La extorsión reconfiguró la vida cotidiana en el cantón ferroviario. Donde antes los vecinos compartían la calle sin reparos, hoy se encierran y desconfían hasta del vendedor de frutas. InSight Crime recoge esta historia en el estreno de la segunda temporada de su pódcast, con el episodio “Una casa marcada”, que retrata la extorsión en Durán, la ciudad costera convertida en uno de los epicentros de la violencia criminal en la región.

REDACCIÓN TIERRA DE NADIE

Pasada la una de la madrugada, una motocicleta rompe el silencio de una calle residencial en Durán. Dos hombres vestidos de negro se detienen frente a una vivienda de dos plantas. El de atrás saca un arma y dispara cinco veces contra el portón. Nadie sale a mirar. En esa ciudad de la costa ecuatoriana, los disparos nocturnos dejaron de sorprender a nadie hace tiempo.

La escena, registrada por una cámara de seguridad doméstica, resume el deterioro de un cantón que años atrás fue conocido como un centro estratégico del del comercio costero en Ecuador. Durán, conocida como la ciudad ferroviaria, pasó a encabezar las estadísticas de violencia en Ecuador y a figurar entre los territorios más peligrosos del mundo.

El origen de esa transformación se remonta a los años noventa, cuando la oferta de vivienda barata atrajo a miles de familias que buscaban trabajo cerca de Guayaquil, la ciudad portuaria vecina, separada de Durán apenas por un río y varios puentes. El crecimiento urbano superó la capacidad del gobierno local. Barrios enteros se expandieron sin planificación, muchos sin acceso regular a electricidad ni agua potable, con escuelas saturadas y escasez de empleo.

En ese vacío estatal surgieron pandillas pequeñas que ofrecían a los jóvenes sentido de pertenencia, ingresos y respaldo frente a las carencias del barrio. La llegada del narcotráfico transformó ese entramado local en una economía criminal de otra escala. Las bodegas industriales y los barrios de difícil acceso convirtieron a Durán en punto de acopio para la cocaína proveniente de Colombia, que después se trasladaba a los puertos de Guayaquil con destino a Estados Unidos y Europa.

Según describe Steven Dudley, director de InSight Crime, dos estructuras criminales terminaron por disputarse ese territorio: Los Latin Kings, que combinan retórica de comunidad y familia con actividades de microtráfico, y Los Choneros Killers, un grupo más violento surgido de esa misma disputa. El enfrentamiento entre ambas organizaciones, hoy trabajando también al servicio de redes narcotraficantes, disparó los homicidios en el cantón: de 11 asesinatos registrados en 2017 a 461 en 2023, de acuerdo con datos difundidos por InSight Crime en el episodio “Una casa marcada”.

Sobre esa base de violencia territorial se montó un negocio adicional, la extorsión, conocida en Ecuador como vacuna. Ese fue el caso de una pareja identificada bajo los nombres ficticios de Andrés y Juliana, dueños de un pequeño negocio de distribución en Durán, cuyo testimonio permite reconstruir cómo opera el mecanismo de cobro y amedrentamiento.

Todo comenzó con un abordaje directo. Un hombre en moto se acercó a Juliana durante una entrega y le advirtió que debía pagar vacuna. Ella logró aplazar el pago alegando que era nueva en el negocio, pero el episodio marcó el inicio de una vigilancia constante. Vehículos desconocidos merodeando la vivienda, presuntos vendedores ambulantes que en realidad monitoreaban a la familia, cambios forzados en los horarios laborales para evitar exponerse de noche.

Este caso es documentado y relatado por la periodista de investigación ecuatoriana Alina Manrique. Ella cuenta que la familia instaló cámaras de seguridad y restringió su vida social. Dejaron de recibir visitas y de conversar con vecinos en la calle. En diciembre de 2023, un mensaje de WhatsApp elevó la presión, exigía dinero, aseguraba que la policía local estaba bajo control de la organización y advertía sobre la seguridad de los hijos de la pareja. Andrés y Juliana bloquearon el número, con la esperanza de que la amenaza no se concretara.

Una semana después llegó la respuesta armada, los cinco disparos contra la puerta principal. Al día siguiente, nuevos mensajes fijaron un monto inicial de USD 5.000, que tras negociaciones bajó a USD 2.000. La cifra seguía siendo inalcanzable para el negocio familiar.

La salida llegó por una vía informal. Un conocido de Andrés, que pagaba extorsiones a Los Choneros Killers por sus propios negocios, contactó al entonces líder de la organización, identificado como Benjamín Camacho, alias Ben 10. Horas después, el tono de los mensajes cambió por completo…

Esta es apenas una parte de la historia de Andrés y Juliana. En “Una casa marcada”, el nuevo episodio del pódcast de InSight Crime, se puede escuchar el relato completo de la familia, incluidas las negociaciones directas con la organización criminal y el desenlace que terminó por definir su forma de vivir en Durán.

Un patrón criminal identificado

El episodio del pódcast de InSight Crime ilustra un patrón: las estructuras criminales que operan la extorsión rara vez son completamente cohesionadas, y las decisiones de sus mandos intermedios no siempre son conocidas o avaladas por el resto de la organización.

La muerte de Ben 10 abrió un vacío de poder que derivó en un nuevo repunte de homicidios y extorsiones en 2025. Sin ese liderazgo que, según los propios afectados, funcionaba como una suerte de garante informal, la violencia se intensificó en todo el cantón.

Ese control armado del territorio no se limita a la extorsión directa a negocios como el de Andrés y Juliana. Una investigación de la Unidad de Investigación Tierra de Nadie reveló que en Durán operan grupos armados que se toman terrenos por la fuerza y luego los revenden de forma clandestina, en fracciones que van de USD 3.000 a 6.000 o más. Cada lote puede cambiar de dueño varias veces bajo esa lógica. Así, la ciudad crece de manera irregular, fuera del alcance de cualquier control estatal u obra pública.

La expansión sin planificación alimenta el otro problema estructural del cantón, la falta de agua potable. Menos de una quinta parte de los hogares de Durán tiene acceso a la red pública, según la misma investigación. Esa carencia convirtió a las asociaciones de camiones cisterna en un negocio indispensable para cerca del 70% de la población. La opacidad en el manejo la empresa pública de agua local y el sobreendeudamiento acumulado por administraciones anteriores dejaron ese servicio básico en manos de un sistema paralelo, difícil de fiscalizar.

La investigación documentó además que dos de las tres asociaciones de tanqueros que operan en el cantón están vinculadas entre sí y mantienen relación societaria con empresas contratistas municipales. Ese cruce abre la puerta a conflictos de interés en la distribución de un servicio del que depende gran parte de la ciudad.

La disputa por la tierra terminó por infiltrarse en el propio municipio, con bandas vinculadas al narcotráfico incidiendo en procesos de legalización de predios. Ahí, la irregularidad en la tenencia de tierras se convirtió en otra moneda de cambio entre mafias, funcionarios y políticos.

Así, el tejido vecinal que alguna vez sostuvo la vida cotidiana en Durán, la confianza básica entre quienes comparten una cuadra, se disolvió bajo el peso de la vigilancia constante y el silencio impuesto por el miedo.