Leonardo G. Ponce
Periodista de investigación y economía con más de 15 años de experiencia en prensa escrita. Ha escrito para El Comercio, Revista Líderes, Ekos, La Hora y el desaparecido Diario HOY, además de contar con publicaciones en los portales de investigación Mil Hojas y La Fuente. Actualmente es coordinador del Observatorio de Gasto Público y fundador de Tierra de Nadie.
Eran las 07:53 del 30 de noviembre de 2017 cuando en San Antonio, al norte de Quito, un grupo de personas se bajaron de un camión, sujetaron a la fuerza a un transeúnte y lo subieron a la cubeta. Esta escena fue captada en video por un sistema de vigilancia. A simple vista, se trata de un secuestro pero quienes perpetraron el acto no lo consideran de esta forma. ¿Cómo entenderlo? ¿Qué tiene que ver Leonidas Iza con esto? Ahora lo explico.
Eran mediados de enero y trabajaba como reportero en el diario La Hora, me contactó la familia del secuestrado a pedirme que investigue este caso, pues la justicia no daba atención a sus denuncias. Así conocí a la familia del secuestrado y comencé a recabar información.
El retenido fue llevado a una comunidad de Cotopaxi, acusado por sus pobladores de ser parte de una red de estafas masivas con la criptomoneda bitcoin. El tema tomó fuerza luego de que el 23 de enero de 2018 los dirigentes del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), entre ellos Iza, denunciaron que unas 1.500 personas fueron perjudicadas.
Resulta que los afectados, en junio de 2017, entregaron sumas entre los USD 100 y USD 1.000 cada uno con la promesa de obtener ganancias que duplicaban o triplicaban el valor dado. Responsabilizaron a representantes de la empresa My Trader Coin (MTC), entre los que se ubicaba el hombre secuestrado.
Las primeras averiguaciones arrojaron que no solo era uno, sino dos los secuestrados por el mismo tema. El segundo caso se registró el 10 de enero, en el sector de La Mena, también en Quito. El mismo grupo de personas, el mismo operativo: un grupo de personas sujeta de piernas y brazos a un sujeto en plena calle y se lo llevan.
Dirán que se trataba de justicia por mano propia. De hecho, Iza así lo consideró alegando que de esa forma se estaba ayudando a la justicia ordinaria y demostrando la eficacia de la justicia indígena. Desde el inicio, en un juego de palabras dijo que no estaban “secuestrados” sino “retenidos”, tratando de anular por completo lo que realmente significa para las leyes ecuatorianas privar de libertad a una persona en contra de su voluntad.
Dijo que estaban mejor tratados que en su casa, que no se trataba de un secuestro y que podían irse en cualquier momento, pero ni siquiera pude hablar con los “retenidos”.
Ambos casos fueron denunciados por sus familiares. El abogado de los secuestrados me contó que 14 personas fueron detenidas por las retenciones, pero fueron liberadas tras la audiencia en la Unidad de Flagrancia. También indicó que sus captores pedían una indemnización superior al millón de dólares.
Luego encontré un tercer personaje que en otra ocasión fue presa de este tipo de prácticas. Me contó que fue detenida por dos ocasiones en 2017 y le pidieron una indemnización de 7.500 dólares.
Todo esto ante los ojos de la justicia. Me contacté con el fiscal de la provincia que no quiso dar declaraciones y el mismo Iza condicionó dejarme hablar con él a cambio de que vaya en persona a Cotopaxi para llevarme a la comunidad.
La ecuación era simple, pero por motivos de seguridad, considerando los hechos y ante la falta de garantías, mis editores decidieron no dejarme viajar a ese encuentro con justas razones.
¿Por qué contar esto ahora? Muy simple. Los reportajes fueron publicado, los secuestrados fueron liberados semanas después de su publicación e hicieron frente a la justicia, pero siempre me quedó la duda de que Leonidas Iza realmente estuviera convencido de sus palabras.
Por un lado, está claro lo que implica la privación de la libertad de una persona en una acción que justificada en la justicia indígena, se pasaba por debajo de las suelas toda norma escrita en las leyes ecuatorianas. Pónganle el nombre que le pongan, eso fue un secuestro.
Por otro, la justicia indígena solo tiene aplicación dentro del territorio en donde la comunidad la ejerce y no en otro. Venir a Quito para tomar a dos personas por la fuerza, obligándolos a estar lejos de sus familias, completamente incomunicados, es también una tergiversación de sus propias normas. Iza nunca respondió ante la Ley por las acciones de las que fue su autor intelectual, como tampoco respondió por el secuestro de oficiales durante las protestas de octubre de 2019.
