Sinohydro fue condenada en agosto de 2026 por pagar USD 76,1 millones en sobornos para construir Coca Codo Sinclair. En diciembre, su matriz PowerChina firmará un contrato para operar esa misma central 25 años por 1.150 millones de dólares. El grupo usa filiales distintas para cada fase: separa la condena de la ganancia. El patrón se repite en Bolivia, Argentina y también en Honduras.
Redacción Tierra de Nadie
PowerChina consigue adjudicarse y mantener contratos estatales aunque sus filiales queden envueltas en escándalos. Sinohydro, por ejemplo, subsidiaria de la firma asiática, fue condenada en agosto de 2026 por el pago de sobornos durante la construcción de Coca Codo Sinclair. Y, sin embargo, en los próximos meses, la matriz estatal china firmará un contrato de USD 1.150 millones para operar la misma central hidroeléctrica durante 25 años, mientras su Sinohydro responde por los daños. El mecanismo consiste en separar la responsabilidad por escándalos de las operaciones que generan ganancias futuras. Y funciona: el patrón se repite en Bolivia, Argentina y Honduras.
Sinohydro Corporation firmó en 2009 la construcción de Coca Codo Sinclair por cerca de USD 1.980 millones. En 2021 fue demandada ante la Cámara de Comercio Internacional por las fisuras en los distribuidores. El 28 de agosto de 2026, la Corte Nacional de Justicia declaró la responsabilidad penal de veinte personas por el delito de cohecho asociado al contrato de construcción de Coca Codo Sinclair.
Entre los condenados figuran Song Dongsheng, ex representante legal de Sinohydro Corporation en Ecuador, y Yan Huiju, ex apoderado general de la misma firma, según registros oficiales. La Fiscalía General sostuvo, a lo largo de 31 jornadas de audiencia, que la constructora canalizó USD 76,1 millones en sobornos a través de las empresas Comercial Recorsa C.A., domiciliada en Ecuador, y de Recorsa S.A., constituida en Panamá.
La condena penal recayó sobre Sinohydro. El contrato de administración, operación y mantenimiento por 25 años se firmará, en cambio, con Power Construction Corporation of China (PowerChina), la casa matriz. Ambas figuras jurídicas comparten propiedad, dirección corporativa y capacidad técnica. La separación formal es la que permite tratar al nuevo operador como un actor distinto del contratista sancionado.
Según el sitio oficial de PowerChina Argentina, el conglomerado está integrado por Sinohydro Corporation, HydroChina Corporation y sus 47 empresas subordinadas, más 58 compañías eléctricas provenientes de State Grid Corporation of China y de China Southern Power Grid. Se constituyó en septiembre de 2011 por resolución del Consejo de Estado chino y opera en 125 países.
La marca Sinohydro es descrita en el perfil corporativo de Devex como “una marca clave de POWERCHINA”, ubicada en el puesto 253 de la lista Fortune Global 500. La supervisión última corresponde a la Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales del Consejo de Estado chino (SASAC), según explicó la investigación “Desembarco de PowerChina en Vicuña: antecedentes en LATAM”, publicada el 8 de junio de 2026 por el medio chileno Acero y Roca.
La puerta giratoria de PowerChina
La reconstrucción del expediente Sinohydro y del Informe de Fiscalización sobre el Proyecto Hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, entregado el 3 de octubre de 2022 a la Fiscalía por el entonces asambleísta Fernando Villavicencio (+), permite ordenar el proyecto por fases y por razón social contratante.
Entre 2007 y 2008, tres consultoras extranjeras realizaron los estudios previos del proyecto: Planeación y Proyectos, Vera y Asociados e Ingenieros Consultores Asociados, según el informe legislativo. El 20 de julio de 2009, Ítalo Centanaro, gerente de la entonces empresa pública Coca-Codo Sinclair, firmó con los representantes de Sinohydro el contrato de construcción por USD 1.979,7 millones. Era un contrato llave en mano, que dejaba al contratista el gerenciamiento integral del proyecto.
El financiamiento provino del Export-Import Bank de China. El 3 de junio de 2010 se suscribió el contrato de préstamo entre la República del Ecuador y el Eximbank por USD 1.682,7 millones. La tasa pactada fue del 7% anual y el plazo, 15 años, según registros contractuales en manos de la Fiscalía.
Los distribuidores de presión, ocho piezas de acero de fabricación china que reciben el agua desde 620 metros de altura, fueron elaborados por Harbin Electric, otra empresa estatal china distinta del grupo PowerChina. Así lo reveló el memorando interno de enero de 2022 del gerente encargado de Coca Codo Sinclair, marcado como confidencial y citado por Plan V. “Los distribuidores llegaron de fábrica con defectos”, señaló ese documento. Según Plan V, tanto Harbin Electric como Sinohydro conocían los defectos desde su origen, pero sus ejecutivos guardaron silencio por dos años.
La Contraloría General ratificó, en informe del 14 de noviembre de 2018, la existencia de 7.648 fisuras en los ocho distribuidores. El organismo determinó que Sinohydro empleó “materiales no homologados”, no aplicó un control de calidad adecuado y utilizó procedimientos de soldadura inadecuados. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional contabilizó 17.499 fisuras acumuladas hasta julio de 2022, en su informe final. La Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) reportó a la misma comisión 17.661 fisuras. El costo total oficial del proyecto se ubicó, según el informe legislativo, en USD 3.311 millones.
Sobre la circulación del dinero de los sobornos, el Servicio de Rentas Internas (SRI) rechazó como gastos deducibles varios pagos hechos por Sinohydro Corporation, según las glosas administrativas descritas por Villavicencio ante la Asamblea. “Sinohydro pagó USD 18.358 millones a la empresa panameña Recorsa S.A., de propiedad de Conto Patiño Martínez, su esposa Beatriz Herdoíza de Patiño y sus hijos”, cita el informe.
El SRI emitió glosas por USD 198 millones contra Sinohydro tras auditorías tributarias de los ejercicios fiscales 2010 a 2013, según registros judiciales. La constructora impugnó las glosas ante la Función Judicial. La empresa Recorsa S.A. Panamá abrió su cuenta bancaria en Banco Pichincha Panamá informando que los fondos que recibiría provendrían del 4% del contrato de Coca Codo Sinclair, según el testimonio del expresidente de esa entidad, Simón Acosta.
Cuando CELEC EP demandó a Sinohydro Corporation, en mayo de 2021, ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), lo hizo por “observaciones y controversias contractuales relacionadas con la construcción de la central”, según la Procuraduría General. Ecuador demandó a la filial que construyó la obra. No a su dueña. De esta forma, PowerChina, como matriz, no fue parte del proceso arbitral. Sus obligaciones comenzarían después, con otro contrato y otra firma.
El 30 de marzo de 2026, el tribunal arbitral emitió un laudo por acuerdo de partes. La decisión, notificada el 3 de abril, fue presidida por el árbitro Eduardo Zuleta. Pactó una compensación total de USD 400 millones y el desistimiento recíproco de las demandas. El 17 de abril de 2026, en las instalaciones de la propia central, se firmó el acta de recepción definitiva. La rubricaron Sheng Mingzhong, gerente del proyecto por Sinohydro, y Pedro Luis Rodríguez, subgerente de CELEC EP, según el comunicado oficial de CELEC.
“Es una estrategia institucional de cierre de controversias, reducción de riesgos jurídicos y económicos, preservación de la continuidad operativa de una central estratégica para el país, y reasignación de responsabilidades hacia Sinohydro y su matriz Powerchina”, dijo CELEC EP en un comunicado dirigido a Mongabay Latam.
La obra terminó. El negocio continúa.
El 30 de junio de 2025, cuatro meses antes de la lectura de la sentencia penal contra Sinohydro, la entonces vocera del Gobierno Carolina Jaramillo anunció que PowerChina aportará USD 400 millones para proyectos de energía renovable y almacenamiento en Ecuador. “Los recursos llegarán al país progresivamente hasta diciembre del 2026”, dijo Jaramillo, indicando que PowerChina brindaría además asistencia técnica para actualizar el Plan Maestro de Electricidad, un instrumento vigente desde 2012.
“Se llegó a un acuerdo para un aporte de USD 400 millones con la empresa PowerChina, que irán ingresando hasta diciembre de 2026″, confirmó poco después la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld.
Por su parte, el viceministro de Electricidad Javier Medina precisó las condiciones del nuevo contrato. “El momento que se traslada la administración, operación, mantenimiento de la central, todo lo asociado a la central pasa a manos de PowerChina. Es decir, todos los elementos, inclusive distribuidores, todo lo que tenga que hacer (la empresa) tendrá que hacerlo para mantener operativa la central durante 25 años”, dijo Medina en la rendición de cuentas del Ministerio de Ambiente y Energía. Consultado por el costo de reparar las fisuras, respondió: “No lo hemos evaluado, pero entiendo que PowerChina, que va a tomar el control, está consciente de todo”.
Por otro lado, el informe “Coca Codo Sinclair: Lecciones urgentes de un proyecto que regresaría a manos chinas”, elaborado por las investigadoras Diana Castro y Julie Radomski para la organización Latinoamérica Sustentable (LAS) y presentado el 4 de junio de 2026, sostiene que el Eximbank de China no aplicó procesos de debida diligencia y que Sinohydro ejecutó la obra sin incorporar estándares adecuados de calidad y gestión de riesgos.
Según el mismo informe, la potencia instalada de 1.500 megavatios se dimensionó por encima de las recomendaciones de los estudios previos y, durante la construcción, se eliminaron las compuertas de fondo previstas para la evacuación de sedimentos. La geóloga Carolina Bernal, experta en hidro sedimentación consultada por LAS, describió el conjunto como una “tormenta perfecta” que auguraba una infraestructura “destinada a desaparecer”” en medio de problemas estructurales, riesgos geológicos y vulnerabilidad climática.
Al problema constructivo se suma un fenómeno externo. El 2 de febrero de 2020 desapareció la cascada de San Rafael y se inició el proceso de erosión regresiva del río Coca. Entre el 7 y 8 de abril de ese año, tres oleoductos se rompieron por el avance erosivo y derramaron cerca de 15.000 barriles de petróleo, según reportó Mongabay Latam. En 2022, el Gobierno determinó que 59 familias de las comunidades San Rafael, San Luis y San Carlos estaban en zona de afectación, con 17 en mayor riesgo, según reconstruyó openDemocracy en abril de 2026. La captación de agua se ubica hoy a 3,6 kilómetros del frente erosivo. Esa responsabilidad no se traslada a PowerChina: queda en manos de CELEC EP, según explicó el viceministro Medina.
La misma coreografía en Cochabamba, Jujuy y Olancho
Ecuador es el caso más documentado, pero no el único. En Bolivia, Argentina y Honduras el mismo conglomerado siguió la misma lógica: una filial para construir, otra para lo que viene después.
En Bolivia, el Proyecto Hidroeléctrico Ivirizu, en el Parque Nacional Carrasco de Cochabamba, es ejecutado por ENDE Valle Hermoso, filial de la estatal Empresa Nacional de Electricidad (ENDE). La construcción de la presa y su vialidad anexa fue adjudicada a Sinohydro Corporation Limited, cuyo contrato fue firmado por Yang Ye en representación de la constructora, según la cronología oficial de ENDE. La obra sobre el terreno la ejecuta Sinohydro Corporation Limited Sucursal Bolivia, filial local del mismo grupo, según el registro de la firma en la Cámara Nacional de Comercio boliviana.
“Se tiene adjudicada la construcción de Túneles, obras de toma y vialidad externa”, informó ENDE Valle Hermoso al anunciar el arranque en 2015. El 27 de octubre de 2025, la corporación estatal boliviana anunció la recepción definitiva del Grupo 2 del proyecto, correspondiente a túneles y obras de toma, tras 2.748 días de ejecución. La firma que suscribió el acta fue “Sinohydro sucursal Bolivia”, según el comunicado de ENDE.
Franco Albarracín, investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), presentó ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en 2023, un informe según el cual las obras de Ivirizu “han afectado más de 280 hectáreas de bosque dentro del área protegida del Parque Nacional Carrasco”. Sinohydro no respondió a las consultas de esa publicación. En 2023, en su sitio corporativo, la matriz PowerChina afirmó haber seguido las medidas de protección ambiental en el proyecto.
En Argentina, la provincia de Jujuy alberga el Parque Solar Cauchari, ubicado a 4.000 metros de altitud en la Puna. Las etapas I, II y III, con 315 megavatios de capacidad y un costo declarado de USD 550 millones en su primera fase, fueron construidas por Shanghai Electric Power Construction Company (SEPC), otra filial de PowerChina. “La empresa provincial de energía JEMSE posee y administra la planta, que está construyendo Shanghai Electric Power Construction (SEPC), una filial del grupo de construcción Powerchina”, publicó Dialogue Earth en su reportaje de junio de 2023. El financiamiento corrió por cuenta del Export-Import Bank de China, en 85% de la inversión, y de un bono internacional colocado por la provincia.
Con la construcción terminada, el gobernador Gerardo Morales recibió, el 7 de septiembre de 2022, a una comitiva encabezada por Ji Xiaoyong, presidente de PowerChina International Group Limited. La visita se produjo para definir las acciones de la ampliación en 200 megavatios adicionales. En la ampliación firmaron como socias PowerChina y Shanghai Electric, según recogió la agencia oficial de la provincia. La construcción de las etapas I a III fue ejecutada por SEPC. La ampliación IV y V se formaliza con la matriz. El mismo grupo, dos razones sociales distintas, dos contratos separados.
En Honduras, la central hidroeléctrica Patuca III, en el departamento de Olancho, fue construida por Sinohydro entre 2011 y 2020 por un monto que se elevó desde los USD 350 millones proyectados a más de USD 531,8 millones, según la prensa local de ese país. El Tribunal Superior de Cuentas de Honduras advirtió, en informe de 2017, que el sobrecosto trasladaría al consumidor final un incremento de 9 centavos de dólar por kilovatio hora. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) inició un arbitraje internacional contra Sinohydro para que asumiera obras adicionales, entre ellas la limpieza del embalse.
“El proyecto Patuca III es uno de los ejemplos más claros de las fallas en la planificación estatal y de la crisis de gobernanza en el sector eléctrico de Honduras”, dijo el diario El Heraldo en su editorial del 19 de mayo de 2026. El proyecto “ha sido un fracaso total, que tuvo un costo sumamente alto para lo que debería de costar una obra de esa magnitud”, dijo Wilfredo Rodríguez, del Centro para el Estudio de la Democracia (CESPAD), citado en el reportaje “Contratos oscuros: empresas chinas en Honduras bajo escrutinio”, publicado el 22 de septiembre de 2025.
Con esos antecedentes, el 20 de mayo de 2025, PowerChina firmó un nuevo contrato con la ENEE, esta vez de ingeniería, adquisición y construcción de un sistema de transmisión de 230 kilovoltios. Ni la empresa de China ni la estatal hondureña mostraron referencia de una licitación pública internacional asociada al contrato firmado. Sinohydro construyó la hidroeléctrica. La matriz, PowerChina, firma la línea de transmisión que la conectará a la red nacional.
Los tres casos comparten una arquitectura similar. La construcción se adjudica a una filial identificable. Cuando aparecen litigios, sanciones o cuestionamientos técnicos, esa filial responde ante la autoridad receptora. Los nuevos contratos, en la misma cadena de valor y muchas veces sobre el mismo activo, los suscribe otra razón social del mismo conglomerado. Sinohydro Bolivia ejecuta Ivirizu. SEPC ejecuta Cauchari I, II y III. Sinohydro ejecuta Patuca III. El vínculo entre las filiales y la matriz PowerChina consta en los propios sitios corporativos del grupo.
“Este caso es un ejemplo de lo que podría suceder en otras obras financiadas y construidas por actores chinos en la región”, dijo la analista Diana Castro, en referencia a Coca Codo Sinclair. En su análisis, publicado por Latinoamérica Sustentable el 26 de febrero de 2025, Castro escribió: “Esta situación ha motivado un debate público sobre los potenciales efectos del control de China de un sector estratégico clave para las economías”.
La firma del contrato de administración, operación y mantenimiento entre CELEC EP y PowerChina está prevista para diciembre de 2026. La última cuota del laudo arbitral debe ejecutarse antes del 31 de diciembre de 2026, condicionada a la vigencia de ese contrato, según el acuerdo publicado por CELEC EP. El desembolso de los USD 400 millones para energía renovable y almacenamiento, comprometido en junio de 2025, tiene el mismo plazo. Tras esa fecha, el grupo estatal chino conservará cinco posiciones simultáneas en el sistema eléctrico ecuatoriano: acreedor, a través del Eximbank de China; contratista sancionado, a través de Sinohydro Corporation; operador, a través de PowerChina; inversionista en el nuevo parque de generación renovable; y asesor técnico del Plan Maestro de Electricidad, según los términos anunciados por la propia vocería del Gobierno.
Sinohydro Corporation, PowerChina, el Ministerio de Ambiente y Energía y la Embajada de la República Popular China en Quito no habían emitido pronunciamiento público sobre las condiciones del futuro contrato de administración al cierre de esta edición.
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Este reportaje fue producido por el equipo de Tierra de Nadie con el apoyo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD) y el Center for International Private Enterprise (CIPE), en el marco del programa de becas de producción periodística 2026.
