provincia con un registro de 1.466 casos en nueve meses, 5,37 por día, un 10,2% más que en 2025. Junto con Pichincha, que registra 1.293 casos y una tasa de 4,74 por día, ambas provincias concentran el 47,6% del total nacional.
Pero los incrementos más bruscos no están en las grandes ciudades. Morona Santiago, en la Amazonía, aumentó su tasa diaria un 59,4% respecto a 2025. El Oro, provincia fronteriza con Perú, creció un 18,9%. Manabí, un 16,6%. Las desapariciones se están expandiendo fuera del eje Guayaquil-Quito.
Morona Santiago limita con Perú en una franja amazónica donde el control estatal es escaso y las rutas de tránsito hacia territorio peruano operan sin mayor vigilancia. El Oro comparte frontera sur con Tumbes y Piura, dos departamentos peruanos con corredores documentados de trata y tráfico de personas. Manabí, con más de 350 kilómetros de costa, ha sido señalada en reportes de inteligencia como punto de salida de embarcaciones vinculadas al narcotráfico.
Las tres provincias donde más aumentaron las desapariciones en 2026 son las mismas que llevan una década ganando peso en el problema. En los últimos nueve años, Morona Santiago pasó de registrar una de cada 70 desapariciones del país a una de cada 36.
El Oro y Manabí siguieron el mismo camino: las dos provincias ganaron peso en el total nacional cada año mientras Pichincha y Guayas, que siguen concentrando casi la mitad de los casos, lo fueron perdiendo. El fenómeno migró. Lo que antes se concentraba en dos ciudades ahora se reparte por provincias donde buscar a alguien es mucho más difícil.
Los quince años
En marzo de 2025, una investigación de la Unidad de Investigación Tierra de Nadie documentó que 868 menores de edad desaparecidos entre 2017 e inicios de ese año seguían sin ser localizados. Un año y medio después, los registros oficiales muestran que el problema se aceleró. En la página oficial del Ministerio del Interior para personas desaparecidas, desaparecidosecuador.gob.ec, aparecen decenas de fichas con fotografías de adolescentes que nadie ha encontrado. Caras de 13, 14, 15 años que alguien subió al sistema esperando que alguien más las reconociera. Entre ellas, Elías Baldeón Intriago, de 14 años, que perdió contacto con su familia el 25 de julio de 2026 en el norte de Quito y llevaba más de tres semanas sin ser localizado. O Meredy Orosco Burbano, de 17, desaparecida el 16 de agosto en el sur de la misma ciudad sin que se conozca nada sobre su paradero.
De las cinco edades que componen el tramo de 12 a 16, una sola se lleva la mayor carga. En los primeros nueve meses de 2026 desaparecieron 765 personas de 15 años en Ecuador, más que todos los adultos de 41 a 50 años sumados, que acumularon 291 en el mismo periodo. Esa edad concentra el 13,2% de todas las desapariciones del país. Una de cada ocho. Su tasa diaria creció un 20,8% respecto a 2025, el mayor incremento de cualquier edad individual en toda la base de datos.
A los costados del epicentro el patrón se repite. En nueve meses desaparecieron 619 niños y niñas de 14 años y 639 de 16 años, 12,1% y 5,9% más que en 2025, respectivamente. Una de esas 639 personas de 16 años es Ruth Medina Lajones. Desapareció el 29 de julio de 2026 en Las Malvinas, al sur de Guayaquil. Iba a su colegio con uniforme. Seis días después fue localizada con vida. Su hermano, Steven Medina, no tuvo la misma suerte. Fue uno de los cuatro niños del mismo barrio detenidos por una patrulla militar y hallados muertos en 2024. Diecisiete militares fueron condenados a 34 años de prisión por desaparición forzada. En el mismo barrio donde cuatro niños fueron desaparecidos por militares, su hermana desapareció dos años después.
Los que no vuelven
En 2020, Ecuador aprobó la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas. La norma creó un registro único y público de personas desaparecidas, un Comité Directivo de prevención y protocolos de atención prioritaria. Según la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec), ninguno de esos mecanismos se ha consolidado.
DESAPARECIDOS
Los niños perdidos en la guerra interna del Ecuador
En el primer año del conflicto armado, las desapariciones de menores de edad en Ecuador se incrementaron en un 88%. El crimen organizado está devorando a las infancias a través del reclutamiento y el tráfico sexual y, en el último año, los militares han sido señalados por la desaparición de al menos nueve adolescentes.
Ese mismo año, 95 de cada cien personas reportadas como desaparecidas en Ecuador eran localizadas con vida. Pero seis años más tarde, entre enero y septiembre de 2026, 23 de cada cien no fueron encontradas y 77 fueron halladas con vida.
En los primeros nueve meses de 2026, 1.013 personas desaparecieron en Ecuador y el Estado no ha logrado encontrarlas. El año anterior habían sido 744. El anterior, 496. Cada año la lista se alarga. En 2020 eran 124 personas las que el sistema dejaba sin localizar. Seis años después, esa cifra se multiplicó por ocho. No hubo un solo año en que la tendencia se revirtiera.
Otras aparecen, pero muertas. Lizeth Bunshi tenía 28 años cuando salió de su vivienda en el valle de Los Chillos, en Quito, en julio de 2026. Una cámara de seguridad registró su ingreso a una quebrada del río Machángara junto a un hombre. Un habitante de calle escuchó una discusión, amenazas y pedidos de ayuda. La buscaron durante 37 días. El 25 de agosto, la Fiscalía confirmó el hallazgo de sus restos en el mismo río, en el sector de Guápulo. Una pericia de odontología forense la identificó. El sospechoso fue acusado de desaparición involuntaria.
En 2020, una persona quedaba sin localizar cada 70 horas, casi cada tres días. En 2026, cada seis horas y 28 minutos. La capacidad del Estado para encontrar a quienes desaparecen se desplomó 18 puntos porcentuales en ese periodo, del 95,6% al 77,3% de localización con vida.
De acuerdo a una investigación de Tierra de Nadie publicada en marzo de 2025, la Dinased, la unidad policial encargada de investigar estos casos, operaba con 282 agentes para todo el país. Cada investigador manejaba entre 25 y 30 casos al año. Entre 2014 y 2024, la Fiscalía recibió 146 denuncias por desaparición forzada. Archivó 78. Otras 67 seguían en indagación previa sin resolverse.
Con esa capacidad operativa, 1.013 personas reportadas como desaparecidas en los primeros nueve meses de 2026 siguen sin ser encontradas. Entre ellas, adolescentes como Pedro Alejandro Arboleda Chin, cuyo caso fue derivado a Naranjal y cuya familia no ha recibido respuesta. Son 1.013 familias que siguen esperando.
