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CNT: El número de trabajadores no es claro ni preciso

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Con apenas cinco días de diferencia, los documentos públicos de la empresa evidencian un posible aumento de nómina en cerca del 27%. Esto, luego de 10 meses de no registrar su distributivo de personal. Existe una denuncia por irregularidades.

OBSERVATORIO DE GASTO PÚBLICO

Al cierre de mayo pasado, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) expuso un documento en el que registró 7.599 los trabajadores en nómina, pero apenas el 26 de mayo subió a su portal otro documento que contenía un total de 5.998 trabajadores. Ambos documentos están en la sección de Transparencia de su página web, en los meses de mayo y abril 2020, respectivamente.

Con base a las cifras documentadas de la empresa, se habría contratado a 1.601 personas en solo cinco días. ¿Cuál es la confusión? Existe una tercera cifra que fue presentada por la gerente de la CNT, Martha Moncayo, el 12 de junio, durante su comparecencia ante la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional. Moncayo aseguró que la CNT mantiene 6.154 puestos y 900 personas adicionales en infocentros comunitarios que, según dijo, pertenecen a un proyecto del Ministerio de Telecomunicaciones y no de la CNT. Lo que daría 7.054 trabajadores, si sumamos ambas cifras.

En cualquiera de los casos la información no cuadra. El problema se agrava considerando que la empresa mantuvo bajo reserva los archivos del distributivo de personal desde junio de 2019, por una resolución interna.

Un año atrás, al cierre de mayo de 2019, la CNT registró un total de 7.822 trabajadores. Este es el dígito al que se llegó tras la aplicación del plan de optimización del Estado, en el que se dispuso la reducción del personal de todas las empresas públicas.

Por decisión del Ejecutivo, entre enero de 2019 y enero de 2020 hubo un recorte de funcionarios en las 22 empresas públicas del Estado. En el caso de CNT, las autoridades indicaron que pasó de tener 8.532 colaboradores, al cierre de diciembre de 2019, a 7.442 en enero de 2020. Pero esa información tampoco es visible en los archivos de la empresa, pues no existe documentación suficiente que lo avale en la sección de Transparencia.

Gráfico elaborado por el Observaorio de Gasto Público de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.

Hasta aquí, el análisis de las cifras resulta bastante confuso. Durante años, la CNT resolvió mantener en secreto la información de sus trabajadores, en clara violación lo dispuesto en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, LOTAIP. No fue sino hasta mayo de 2020 que, finalmente, sus autoridades resolvieron exponerla.

Se mantenía como “reservado” el detalle del distributivo de personal, justificados en el artículo 20 de la Ley de Empresas Públicas – LOEP, que nada dice al respecto, en la resolución N° CNT EP-GG-0023-2015 de 14 de septiembre de 2015 y en la resolución N° CNT EP-GG-0012-2017 de 31 de marzo de 2017. Únicamente era visible el total neto destinado a remuneraciones y sobresueldos.

Martha Moncayo, en su audiencia en Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea, explicó a los legisladores que en 2019, producto de la optimización, se eliminó 152 vacantes no ocupadas y se efectuaron 756 desvinculaciones o despidos, en los que estaban incluidas 24 gerencias.

De las desvinculaciones de ese año, hasta hoy no se ha liquidado a 17 personas, según dijo, porque no han entregado documentación y ocho le deben dinero a la entidad por préstamos adquiridos. “Se pagó por liquidaciones USD 1’210.000 y USD 10 millones en indemnizaciones varias”, dijo Moncayo y agregó que estas acciones produjeron un ahorro inmediato de USD 3 millones y USD 15 millones adicionales para el año siguiente (2020). “Yo se lo duro que es la desvinculación, pero las empresas tienen que seguir”, dijo a los legisladores.

Ya en este año se redujo 82 contratos de nombramiento provisional y que tenían tiempo límite, además de 31 vacantes que no fueron utilizadas en los últimos seis meses.

Denuncias por irregularidades y despidos

Moncayo no fue la única que se presentó ante la Comisión de la Asamblea. También lo hizo Julio Aguirre, representante de los trabajadores de CNT, quien aseguró que miles de trabajadores fueron afectados por los despidos. “Todos los meses se ha despedido gente de CNT. Si ya se cumplió con la reducción del 10% (dispuesta en el plan de optimización del Gobierno), ¿por qué se sigue sacando gente?”, manifestó.

“¿Bajo qué parámetros se evalúa el personal? Han salido personas con excelente desempeño y capacidades. Actualmente hay oficinas de contact center, instalaciones con tecnología de punta, adecuadas para su funcionamiento, completamente abandonadas. Eso es dinero mío, suyo, de todos los ecuatorianos y están abandonadas”, agregó.

El testimonio de Carlos Pilco, un ex trabajador de CNT, también se puso sobre la mesa de la comisión legislativa dejando más dudas en el aire. Pilco fue separado de la institución tras 11 años de prestar sus servicios y denunció que su desvinculación se realizó por influencia de un líder sindical que estaría involucrado en un contrato con sobreprecio, en contubernio con otros funcionarios de CNT. “También recibí amenazas vía telefónica, en las que amenazaron mi integridad si los denunciaba”. “Este líder sindical, por influencia con las autoridades de turno, consigue puestos para sus familiares y personas allegadas”, dijo Pilco sin dar ningún nombre.

El ex trabajador explicó que la CNT despedía personal “armando listados” con las autoridades, “en vez de contratar una empresa especializada para la evaluación profesional de las funciones y perfiles de los administradores”.

Por su parte, denunció que fue despedido 15 de abril de 2019 pese a tener una evaluación de 95 sobre 100. La razón, asegura, fue no autorizar un contrato con sobreprecio. “Por mis funciones de fiscalizador, pasaban por mis manos contratos que debía verificar y firmar para que procedan. No accedí y por eso estoy desempleado”. “La dirigencia sindical es cómplice de los despidos y las autoridades no hacen nada existiendo denuncias de irregularidades”, aseguró. Pilco aseguró que se presentaron denuncias en las diferentes entidades de control y también en la EMCO, pero en esta última le respondieron que no podrían actuar.

 “Soy parte los trabajadores que fueron desvinculados al no ser parte del grupo que maneja la CNT Guayas y es responsable de las irregularidades en la CNT”, manifestó.

Ante esto, Moncayo se limitó a indicar que Pilco deberá comprobar su denuncia de forma documentada ante las entidades de control y ofreció a los asambleístas enviar documentación adicional que explique el proceso de optimización de trabajadores en la CNT. Queda pendiente saber exactamente con cuántos trabajadores cuenta la institución y la administración de los recursos que ha destinado mes a mes para el pago de personal en años anteriores.

Cuando un trabajador de una institución o empresa pública es desvinculado, en función de la modalidad contractual, puede tener derecho a una indemnización que se paga con recursos públicos que nos pertenecen a todos los ciudadanos.

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