El escándalo protagonizado por José Luis Rodríguez Zapatero pone en primer plano las relaciones, a veces oscuras, entre la izquierda española y los regímenes autoritarios de esa orientación en América Latina. ¿Hasta dónde este asunto podría deslegitimar una influencia que no es necesariamente negativa?
Suhelis Tejero Puntes. CONNECTAS
La justicia española investigaba desde hacía meses al entorno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, pero solo con su reciente imputación, la izquierda de ese país acusó por fin el golpe. Tras las primeras reacciones de incredulidad y negación, las caras más conocidas de los partidos progresistas comenzaron a hacerse una pregunta. ¿Y si es cierto que Rodríguez Zapatero movió los hilos para que el gobierno de España aprobara un millonario préstamo a la aerolínea Plus Ultra, de capital venezolano?
Lo expresó con crudas palabras el diputado Gabriel Rufián, miembro de la coalición parlamentaria que gobierna en España, cuando increpó al presidente Pedro Sánchez: “La pregunta que yo le hago, señor presidente, es ¿donde acaba el lobismo y empieza el tráfico de influencias? Si esto es verdad, es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor que hemos visto demasiadas veces, pero que merece una respuesta”.
El terremoto que ha significado este caso en España se siente también, con fuertes réplicas, fuera del Viejo Continente. La razón: el episodio vuelve a encender una alarma en cuanto a la vinculación persistente entre figuras de la izquierda española y los regímenes de esa orientación en América Latina. La imputación a Rodríguez Zapatero recuerda la agenda poco transparente que ha llevado a expresidentes, parlamentarios, exjueces, dirigentes de partidos emergentes y de otras instituciones políticas españolas a mediar o asesorar en ciertos procesos políticos al otro lado del charco.
Para el analista político Francisco Sánchez, ellos ven en la izquierda latinoamericana una épica que ha alimentado procesos históricos como la Revolución Cubana, el zapatismo en México y el chavismo en Venezuela. “Eso conecta con la historia de América Latina. Toda la idea del Nuevo Mundo, la idea de la utopía del hombre nuevo”, dijo a CONNECTAS.
Sin embargo, como afirma el experto Fernando Pedrosa en un análisis publicado por Diálogo Político, ciertas izquierdas latinoamericanas justifican la concentración del poder, la erosión de los contrapesos institucionales y, en general, una deriva autoritaria para alcanzar objetivos mayores como la justicia social, el antiimperialismo y la redistribución de la riqueza. De ese modo, los izquierdistas españoles terminan por aceptar esas políticas antidemocráticas como algo imperativo en América Latina.
Viejos y nuevos conocidos
El asunto, por supuesto, no es nuevo. El exmagistrado Baltasar Garzón es una figura fundamental para entender la relación entre la izquierda latinoamericana y la española, y cómo se transformó con los años. Su papel en la región comenzó a finales de los años noventa, cuando todavía era juez en España y dictó una histórica orden de detención internacional contra el dictador chileno Augusto Pinochet. También accionó recursos legales contra figuras de la dictadura argentina que se habían librado de condenas debido a las leyes de impunidad.
Más adelante, aprovechó el surgimiento de la “marea rosa” en los años 2000. Con Rafael Correa al mando, Garzón fue clave para asesorar la reforma del sistema judicial ecuatoriano entre los años 2012 y 2013, un proceso bastante criticado por la oposición del país andino, que consideró que ayudó a legitimar la politización de la justicia. Ya en 2010 lo había consultado el entonces presidente boliviano Evo Morales para una reforma de ese tipo pero años más tarde, tras su renuncia, dio un paso adelante y defendió legalmente a Morales de la orden de captura que pesaba en su contra por presunta sedición y terrorismo.
En esa época comenzó a desempeñar un rol más opaco y controversial, con un millonario contrato en 2016 con la petrolera estatal venezolana, PDVSA, para presuntamente coordinar y agilizar procesos de la compañía en la Fiscalía y los tribunales españoles. Cuatro años más tarde, Garzón asumió la defensa de Alex Saab, el empresario colombiano y presunto testaferro de Nicolás Maduro, cuando fue detenido por primera vez en Cabo Verde. También ha sido un vocero internacional de la causa de la expresidenta argentina Cristina Kirchner, a cuya condena a seis años de prisión considera un caso de lawfare (persecución judicial).
Otras agrupaciones españolas, partidos emergentes y tanques de pensamientos vinculados con organizaciones de izquierda también tejieron una red con el autoritarismo en la Latam. De hecho, Podemos comenzó su historia en América Latina de la mano del chavismo, incluso antes de que el partido español naciera. Por ejemplo uno de sus fundadores, Juan Carlos Monedero, llegó a Caracas en 2005 para trabajar con el Centro Internacional Miranda, una suerte de think tank público desde el que se orquestó la transición hacia el “socialismo del siglo XXI” que luego aplicó Hugo Chávez.
Aunque rompió con él en 2010, Monedero no se alejó del todo. Se quedó orbitando entre Bolivia, Nicaragua y años después volvió a Venezuela para asesorar a Nicolás Maduro, a quien defendió incluso después de las cuestionadas elecciones presidenciales de 2024. Hasta dictó una conferencia sobre derechos humanos en el Helicoide, un centro de detención donde organismos internacionales han documentado decenas de torturas a presos políticos.
El paso por América Latina de Monedero y varios amigos suyos se ha mantenido con los años. Dirigentes de Podemos y Sumar han visto en la región un espacio político para ensayar sus retóricas de izquierda. En México, Pablo Iglesias tiene una cadena de televisión y un canal digital desde donde impulsa su militancia mediática. También han participado en Ecuador, Bolivia y Colombia, donde por ejemplo el diputado español Enrique Santiago, representante legal de empresas cubanas en España, tuvo un rol importante en la negociación del gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC. Más recientemente, ha mantenido contactos con el gobierno de Gustavo Petro y asesoró al candidato presidencial oficialista, Iván Cepeda.
Al respecto, el analista Sánchez señaló que estos actores políticos ejercen una actitud colonialista y que ven a la región desde la utopía del cambio. “No hay que verlo solamente como una presencia, sino como una extensión de la política exterior española con estos países”, enfatizó.
Las líneas imaginarias
Rodríguez Zapatero llegó a Venezuela hace más de una década cuando comenzó a dictar conferencias en cumbres empresariales. Más tarde dio el salto hacia la política interna, al ofrecer su mediación en el conflicto de ese país, pero la oposición nunca estuvo realmente convencida de su papel. En una entrevista en 2018, la líder opositora María Corina Machado cuestionó las intenciones del expresidente español. “Viene para acá yo no se a hacer trámites con quien, porque con la oposición no es. Viene a decir que la culpa del éxodo (de venezolanos) es de las sanciones de Estados Unidos. Son cuatro años engañando con un supuesto diálogo que no es”, dijo entonces Machado.
Sánchez coincide. “Más que un negociador fue un representante de parte. Reconocía las virtudes del régimen Maduro-Chávez y si quieres mediar tienes que ser capaz de reconocer que la oposición tiene cierta legitimidad”, expresó el analista.
El propio Rodríguez Zapatero admitió en una entrevista en marzo pasado que considera sus amigos personales a Delcy Rodríguez, la actual presidenta encargada de Venezuela, y a su hermano Jorge, presidente del parlamento. “Yo sé muy bien lo que hacen, lo que han hecho, lo que me han apoyado en estas tareas de liberar presos y, por supuesto, voy a defender la amistad”, contestó cuando le preguntaron si no le importaba tener esa relación con dos personas que dirigen un régimen represor.
Pero las acusaciones que ahora pesan en su contra no están centradas en esas relaciones peligrosas, sino en los hilos que supuestamente movió para favorecer a los dueños de Plus Ultra, una aerolínea de propiedad de accionistas venezolanos cercanos al gobierno, unos ‘boliburgueses’. La justicia española sostiene que el expresidente facilitó el acceso de la compañía a un préstamo de 53 millones de euros otorgado por el Estado español para paliar los efectos de la pandemia. La oposición sostiene que se trataba de un fondo estratégico del gobierno español, difícilmente aplicable a una aerolínea tan insignificante como esa.
El caso, por lo demás, no cuestiona los vínculos de Zapatero con el chavismo, sino si esos nexos terminaron en gestiones opacas para influir y sacar provecho económico a través de un entramado de empresas en el que presuntamente hasta sus hijas participaron para blanquear dinero.
Como resume el analista Sánchez, Rodríguez Zapatero no tuvo límites éticos, morales o legales, porque desde el principio compró el paquete completo, fue por todo o nada en Venezuela. El problema es que, más allá de su responsabilidad en el caso del presunto tráfico de influencias, hubo un daño. “Supuestamente tomó parte y eso se convirtió en una red de favores que claramente transmiten que es una izquierda mentirosa, igual de corrupta que los otros, y que es una izquierda que sigue viendo a América Latina desde una visión colonial”, explicó. Su caso es un espejo incómodo en el que se reflejan, por un lado, los regímenes autoritarios que no tienen reparo alguno en aprovechar las circunstancias si con ello ganan legitimidad internacional y, por otro, lo normalizada que está en España la participación de políticos en procesos en los que, como increpó el diputado Gabriel Rufián, no se sabe dónde acaba el lobismo y empieza el tráfico de influencias.
Este artículo fue publicado por primera vez el 3 de mayo de 2026 en la Plataforma Periodística para las Américas CONNECTAS. Se difunde en el marco de una alianza entre la Unidad de Investigación Tierra de Nadie y CONNECTAS.
