La minería ilegal en la provincia de Napo y la ineficiencia estatal para controlarlo y para garantizar oportunidades laborales lícitas a su población fortalecen el reclutamiento de adolescentes indígenas kichwas por parte del grupo criminal Los Lobos. La mayoría son jóvenes víctimas de alcoholismo y violencia en su entorno familiar. La pobreza multidimensional alcanzó el 83,5 % en 2025 en esta provincia. Sin embargo, la Fiscalía no registra casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en Napo.
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Pablo* (nombre protegido) nació en octubre del 2004, en el extinto hospital del Vicariato Apostólico de Napo Stadler Richter, un establecimiento que estuvo regentado por las madres Doroteas en la pequeña ciudad de Archidona, perteneciente al cantón Tena, la capital de la provincia.
Sus padres se dedicaban a trabajar la tierra en la parcela de sus abuelos, en la comunidad kichwa de Sindy, ubicada en la parroquia Puerto Napo. El terreno estaba a tres km de Atahualpa y a 18 km de Tena, por la vía pavimentada que lleva a la localidad de Ahuano. Las aguas de los ríos Napo y Anzu riegan toda esta tierra. A esas playas iba Pablo de vez en cuando, junto con su familia, para lavar oro con canalón artesanal.
Para lavar oro según la tradición ancestral, los lugareños construyen un cajón rectangular de madera de algo más de un metro de largo por veinticinco centímetros de ancho y similar altura. Lo ubican en la orilla del río, ligeramente inclinado, para que la gravedad haga su trabajo dentro del canalón. Se sirven de picos y palas para llenar baldes con el material pétreo y después lo depositan en la parte elevada del cajón. Mientras tanto, otros miembros de la familia vacían cubetas de agua para lavar ese material. Así separan las piedras y la arena fina queda contenida en un paño grueso ajustado en el borde inferior del canalón. Al final, el contenido del paño se deposita en una cubeta que contiene una mínima cantidad de agua. Lo pasan a la batea de madera y con sutiles movimientos circulares extraen el oro.
Depender de esta precaria actividad de supervivencia obligó a los miembros de la familia de Pablo a trasladarse constantemente a otros cantones de la provincia de Napo como Archidona, Quijos y Chaco, en busca de trabajos de limpieza de chacras y potreros. Había que conseguir más ingresos para cubrir las necesidades familiares. Pablo recuerda que acompañaba a su padre a pescar bagres en el río Napo desde los seis años. “Primero pescábamos bocachicos para usar de carnada y botar trampas en las pozas del río”, cuenta.
Pero en noviembre de 2017, cuando Pablo tenía 13 años, esa rutina se interrumpió. Durante una fiesta familiar, su tío y su cuñado −en completo estado de embriaguez− agredieron a su padre. En medio de la desigual pelea, Pablo tomó una piedra y golpeó a su tío en la cabeza. El hombre cayó pesadamente y enseguida, un charco de sangre se formó en el piso. Asustado, pensando que lo había matado, Pablo huyó de la casa. “Caminé toda la noche hasta llegar a Tena. Dormí en una banca de la terminal terrestre… quería llegar a Cotundo, donde mi abuelita”, recuerda hoy, a sus 22 años.
Sin dinero, el muchacho deambuló durante días y tuvo que hurgar en los depósitos de basura en busca de comida. Las sobras del mercado saciaban su hambre mientras estuvo en esas condiciones. Hasta que junto a dos amigos que conoció en la calle, por fin consiguió un ingreso a cambio de barrer durante las mañanas las veredas de los bares que rodean la terminal de buses.
Pasados algunos meses supo por fin que no había matado a nadie. Que no era un asesino. Así que regresó a casa. Pero Pablo ya había saboreado una engañosa sensación de libertad en las calles, de modo que a la primera oportunidad escapó nuevamente hacia Tena, donde se reencontró con sus amigos. “Con ellos empecé a fumar marihuana y a oler cemento de contacto; robábamos cacao, gallinas, tanques de gas. Pasábamos solo borrachos”, relata hoy, dando a esas experiencias cierto aire de hazañas. Su refugio para consumir y para pasar las noches era una casucha del barrio San Antonio, abandonada por un pariente de uno de sus amigos.
En 2021, a los 17 años, Pablo conoció en un bar de Tena a un líder del grupo criminal Los Lobos quien –según cuenta– hoy está preso por asesinato. “Primero nos ofreció veinte dólares por cuidar unos tanques con gasolina y después nos llevó a Shandia a cuidar unas retroexcavadoras… nos llevaba buena comida en tarrinas −rememora−, desde entonces ya empecé a trabajar… a comprar ropa”.
Shandia es una comunidad kichwa de la parroquia Talag −también del cantón Tena. Sus habitantes viven del turismo comunitario, pero enfrentan la amenaza de la minería ilegal y de la avanzada de grupos armados. Está a varios kilómetros río arriba de Yutzupino, el área minera ilegal donde el 13 de febrero de 2022 se ejecutó el operativo militar y policial Manatí, que obligó a los mineros a adentrarse en las cabeceras del río Jatunyacu, afluente del gran río Napo. Fuentes de la zona confiesan que los negocios turísticos junto a ese río corren el riesgo de desaparecer debido a la contaminación provocada por la minería y al miedo que siembran los hombres armados que vigilan las bocaminas. El operativo de hace cuatro años no contuvo la presencia criminal ni la redujo siquiera.
Hoy Pablo convive con María*, una joven de 19 años. Él forma parte de un grupo de ‘vigilantes’ motorizados que alertan a sus jefes cuando hay algún indicio de presencia policial o militar. Es lo que todos en la zona llaman un ‘campanero’. Por las noches o en sus días libres, evoca su niñez lavando oro con batea en los sitios donde durante el día los mineros ilegales explotan el mineral con dragas, a ojos de todos los habitantes de la zona. Pablo sueña con instalar dos mesas de billar en la pequeña comunidad Nueva Jerusalén, en el sector Costa Azul, a treinta minutos de Tena. No le preocupa el daño ambiental. Lo que le inquieta es el ruido que generan los rines de su vieja motocicleta, un armatoste que recibió en pago por cumplir esas ‘rondas’ de vigilancia en Shandia.
Pablo asegura que lo que tiene entre sus manos es una oportunidad. No se siente explotado ni se considera víctima de los mineros. “Ellos nos dan trabajo, nomás”, suelta, despreocupado.
Según el Censo de Población y Vivienda 2022, Napo cuenta con 131.675 habitantes. De ellos, 85.528 (65,0%) se autoidentifican como indígenas y 42.812 (32,5%) como mestizos. El resto (2,5%) se reconoce perteneciente a otros grupos étnicos: afroecuatorianos, blancos, montubios. Aproximadamente el 37% corresponde a jóvenes indígenas y el 35% a jóvenes mestizos.
En ese contexto provincial, un informe de la Unidad Nacional de Investigación y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), elaborado en mayo de 2026, registra 57 adolescentes aprehendidos o privados de libertad en Napo entre enero de 2025 y abril de 2026. El 86 % son varones.
El distrito Tena, que incluye a Archidona, es el área con mayor incidencia delictiva juvenil en la provincia de Napo.
Sin embargo, la Unidad no encontró registros de casos tipificados como reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por grupos de delincuencia organizada. La ausencia de estadísticas o denuncias −cita el documento− no descarta la posible ocurrencia de hechos que deban ser investigados. La Fiscalía General del Estado confirmó que tampoco existen en sus registros denuncias bajo ese tipo penal en esa provincia.
En contraste, esta institución informó que en 2025 se registraron 16 noticias del delito relacionadas con el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes a escala nacional, mientras que entre enero y abril de 2026 se contabilizaron otras 13, sumando un total de 29 en el periodo analizado.
Esa ausencia de registros no tiene relación aparente con las alertas conocidas por la Defensoría del Pueblo. Andrés Rojas, delegado provincial en Napo de la máxima entidad de defensa de los Derechos Humanos en el país, sostiene que la institución sí ha recibido información sobre adolescentes incorporados a grupos delictivos. “Hemos identificado que existe ya la presencia de grupos de delincuencia organizada llevándoselos a sus filas para, de alguna forma, tener esta ‘carne de cañón’, un término mal utilizado −explica−, pero que refleja la realidad de lo que está pasando con nuestros niños, niñas y adolescentes
Rojas detalla que solo en lo que va de 2026, han reportado tres casos de este tipo en diferentes parroquias rurales del cantón Tena, entre ellas Misahuallí, Chonta Punta y Talag. “Nosotros vemos cómo funciona esta mafia. Hoy hay una estructura delincuencial que corrompe instituciones y que corrompe a la fuerza policial”, añadió.
Según el defensor, el reclutamiento no comienza necesariamente con amenazas o violencia. Estas estructuras delictivas aprovechan la pobreza, la falta de oportunidades y las necesidades económicas de las familias para introducirse en las comunidades y ganarse la confianza de los adolescentes. “Entonces, si hay una persona que le pone el pan en su mesa, no interesa si es legal o ilegal”.
En ese escenario −explica− ofrecerles dinero, una motocicleta o un teléfono celular se convierte en el primer anzuelo. La oferta puede parecer sencilla: cien dólares a cambio de trasladar un paquete de drogas desde Tena hasta Archidona –un trayecto de menos de diez minutos en auto–, o desde Archidona hacia Baeza –un recorrido de cerca de dos horas. Sin embargo, ese primer encargo vinculado al microtráfico marca el inicio de un proceso progresivo de vinculación con las estructuras delictivas del que pocas veces alguien puede escapar.
“Le dicen al chico de 15 o 16 años: ‘mira, yo te pago 100 dólares, yo te compro una moto, yo te doy un celular. Solo tienes que llevar este paquete (con marihuana o cocaína)’, y empiezan a asumir este rol de ‘fameritos’, que es como se les conoce”.
Los fameritos, de robar bicicletas a servir a Los Lobos
Un agente investigador de la Policía Nacional, quien por seguridad pidió proteger su identidad, precisó que hace aproximadamente 15 años –entre el 2010 y el 2011– una persona dedicada a controlar el tráfico de drogas en Archidona comenzó a reclutar a adolescentes de entre 13 y 15 años ofreciéndoles regalos y una suerte de prestigio callejero. “Les querían hacer famosos a estos muchachos, de ahí se desprende esta situación de que son fameritos”, explicó.
La referencia pública más antigua a los fameritos aparece en una noticia del semanario amazónico El Observador, fechada el 8 de octubre de 2021. El medio informó sobre la presencia de un grupo de adolescentes −hombres y mujeres− de entre 12 y 16 años, identificados en Archidona con este apelativo alusivo a una supuesta fama callejera. Según el rotativo, se reunían en el parque central de esa población y se desplazaban hacia comunidades rurales, donde presuntamente buscaban atraer a otros adolescentes –casi siempre kichwas– al consumo de alcohol y drogas, y a cometer delitos.
El reporte señala que alrededor de 30 adolescentes habían llegado por esos días a la comunidad San José, de la parroquia San Pablo. Ante el temor de que otros jóvenes fueran captados, los pobladores se organizaron para localizarlos. Cinco adolescentes fueron retenidos y sometidos a un procedimiento de justicia indígena que incluyó amonestaciones, ortiga y la aplicación de ají en los ojos, conforme a la tradición indígena local. José Licuy, entonces presidente de la comunidad, sostuvo que lo hicieron de esa manera considerando que los involucrados eran todavía menores de edad.
La justicia indígena es un sistema comunitario de resolución de conflictos reconocido en los territorios ancestrales y aceptado también a nivel constitucional en Ecuador. Ernesto Tanguila, dirigente indígena, explica que su finalidad es corregir conductas, restaurar la convivencia y promover la reflexión, mediante procedimientos acordes con la edad y la gravedad de cada caso. También advierte que estas prácticas deben respetar los derechos fundamentales y no apartarse de los principios comunitarios que las sustentan.
El agente policial reconoció que el microtráfico de drogas en Napo es un mal arraigado y de larga data. “Hace unos 15 o 16 años, esos traficantes comenzaron a inducir [a los adolescentes] a adicción, comenzaron a regalar droga a jóvenes callejizados, en su mayoría indígenas”, explicó y añadió que el incremento del consumo de alcohol en las comunidades kichwas, asociado a la presión por la expansión de la minería ilegal de oro, hizo que muchos padres descuidaran a sus hijos y los entregaran a la calle.
Aunque los primeros delitos que se registraban en Napo fueron menores y fáciles de contener, con el paso de los años los jóvenes kichwas “comenzaron prácticamente a convivir con delincuentes que venían desde Ambato o de la costa, y que comenzaron a enseñarles las malas mañas, digamos así, a la gente indígena, y los jóvenes vieron que era una vida fácil: meterse a las casas, robarse gallinas, robarse bicicletas, cosas pequeñas, pero después ya comenzaron a evolucionar su sistema de delincuencia, porque empezaron a estruchar las casas, a destruir paredes, y luego ya pasaron a los asaltos con arma blanca”.
El agente confirma que actualmente, un grupo de entre 30 y 40 fameritos de entre 14 y 17 años actúan principalmente en Archidona, bajo instrucciones directas de la banda criminal Los Lobos. Ahora se dedican a robar motocicletas, a la distribución de drogas y a la vigilancia de los sitios donde operan los mineros ilegales, en asociación con ese grupo delincuencial armado que, asegura, “ya domina el 100% del territorio de la provincia”.
El sacerdote José Yanangómez, párroco de Cotundo y especialista en rehabilitación de conductas adictivas, amplía el rango de edades. Su descripción habla de niños y adolescentes de entre 10 y 17 años que viven en las calles de Archidona o se desplazan por comunidades indígenas de la zona. Según explica el religioso, varios de ellos han sido expulsados de sus hogares o provienen de familias afectadas por el alto consumo de alcohol que se registra en la provincia, por la ausencia de uno o de ambos padres, por conflictos frecuentes dentro del entorno familiar y por falta de acompañamiento.
A partir de su trabajo comunitario, Yanangómez confirma que ha conocido casos de adolescentes que consumen alcohol o marihuana en esos contextos familiares. Sin embargo, no existe un estudio que permita establecer cuántos jóvenes atraviesan esta situación ni determinar cuánto se ha extendido el fenómeno.
Los fameritos actualmente cometen actos que al agente policial le despiertan una preocupación particular pues trascienden al microtráfico: “Estos grupos delictivos también les están ocupando para que hagan un centro de acopio de armas. Ellos [los fameritos] esconden las armas, entierran las armas, y solamente las sacan cuando las van a utilizar, ahí las entregan a los que van a hacer –como ellos dicen–, las ‘vueltas’”, es decir, los asesinatos.
“Estos fameritos –continúa el policía– comenzaron inclusive a buscar a las chicas de 13, 14, 15 años, a sacarles de las comunidades, a darles dinero, teléfonos, con el único fin de sacarles acá a la ciudad; ellas comenzaron a circular con ellos y ellos mismos les entregan como prostitutas, les buscan clientes que oscilan entre los 50, 60, 65 años y les hacen pagarles entre 20, 25, 30 dólares para estar con estas muchachas. Los que dirigen a los fameritos se encargan de recoger el dinero y se unen con lo que es la compra de todas estas sustancias estupefacientes”.
Lo que el Estado cede al crimen organizado
Josué* y Alex* −dos primos que se identifican como fameritos− deambulan en las calles cercanas a la terminal terrestre de Archidona.
Josué tiene 17 años y vive en algún punto de la vía Cotundo–Narupa. Quedó huérfano de padre a los 13 años, junto con sus dos hermanos, que entonces tenían 10 y seis años, respectivamente. Tiempo después, su madre consiguió una nueva pareja y se trasladó con el menor de los niños a una comunidad ubicada en la vía que conduce a Francisco de Orellana (Coca). A Josué y a su otro hermano los dejó abandonados y luego ellos también se separaron entre sí. “Yo vivo solo, nomás; mi hermano Kevin* se fue a vivir con un tío y atiende una tienda de víveres”, dice.
A Josué le gustaría entrar al Ejército, pero no tiene el dinero para pagar la preparación que considera necesaria. También reconoce que ha pensado en ser parte de un grupo criminal. “Por mi cabeza sí ha pasado eso, pero no −duda–, es medio complicado”.
Alex vivía en la comunidad de Shigua-urcu, situada a unos 10 kilómetros de Yutzupino. Su madre murió en 2023 a causa de un cáncer y después de esa pérdida –cuenta−, su padre comenzó a beber alcohol con frecuencia. Por eso Alex se marchó a Archidona para vivir con su abuela. “Hoy trabajo para mantenerme solo y ojalá pudiera ir a la universidad”.
Wendy*, tía de ambos, teme que la falta de dinero los exponga a las ofertas de los grupos criminales. “Ellos van inclinándose hacia allá porque ven un dinero que viene con menos esfuerzo y podrían caer en esa situación”, advierte con angustia.
Por ahora, Josué y Alex trabajan como agricultores a cambio de jornales de entre cinco y 10 dólares. De manera ocasional guían recorridos en un centro turístico comunitario, donde reciben 15 dólares por jornadas de tres o cuatro horas, o limpian las chacras de algunos amigos y familiares “solo por la comida”.
La falta de oportunidades para los jóvenes en Napo no explica por sí sola el reclutamiento, pero crea condiciones. A esos niños y adolescentes “les dotan de radios y motocicletas para que hagan vigilancia”, confirmó José Moreno, integrante del colectivo Napo Ama la Vida. Según este reconocido activista, alrededor de algunos frentes mineros se han formado ya anillos de seguridad integrados por guardias armados y vigilantes ubicados en los accesos a las comunidades. Su tarea consiste en registrar vehículos, tomar fotografías y advertir sobre el ingreso de la Policía o de las Fuerzas Armadas.
Moreno recuerda un episodio ocurrido entre 2022 y 2023, durante una reunión comunitaria en un establecimiento educativo de Chontapunta, que tenía lugar mientras mineros ilegales intentaban ingresar a un río de la zona. Al finalizar el encuentro, una profesora pidió a varios asistentes que no hablaran fuera del plantel sobre la presencia de grupos armados, pues varios estudiantes se identificaban con estructuras de Los Lobos, que estaban ya operando en la provincia de Orellana y en la ciudad de Tena. “Donde tú vayas, están vigilando. En las partes altas se ve a grupos de jóvenes en motos, con casco, radios y teléfonos, fotografiando a quienes ingresan”, relata y asegura que la presencia de personas armadas y redes de vigilancia se ha incrementado en los últimos cuatro años.
El testimonio de Moreno describe una dinámica de vigilancia territorial que ocurre en un contexto nacional marcado por la expansión del crimen organizado y la ineficacia del gobierno en cuanto a sus políticas de seguridad. El Decreto Ejecutivo 111 de 2024 identificó a 22 agrupaciones del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes, entre ellas Los Lobos, Los Choneros y Los Fatales.
Después de menos de un año, el Decreto Ejecutivo 632 de 2025 reconoció como grupos armados organizados a Comandos de la Frontera, el Frente Oliver Sinisterra y las Disidencias Comuneros del Sur. El documento recoge información de inteligencia y datos de operaciones militares relacionadas con estas estructuras, aunque su contenido no establece por sí solo una relación directa con el reclutamiento de adolescentes en Napo.
El agente de policía que declaró bajo anonimato para esta investigación explicó que en Napo se instauró el sistema de ‘vacunas’ o extorsiones a los pequeños mineros cuando operaban y se disputaban territorios dos bandas criminales: Los Lobos y Los Choneros. “A cada minero le cobraban 10 mil dólares mensuales y como aquí había como unos treinta o cuarenta frentes mineros, estamos hablando que recibían 300 mil dólares sentados, solo yendo a cobrar”, detalló el policía. Sin embargo, añadió que con el paso de los últimos tres años, las dinámicas criminales se han fortalecido y quienes dominan todos los territorios de Napo son Los Lobos. “Ahorita prácticamente estas empresas mineras ya se manejan en otros sistemas: directamente como financistas de estos grupos delictivos”.
Para Andrés Rojas, el defensor del Pueblo de Napo, el reclutamiento demanda una política de Estado que garantice educación, salud y oportunidades en los territorios. “Lastimosamente, el crimen organizado hoy por hoy es el que más oportunidades está creando para ganarse la vida; para que sea tan fácil que un niño esté involucrado en un grupo de delincuencia organizada, ya sea para microtráfico, sicariato, como campanero o en cualquier otra función, es que como Estado estamos fallando”, sostiene.
Según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu) Anual 2025, del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Napo registró una pobreza multidimensional del 83,5 % en 2025. Ese indicador mide privaciones relacionadas con educación, salud, trabajo, vivienda y servicios básicos. En el mismo periodo, la provincia reflejó una tasa de empleo adecuado del 11,9 % y de subempleo del 25,3 %.
Rojas dice que algunos jóvenes que rechazan acercamientos de grupos delictivos quedan expuestos a amenazas. Varias familias −añade− han acudido a la institución para solicitar alternativas que permitan a sus hijos continuar sus estudios bajo medidas especiales.
Ante estos casos, explica que la Defensoría del Pueblo coordina mesas de trabajo con la Policía Nacional y las entidades educativas. “Cuando un niño pide auxilio no podemos dudar de lo que está diciendo”, aclara.
Para Rojas, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes no puede abordarse únicamente como un problema de seguridad. Cualquier respuesta estatal debe partir del principio del interés superior del niño −añade−, reconocido en los artículos 44 y 45 de la Constitución. A su criterio, las decisiones públicas todavía se construyen desde una visión adulta y no desde las necesidades de la niñez y la adolescencia. “Usted recorra la avenida 15 de Noviembre [principal arteria vial de la ciudad de Tena] y va a ver cuántos niños están pidiendo dinero en la calle −ejemplifica−, no hay una sola política pública encaminada a fortalecer la niñez y la adolescencia. ¡No hay una sola!”, exclama.
El informe de la Dinapen subraya que la captación de menores por estructuras delictivas se desarrolla en contextos atravesados por pobreza, exclusión social, deserción escolar, violencia intrafamiliar, economías ilícitas y una limitada presencia institucional. Todos estos aspectos son parte de la realidad de Napo.
En Ecuador, el artículo 369.1 del Código Orgánico Integral Penal sanciona con penas de diez a trece años a quien reclute o enliste a menores de edad para cometer delitos. La pena aumenta cuando la captación está vinculada con delincuencia organizada, tráfico de drogas, delitos contra la vida, extorsión, robo, sicariato u otras infracciones graves.
Los relatos recogidos en Tena y Archidona muestran la alarmante distancia entre los registros oficiales, las acciones gubernamentales y lo que describen niños, niñas, adolescentes, familias y otros actores desde su propio territorio: ofertas de dinero ante las necesidades básicas insatisfechas; motocicletas, celulares y otros regalos que se traducen en un sentido de pertenencia y estatus efímero; trabajos de vigilancia a delincuentes que suponen un alto riesgo para la vida y que implican el involucramiento con grupos criminales y economías ilegales; prostitución adolescente y encaletamiento de armas.
Las escasas cifras con que trabaja el Estado dan cuenta de delitos aislados, pero no llaman la atención sobre un fenómeno profundamente complejo y en veloz crecimiento: el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en Napo alimenta al crimen y arrebata el presente y el futuro de toda una generación.
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Este trabajo se realizó en el marco de la beca de investigación periodística de la Red Dialoga de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Programa Estado de Derecho para América Latina de la Fundación Konrad Adenauer. Todos los nombres de las fuentes que compartieron sus testimonios para esta publicación han sido protegidos por su seguridad.
