Los “sableros” o mineros informales están atrapados entre la pobreza y la violencia en lugares como Camilo Ponce Enriquez, al sur del país. Son el eslabón más vulnerable y precarizado de una cadena que llega hasta el lavado de activos.
John Machado. Primicias, en alianza con CONNECTAS
Aquí todo el mundo sabe que hay lavado, se sabe quién lava, dónde tienen la plata de dónde la sacan y a dónde la llevan, pero no se puede hablar de eso”, asegura Javier, un minero ilegal del distrito de Portovelo-Zaruma. Y no se habla del tema por dos razones: porque en la zona donde vive y trabaja casi todos reciben indirectamente parte del dinero lavado y porque “los riesgos de abrir la boca pueden llevar a la muerte”.
El distrito minero Portovelo-Zaruma, se ubica en la provincia de El Oro, al sur de Ecuador. La zona se encuentra a 145 kilómetros de Camilo Ponce Enríquez, el segundo sitio con mayor presencia de minería informal y el cantón más violento de su provincia, Azuay.
Durante 2019, en Camilo Ponce Enríquez hubo seis muertes violentas, lo que es considerable para una población de 20.000 habitantes, mientras que Cuenca, capital de Azuay, registró 2,3 muertes por cada 100.000 habitantes.
El último ataque a un minero en este cantón se registró el 26 de agosto del 2019, fue a Hitler Elizalde quien fue maniatado, torturado y asesinado por desconocidos.
Su cuerpo fue abandonado en la vía que conduce a Machala, un cantón contiguo, según informes de la Policía Nacional.
En Camilo Ponce Enríquez, un cantón que vive de la minería en todas sus formas, la percepción también dicta que “es mejor quedarse callados”. Lo dice Mario Castillo, uno de los comerciantes informales de la zona quien advierte que hacer preguntas puede salir “muy caro”.
Las bandas criminales que operan en Camilo Ponce Enríquez no le temen al poder. Lenin Bermeo, minero y hermano del actual alcalde del cantón, Baldor Bermeo, fue asesinado en 2013 durante un presunto robo.
Fue el primero de ocho casos similares ocurridos ese año. Otra víctima fue Arturo León, esposo de una de las integrantes del Cabildo Municipal, quien recibió una mortal puñalada por motivos que aún se investigan.
El fiscal del Azuay, Leonardo Amoroso, dice que las autoridades están trabajando para establecer nexos entre las actividades mineras ilegales, el lavado de activos y los crímenes en la zona. “Hay investigaciones en marcha” asegura.
Tres cantones extraen el 86% del oro del país
En los cantones Zaruma, Portovelo y Camilo Ponce Enríquez vive apenas el 0,38% de la población de Ecuador, pero de ellos se extrae el 86 por ciento del oro que exporta el país por concepto de pequeña minería.
Para 2019, el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables estimó que la producción en estos tres cantones alcanzaría los USD 300 millones.
Pese a esa riqueza los índices de pobreza, medidos por necesidades básicas insatisfechas, en Zaruma, Portovelo y Camilo Ponce son del 62%, 58% y 76%, respectivamente, según datos del Censo de Población y Vivienda de 2010, del Instituto Nacional de Estadística y Censos de Ecuador (INEC).
En Camilo Ponce Enríquez el paisaje lo dominan las camionetas con mineros que calzan botas de caucho y camisetas regaladas por algún político en campaña; mientras en Zaruma el acceso al agua potable es escaso y en Portovelo las calles son prácticamente intransitables por su mal estado.
Son retratos de la pobreza.
David Morales, morador del distrito minero Portovelo-Zaruma, afirma que la violencia y la pobreza no siempre estuvieron tan presentes.
Los pequeños mineros culpan al Acuerdo Minero decretado en 2009, que buscaba regular al sector, de haberlos desplazado en favor de las grandes concesiones.
Después de esto, algunos optaron por dedicarse a la minería ilegal. “Y con ella llegó la violencia”, dice Morales.
La minería en la ilegalidad
El Acuerdo Minero derivó en la Ley de Minería del Ecuador de 2009, en la que se tipificaba por primera vez a la minería ilegal en su artículo 56 como “las operaciones, trabajos y labores de minería en cualquiera de sus fases sin título alguno para ello o sin el permiso legal correspondiente”.
El abogado Santiago Maldonado explica que esta actividad era sancionada con el decomiso de bienes. No fue hasta 2014 cuando se la incluyó en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) como un delito con una pena de uno a tres años de prisión.
El analista en temas mineros, Miguel Parra, dice que más allá de afectar a los pequeños mineros, el Acuerdo y Ley de Minería organizó a un sector que antes estaba “inmerso en la informalidad”, lo que generaba inseguridad jurídica e impedía la inversión a gran escala en el sector.
Las acciones para que la pequeña minería sea legal están a cargo de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), pero esta entidad presenta fallas en los procesos de adjudicación de concesiones según informes de la Contraloría General del Estado.
De acuerdo con el informe DPA-0002-2019 del 17 de julio del 2019, entre octubre de 2017 y agosto de 2018, se llevaron a cabo actividades mineras en concesiones que “debían considerarse en caducidad”.
Hubo deficiencias en la inscripción, cancelación y control de contratos de operación y participación, se otorgaron concesiones mineras sin cumplir con los requisitos sobre áreas caducadas o reservadas por otros peticionarios, explica Diego Espinosa, director provincial de la Contraloría en Azuay.
‘Sableros’, peligroso oficio en auge
Todos estos vacíos alimentan, según los mineros no legalizados, la proliferación de “sableros” que es como se denomina a los mineros ilegales. Pero ellos son la última pieza de un sistema millonario y quizá la parte más precarizada.
En Zaruma y Portovelo los sableros arriesgan su vida en minas en las que no entra oxígeno. Ingresan mordiendo largas mangueras de caucho para respirar mientras buscan entre las vetas de oro. También irrumpen en concesiones legales, que aún no obtienen los permisos ambientales o administrativos del Gobierno, para robar material aurífero.
Incluso algunos “sableros” piden trabajo en empresas formales e ingieren pequeños pedazos de oro y plata para luego “procesarlos” en su organismo y quedarse con un poco del mineral.
Javier tiene 43 años y no sabe hacer otra cosa que “sablear”, pues ha trabajado en las minas desde que tenía 17 años. Era parte de una sociedad que laboraba en un sector conocido como ‘Soroche’, en la provincia de El Oro, pero tras el Acuerdo Minero el sitio en el que trabajaba fue dado en concesión a una empresa de mediana minería que los desalojó.
Dos años después del Acuerdo Minero, las sociedades de hecho (informales), que se habían formado para hacer pequeña minería, empezaron a desintegrarse, a quebrar y a desaparecer. Ahora los mineros se exponen a ser detenidos o incluso a morir en minas ilegales para obtener su sustento.
Javier recuerda que, en una ocasión, de un solo saco de material aurífero logró obtener oro por un valor de USD 1.000 millones. “Hay gente que ha comprado carros, casas, que antes no tenía nada y ahora sablean para vivir”, asegura.
Las cantidades son pequeñas: hasta USD 4.000 millones por carga procesada que se divide luego entre tres o cuatro personas. Pero juntos, esos valores pueden alcanzar cientos de miles de dólares provenientes de minería ilegal, dinero sucio que requiere ser lavado. El analista Miguel Parra afirma que, si bien la minería ilegal es una práctica normalizada en estos centros mineros, “no deja de ser un delito que atrae otros ilícitos”. Según la Fiscalía, hay procesos en contra de presuntos mineros ilegales por otro tipo de ilegalidades que incluyen estafas, robos y asesinatos.
SOBRE EL AUTOR
JOHN MACHADO
Comunicador social de la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador. Ha llevado a cabo estudios en Redacción y Diseño de Prensa en Alicante, España y de Comunicación digital en Machala, Ecuador. Ha realizado coberturas de temas políticos, Derechos Humanos y Migración. Actualmente miembro de CONNECTAS.
