Un informe de la Fundación Periodistas Sin Cadenas documenta cómo la presidencia de Daniel Noboa desplegó una estrategia deliberada para limitar el escrutinio periodístico: vocerías controladas, espionaje en chats de prensa, sanciones a medios comunitarios y más de USD 26,5 millones en publicidad estatal.
REDACCIÓN TIERRA DE NADIE
Ecuador figura entre los tres países que más retrocedieron en libertad de prensa en el mundo durante 2025. Según el Ranking Mundial de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras, el país perdió 31 posiciones y pasó al puesto 125, cuando en 2022 ocupaba el 68. Un informe de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), publicado el 1 de junio de 2026 con el respaldo de Reporteros Sin Fronteras y en alianza con los medios Tierra de Nadie, Plan V, La Barra Espaciadora e Indómita, identifica los mecanismos concretos que explican ese deterioro: el mecanismo no opera mediante censura abierta ni rupturas institucionales, sino a través de una arquitectura de control que el gobierno de Daniel Noboa fue construyendo desde noviembre de 2023 con espionaje en chats de prensa, vocerías controladas y publicidad estatal que superó los USD 26,5 millones.
Esa arquitectura opera en varios niveles simultáneos. El primero es la gestión deliberada de la imagen presidencial. Dos asesores del gobierno, entrevistados bajo reserva de identidad para el informe, describieron una lógica cuyo principio central es la ausencia calculada del presidente en momentos negativos, para que la opinión pública no lo asocie con ellos. Las vocerías de hechos con costo político se delegan a ministros o figuras sustituibles. “Lo positivo se personifica en el presidente y lo negativo no; entonces son los ministros los que dan la noticia”, dijo uno de los asesores. El mismo informante señaló que la estrategia incluye no responder públicamente ante escándalos para evitar que el debate se extienda: “Si pasa algo y el presidente sale a hablar, los medios primero se enfocan en el hecho negativo, luego en lo que el presidente dijo… así el asunto se extiende”.
Esa maniobra se observó en el caso de los cuatro niños de Las Malvinas, interceptados por una patrulla militar, desaparecidos y asesinados, ante lo cual Noboa no se pronunció. También se aplicó en los escándalos de los contratos para generación eléctrica con Progen y el acuerdo fallido con la empresa estadounidense Healthbird para desarrollar un sistema de gestión de citas en el IESS. En ambos casos, los voceros fueron la exministra de Energía Inés Manzano y el secretario de Integridad José Julio Neira. Noboa solo se refirió a Progen el 21 de mayo de 2026, a tres días de rendir su Informe a la Nación y en medio de fuertes cuestionamientos al manejo judicial del caso: “Que se vayan presos los culpables, basado en las acusaciones de Fiscalía e informes de Contraloría, no los que la oposición desesperada quiere culpar. Pelearemos hasta el final por recuperar hasta el último dólar”, escribió.
En agosto de 2025, una revisión de grupos de WhatsApp de periodistas detectó a un sargento de la Policía Nacional infiltrado en al menos 17 chats usados para coordinar coberturas. Otros dos agentes habían ingresado también presentándose como periodistas. La existencia de una estructura de seguimiento encubierto con seudónimos y un chat operativo llamado “Asadero del cuy” —desde el cual se coordinaban seguimientos a líderes sociales y figuras públicas— quedó documentada en testimonios recogidos en una audiencia de justicia indígena. El Gobierno descalificó las evidencias alegando que provenían de teléfonos incautados sin procedimiento formal.
Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, Noboa concedió 46 entrevistas, según un reporte de Ecuavisa. Casi la mitad fueron en radios locales de alcance reducido —Quevedo, Machala, Esmeraldas, Cuenca, Guayaquil— donde los temas se ajustan con facilidad a la agenda del Ejecutivo. Un ejemplo lo ilustra con precisión: el 17 de septiembre de 2025, en plenas protestas por el agua en Azuay y por el incremento del precio de los combustibles, el presidente eligió una cabina radial en Machala, perteneciente a un medio con 456 suscriptores en YouTube y poco más de 21.000 seguidores en Facebook. Habló durante 46 minutos, defendió la eliminación del subsidio y expuso la decisión como irreversible. Horas más tarde, esas declaraciones ya aparecían en los noticieros nacionales.
El resto de sus apariciones fueron en medios internacionales —CNN, BBC, Telemadrid— elegidos por su alcance y el reducido margen de repregunta sobre la coyuntura interna. Un segundo asesor confirmó la lógica: “No todos los ministros tienen vocería. Incluso algunos solo tienen autorizado dar entrevistas en medios locales. La lectura interna es que, de esa forma, evitan preguntas incómodas”. ¿Por qué enfocarse en medios locales? “Porque no suelen golpear al Gobierno. Y, siendo pragmáticos, son medios con muy pocos recursos. Tienen limitaciones financieras fuertes, pero también un alcance interesante dentro de sus comunidades”, respondió la fuente.
DESCARGA EL INFORME COMPLETO: “Un cerrojo informativo para el blindaje presidencial”. Fundación Periodistas Sin Cadenas, con el respaldo de Reporteros Sin Fronteras y en alianza con Tierra de Nadie, Plan V, La Barra Espaciadora e Indómita. Junio de 2026.
El 2 de junio de 2025, la Presidencia instaló un espacio formal de vocería en el Palacio de Carondelet con ruedas de prensa semanales, encabezadas por Carolina Jaramillo. Las reglas eran estrictas desde el inicio: solo se respondían preguntas sobre los temas anunciados para cada sesión y cada periodista podía formular una sola. El presidente nunca asistió. Cuando el 6 de octubre, en plenas protestas sociales, Jaramillo abandonó la sala tras 17 minutos y cinco preguntas sin pronunciarse sobre la muerte de un manifestante indígena, y cuando el 20 de octubre la vocería fue suspendida en medio del paro nacional y los cuestionamientos por una condonación de deudas que benefició a la Exportadora Bananera Noboa, quedó en evidencia que el espacio nunca fue diseñado para informar sino para controlar qué preguntas merecían respuesta y cuáles no. Jaramillo dejó el cargo el 18 de noviembre de 2025.
El bloqueo no se limitó a las ruedas de prensa. La Secretaría General de Comunicación cerró los chats institucionales de mensajería donde antes se difundían comunicados y se respondían consultas urgentes. Entidades como el Ministerio del Interior, el Servicio de Atención a Privados de la Libertad (SNAI) y la Policía disminuyeron su disponibilidad para atender solicitudes de información. Las Fuerzas Armadas, pese a su papel central en los operativos de seguridad, no designaron un portavoz permanente.
El medio de verificación Lupa Media recibió una comunicación de la Policía Nacional informando que había instrucciones de no entregarle más información. Una columna completa de la base de datos de homicidios —que hasta 2023 permitía identificar si las víctimas tenían antecedentes penales— desapareció de los archivos públicos. “La falta de acceso a información pública no es un error, es una estrategia para sostener el estado de propaganda”, resumió Carolina Basante, directora de Lupa Media.
En paralelo, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) aplicó sanciones contra medios comunitarios indígenas durante las protestas de septiembre y octubre de 2025. TV MICC fue suspendida amparándose en un informe jurídico secreto; Radio Ilumán recibió una orden de suspensión que la propia Arcotel revocó horas después admitiendo que no tenía competencia para valorar contenidos; Radio Inti Pacha fue suspendida 15 días sin pruebas detalladas. Desde que asumió hasta el 10 de abril de 2026, la Presidencia destinó 26,5 millones de dólares en publicidad estatal, cifra que el informe califica de inusual para un período tan corto.
Artur Romeu, director de la Oficina de Reporteros Sin Fronteras para América Latina y autor del prólogo del informe, advirtió que la caída de Ecuador no se explica únicamente por la violencia directa. Los retrocesos abarcan también las condiciones económicas, el marco normativo, el entorno sociocultural y el contexto político. Para Romeu, los asesinatos de periodistas son la expresión más visible de algo más profundo: la normalización de diversas formas de violencia cotidiana contra la prensa en varias provincias del país, un fenómeno vinculado a la expansión del crimen organizado y a la falta de voluntad política para enfrentarlo.
“Las amenazas contemporáneas a la libertad de prensa no siempre se presentan bajo la forma clásica de la censura estatal directa. Con frecuencia, operan a través de presiones difusas, estrategias de deslegitimación, opacidad institucional, precarización económica y control selectivo de la información pública”, señaló.
Mientras tanto, el Mecanismo de Prevención y Protección del Trabajo Periodístico, previsto en la Ley Orgánica de Comunicación, lleva más de dos años sin operar por falta de presupuesto y de articulación institucional. No fue incorporado al organigrama del Consejo de Comunicación sino hasta el 16 de marzo de 2026 y no tiene recursos asignados para el ejercicio fiscal 2026. Según datos de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, al menos 11 trabajadores de la comunicación han sido asesinados en Ecuador desde 2021. Durante 2025, seis periodistas fueron asesinados, según las cifras de la Mesa de Articulación para la Protección de Periodistas (MAPP), y el asedio del crimen organizado ha forzado el exilio de 15 periodistas en los últimos dos años. El Estado acumuló facultades ampliadas de vigilancia y no construyó ninguna instancia eficaz para proteger a quienes ejerce esa vigilancia.
