Mientras el Estado desconoce cuántos niños, niñas y adolescentes han sido reclutados por grupos de delincuencia organizada en Santo Domingo, historias como las de Sebastián, Israel y Camilo —cuyos datos fueron cambiados para proteger sus identidades — revelan la complejidad del problema: deserción escolar, prisión, desaparición y exilio.

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Sebastián* tiene 15 años y asiste a un colegio en la parroquia Bombolí, en Santo Domingo de los Tsáchilas. Creció en uno de los tantos barrios de esa provincia donde los servicios básicos son una promesa incumplida. Hay agua potable, pero racionada, proveniente de pozos o vertientes de río, calles sin asfaltar, familias que levantan sus casas a orillas de los esteros contaminados, entre alcantarillas abiertas y basura acumulada. Un barrio como otros tantos en Ecuador donde el Estado llega tarde o simplemente no llega.

Asistía al colegio como de costumbre y jugaba y participaba de las actividades cotidianas como cualquier otro adolescente, pero Ramiro*, uno de sus compañeros, tenía una fijación hacia Sebastián: no se despegaba de él, estaba siempre ahí. En el recreo, en el aula, a la salida del colegio, al exterior de su casa. Siempre ahí.

Fueron las y los profesores quienes encendieron la primera alarma. Llamaron a Marcela*, madre de Sebastián, y le dijeron que tuviera cuidado, que no dejara a su hijo andar con Ramiro. Ella en principio no entendía del todo por qué, hasta que habló con otras docentes y todas le dijeron lo mismo: Ramiro había sido reclutado por la banda que controla el barrio y le habían asignado la tarea específica de reclutar a Sebastián. «Los maestros me dijeron que estaban cogiendo presos a algunos de ellos que habían sido reclutados, entonces se estaban quedando sin gente», recuerda Marcela. «Querían reclutar más muchacho», agrega.

La banda que intentó reclutar a Sebastián se llama Los «R7» o Los «R», fundada por Freddy Anchundia y Angelo Javier Achilie, quienes fueron aliados de Jorge Luis Zambrano, alias ‘Rasquiña’ o ‘JL’, líder de Los Choneros, que fue asesinado en diciembre del 2020 en Manta. Esta banda se dedica al microtráfico, sicariato y extorsión y opera en Santo Domingo de los Tsáchilas, tejiendo redes con las megabandas existentes en las cárceles. Este grupo delictivo se volvió mucho más relevante durante las masacres carcelarias en 2022 en la cárcel de Turi en Cuenca y en el Centro de Rehabilitación Bellavista en Santo Domingo, debido a la ruptura de su alianza con Los Lobos.

Son ellos quienes mantienen el control del barrio donde Marcela vive junto a sus hijos y demás familia ampliada. Son la autoridad: ellos vigilan, se turnan para recorrer el barrio, cuidar las casas y propiedades de los “comandantes”, para controlar que no haya conflictos entre los vecinos. En Navidad organizan agasajos para los niños y las niñas, reparten regalos y entregan canastas a las madres.

Pero Sebastián no fue él único. Los «R7» llegaron a Israel* y Camilo*, dos jóvenes del mismo barrio, a quienes sí lograron incluir en la banda. 

«Mi hermano era un muchacho tranquilo. Estudiaba, le gustaba ir a clases. Era un buen estudiante. Él siempre se llevaba bien con sus compañeros. De ahí con el pasar del tiempo fue conociendo más la calle, malas amistades y se vinculó con estos GDO», dice Fabián* sobre su hermano Israel.

Israel fue reclutado cuando tenía 15 años, cuando desertó del sistema escolar. Para que ingrese, le ofrecieron dinero para mejorar su situación económica. Se aprovecharon de la vulnerabilidad del adolescente, de sus condiciones precarias de vida y de que había perdido a su padre, su cuidador y pilar principal, como resultado de un accidente de trabajo. «Siempre tratan de incitarte diciéndote: aquí hay plata, dinero y buena vida. Tratan de incentivarlos con dinero y todo eso para que pertenezcan a las bandas», recalca Fabián.

Una vez dentro, Israel quiso salir, pero no le fue posible porque al intentarlo le dijeron «tú ya perteneces aquí y no te vas a ir». Lo hacen bajo amenaza de muerte a ellos o sus familias.

«Mi hermano era un muchacho al que siempre le ha gustado trabajar. Somos tres hermanos y mi mamá fue madre soltera. Él, al ver que mi mamá trabajaba todos los días y que muchas veces el dinero no alcanzaba para tres hijos, trataba de ayudarle. El joven trabajó desde que tenía 8 años: vendía corviches, se iba a limpiar buses, entre los 13 y 14 años trabajó como ayudante en transportes públicos. Hasta que se metió en malos pasos», dice Luisa*, hermana de Camilo, otro de los jóvenes reclutados por esta banda.

Camilo estudió hasta el sexto grado de básica y en su adolescencia fue reclutado a través de otros chicos que ya habían sido captados por la banda. En principio lo incitaron a robar un carro, por lo que le ofrecieron un porcentaje de ganancia. El adolescente aceptó y terminó en prisión.

Luisa comenta que aquella situación fue muy dura para toda su familia y más para ella, quien había cuidado de él desde que era un niño. Ella fue mamá adolescente y eso le dificultó acompañar a su hermano como hubiese querido. Al salir de prisión, la situación fue todavía peor, pues su hermano empezó a recibir amenazas de muerte por “el mal robo que hizo”. Después de tantas amenazas, tuvo que meterse a la organización nuevamente y ya no pudo salir, dice Luisa.

Niños expuestos a golpes, extorsiones y deudas 

Luisa cuenta que su hermano era utilizado para golpear a mujeres y, asimismo, a veces también lo golpeaban a él. Tenía que extorsionar, secuestrar personas, robar carros. Le pedían sumas de dinero que tenía él que pagar para comprar armas y municiones. «Cuando la banda tenía problemas o enfrentamientos y no tenían armas, él tenía que muchas veces ir a buscar o pedir a otras personas o endeudarse para poder él mismo cuidarse, porque la organización solamente lo extorsionaba y no le daba nada», agrega.

Según cuenta Fabián, los niños, niñas y adolescentes que son reclutados deben actuar siempre bajo la voz de quienes están a la cabeza. «Siempre tienen que esperar que alguien los mande. Si deciden actuar por voluntad propia son sancionados, les pegan, los maltratan», dice sobre la experiencia de su hermano Israel.

Información facilitada por la Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes del Ministerio del Interior dice que las y los adolescentes de entre 13 y 17 años son reclutados para roles específicos dentro de las estructuras criminales. Actúan como mensajeros y campaneros —vigilantes que alertan sobre la presencia de policías, bandas contrarias u otras personas que no formen parte del barrio o territorio—, cobran extorsiones, también llamadas “vacunas”, participan en la producción y transportación de droga a pequeña escala, cometen robos usando armas de fuego o armas blancas, y son usados para atraer a nuevos integrantes hacia la red.

Información facilitada por la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) muestra que entre enero del 2021 y abril del 2026, la Policía detuvo a 471 adolescentes entre los 12 y 17 años en Santo Domingo. Los principales delitos fueron el tráfico ilícito de drogas, tenencia y porte de armas, seguido de la receptación —es decir, ocultar, guardar, transportar, vender o adquirir bienes robados—, robo a personas, de carros y motos.

Un rescate que resultó bien

La suerte de Sebastián fue diferente gracias a Marcela, su madre, quien actuó después de que las y los docentes le notificaran lo que estaba sucediendo. Tuvo también una red de soporte y afectos que le acompañó en este proceso.

Lo que vino después de la alerta fue una operación silenciosa de rescate que Marcela coordinó con su red familiar. Cada persona cercana a Sebastián habló con él. Y entre lo que conocen y las herramientas que tienen, le pusieron ejemplos concretos: chicos del barrio que han sido reclutados, que hoy están desaparecidos, que han terminado en prisión o muertos. «Date cuenta», le decían. «Piensa, mijo, piensa con cabeza fría. Es por tu bien que te decimos las cosas», le repetía con angustia Marcela.

Ella sabía que las palabras no bastaban. Marcela logró que el adolescente empezara a ocuparse en otras actividades y pronto comenzó a trabajar por las tardes con uno de sus hermanos. A veces también realiza trabajos con otros familiares y así dejó de tener tiempo para estar con Ramiro.  

El colegio tomó sus propias medidas: expulsó a Ramiro porque no estaba rindiendo en clases ni cumpliendo con sus deberes dentro de la institución. «Después de eso no sé qué pasó, dejé de verlo e incluso dejó de pasar por la casa llamando a Sebastián», agrega Marcela.

Pero su miedo no terminó ahí y ese intento de reclutamiento no fue el único. Tiempo después, desde otro barrio perteneciente a la misma parroquia, se corría el rumor de que su hijo y otros adolescentes serían reclutados por la misma banda. Esa vez también pudo evitarlo y lo hizo activando nuevamente su red familiar, de afectos, y hablando con terceras personas que intercedieron por su hijo.

Frente a todo esto, Marcela vive entre la zozobra de no tener garantías de seguridad. Tiene miedo y no es solo por Sebastián, sino también por sus otros dos hijos y por su hija pequeña. Ese miedo está relacionado con la banda que controla el barrio, pero también con otros factores: «Me da miedo que se lleven a alguien que no tiene nada que ver. A veces uno manda a los muchachos a la tienda o a hacer un mandado y pueden llevárselos, como le pasó a los cuatro niños de Las Malvinas, en Guayaquil. Hay miedo por ambas partes», dice.

Menores desaparecidos o forzados a huir

La historia de Israel es mucho más dolorosa que la de Sebastián. Él lleva desaparecido desde hace dos años. Su hermano Fabián no sabe nada de él y todos los días se pregunta dónde está y qué pasó. Mientras tanto, Camilo, el hermano de Luisa, tuvo que huir de Santo Domingo sin la posibilidad de volver. «Mi hermano no quería seguir haciendo las cosas que le pedían hacer. Ni siquiera le pagaban, pero él tenía que hacerlas. Quiso hacer las cosas bien y salir de ese grupo», dice Luisa y agrega que en el momento en que su hermano tomó la decisión de renunciar a seguir siendo parte de ese GDO le dijeron: «Si sales de aquí, matamos a tu familia».

Sybel Martínez, directora de Rescate Escolar, un programa que busca implementar sistemas de prevención de violencia en escuelas y colegios, señala que el reclutamiento suele darse en contextos de empobrecimiento, de abandono estatal, de violencia intrafamiliar, de deserción escolar. Es ahí donde el crimen organizado se aprovecha de estas vulnerabilidades preexistentes en los territorios y los captura.

De acuerdo con el estudio Análisis de Sensibilidad al Conflicto en Ecuador, presentado por la organización Comité Internacional de Rescate (IRC), dedicada a atender salud, seguridad,  educación y bienestar económico de personas afectadas por conflictos y desastres, en noviembre del 2024, el crecimiento de la presencia de actores armados en las escuelas y comunidades genera un clima de miedo y coacción, facilitando la captación de las niñeces y adolescencias.

Este problema afecta el desarrollo físico y psicológico y aumenta su riesgo ante situaciones como el tráfico de drogas, el sicariato y la explotación sexual, expone el mismo estudio.

En Ecuador, según datos presentados por el Observatorio Niñez, Adolescencia y Juventud en el Estudio Situacional. Impacto de la violencia delincuencial, crimen organizado y conflicto armado en la vida de niñas, niños, adolescentes 2014-2025, un niño, niña o adolescente es asesinado cada 15 horas como resultado de la violencia criminal. Solo en 2025, 466 adolescentes de entre 15 y 17 años fueron víctimas de homicidio en el país. Estos datos no son simples estadísticas: hablan de vidas, familias, de barrios enteros que están siendo azotados por la violencia criminal y estructural.

Santo Domingo de los Tsáchilas, ruta clave del narcotráfico

En este mapa, aparece Santo Domingo de los Tsáchilas, un territorio que no puede ignorarse, en principio, porque es una de las zonas más afectadas por la violencia y uno de los puntos neurálgicos donde la cadena logística del narcotráfico cobra vida: es el lugar donde la droga se suministra, ingresa, se almacena y se despacha, y donde los grupos de delincuencia organizada concentran sus operaciones, según la Evaluación situacional del entorno estratégico del narcotráfico en Ecuador 2019-2022, publicado por InSight Crime en 2023.

Ese mismo informe, elaborado a partir de incautaciones y trabajo de campo de unidades antidrogas, permite trazar con precisión las arterias del movimiento de sustancias: las rutas de heroína parten desde Carchi, en la frontera con Colombia, y atraviesan Imbabura, Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas, antes de dividirse hacia Manabí, Guayas y Santa Elena. Las rutas de marihuana siguen un trazado similar desde las fronteras de Esmeraldas y Carchi y convergen en los siguientes centros de acopio: Pichincha, Tungurahua, Los Ríos y Santo Domingo, desde donde la droga se distribuye para consumo interno.

La posición geográfica en la que Santo Domingo se encuentra es determinante en cuanto a la ruta del narcotráfico. Según el reportaje Ecuador: autopista de la cocaína hacia Estados Unidos y Europa, publicado también por InSight Crime, el país es atravesado por dos rutas principales a través de las cuales la droga llega a Estados Unidos y Europa. La primera es la ruta del Pacífico, abastecida en su mayor parte por la cocaína que se produce en Nariño, el departamento colombiano con mayor concentración de cultivos de coca. La droga ingresa a Ecuador por vías fluviales que convergen en el río Mataje, frontera entre Nariño y Esmeraldas o escondida en vehículos que cruzan el puente internacional de Rumichaca hacia Carchi.

La segunda es la ruta amazónica. Lo que ocurre después del ingreso convierte a Santo Domingo en un territorio clave. Los cargamentos que entran por Carchi son almacenados en granjas y fincas de la provincia antes de continuar su camino, moviéndose principalmente por carretera, ocultos en camiones comerciales, transporte privado e incluso público.

La provincia registra una tasa de homicidios en niños, niñas y adolescentes de 9.1 por cada 100.000 habitantes, según datos recogidos en el Estudio Situacional, presentado por el Observatorio niñez, adolescencia y juventud en febrero de 2026.

No hay cifras oficiales públicas sobre el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. De hecho, según datos facilitados por la Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, no hay registros de víctimas de trata de personas con fines de reclutamiento forzoso para conflictos armados o para el cometimiento de actos penados por la ley en la provincia de Santo Domingo. A escala nacional, sólo se han identificado ocho víctimas de 10 a 17 años bajo esa categoría desde enero del 2021 hasta lo que va del 2026, y tres casos que tienen denuncias.

Sin embargo, el estudio Factores de riesgo de vinculación de niños, niñas y adolescentes a GDO en Ecuador realizado por el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), encuestó a 2.965 personas entre 12 a 17 años en las ciudades de Esmeraldas, Portoviejo, Manta, Babahoyo, Quevedo, Guayaquil, Durán, Santa Elena y Machala. De los cuales 122 niños, niñas y adolescentes afirmaron pertenecer a un grupo de delincuencia organizada, es decir, el 4,1%.

El mismo estudio también revela cómo ocurre la captación. El reclutamiento tiene patrones específicos y diferenciados según la edad de los adolescentes: los grupos criminales emplean la amenaza y el contacto a través de redes sociales con mayor intensidad en la adolescencia temprana, entre los 12 y 14 años. En cambio, entre los adolescentes de 15 a 17, la pertenencia se asocia más a factores relacionados con el entorno inmediato, en particular a la cercanía con familiares o conocidos que formen parte de estos grupos, la percepción de inseguridad en el hogar, así como su aspiración por pertenecer y convertirse en líderes dentro de estas estructuras.

En la misma línea, el informe Aproximación al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en Ecuador, de UNICEF, en el país la captación y utilización de niños, niñas y adolescentes es perpetrado por actores no estatales armados: bandas del crimen organizado vinculadas a cárteles internacionales, dedicadas a proteger el almacenamiento y distribución de droga, y responsables de actos como el sicariato, la extorsión y el asesinato.

Para Martínez, el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes constituye una vulneración simultánea a sus derechos: a la vida, a la integridad personal, a su educación, salud, a la protección especial y reforzada, a vivir en espacios libres de violencias y de igualdad de oportunidades. Convierte a las niñeces y adolescencias en «instrumentos de violencia, de economías criminales, objetos, arrebatándoles así su condición de sujetos de derechos y afectando su desarrollo integral y sus proyectos de vida».

 ¿Cómo opera la banda de Los «R7»?

De acuerdo a un informe de la Policía Nacional, obtenido para este reportaje, la organización cuenta con un cabecilla principal, quien es responsable de la planificación de actividades ilícitas, administración de recursos económicos y toma de decisiones relacionadas con la expansión territorial y establecimiento de alianzas. El mismo informe detalla que debajo de este cabecilla, en un segundo nivel, se ubican los mandos medios, quienes cumplen funciones de coordinación operativa. Estos mandos son los encargados de ejecutar las disposiciones emitidas por el cabecilla principal, supervisar las actividades en territorio y garantizar el cumplimiento de las órdenes dentro de la organización. Además, actúan como enlace entre los cabecillas de menor jerarquía y los niveles inferiores, manteniendo el flujo de información y control territorial.

En la base de la estructura se encuentran los operadores, quienes cumplen funciones ejecutoras dentro de la organización. Estos individuos se encargan de actividades como vigilancia, transporte, cobro de extorsiones, control territorial y ejecución de actos intimidatorios. Además, los «R7», dentro de los barrios y sectores, cuentan con las figuras de ‘comandantes’, quienes tienen bajo su responsabilidad áreas geográficas específicas dentro de cada territorio. Estos son responsables de coordinar las actividades ilícitas en las zonas que se les asignen, controlar a los miembros operativos y reportar directamente a los mandos medios, garantizando así el dominio territorial, de acuerdo a este mismo informe.

En este sistema, los niños, niñas y adolescentes como Ramiro, el amigo de Sebastián que debía cumplir con la labor de reclutarlo, ocupan un lugar en la banda. Son instrumentalizados para atraer a otros adolescentes. «El reclutamiento no obedece a un hecho lineal. Muchas veces depende del sector donde están. Son dinámicas distintas. Evidentemente el fin es el reclutamiento, pero existen muchos modos y formas de cómo reclutar», explica Abraham Aguirre, abogado del área de protección del Comité Permanente por los Derechos Humanos (CDH).

Sin embargo, muchas de estas formas están invisibilizadas. La Unidad Nacional de Investigación y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (DINAPEN) respondió ante una solicitud de información para este reportaje que no cuenta con registros estadísticos consolidados sobre el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes. La razón: este tipo de hechos no está sistematizado de forma diferenciada dentro de las denuncias recibidas, ni ha sido investigado bajo esa tipología específica. Dicho en otras palabras, el Estado no sabe cuántos niños, niñas y adolescentes han sido reclutados por esta banda en Santo Domingo, ni por otras que operan en el resto del país.

Frente a la inoperancia del Estado, el crimen ganó terreno

Para Sybel Matínez, la expansión del crimen organizado no puede entenderse y analizarse únicamente como un problema de seguridad porque «sin duda alguna, el que esto pase tiene que ver con profundas fallas estructurales del Estado», dijo. Frente al desmantelamiento institucional, las fallas estructurales se profundizan, no se garantizan condiciones mínimas para sostener vidas dignas y seguras, los sistemas de protección social se debilitan y muchos territorios quedan desprotegidos, «sin servicios, sin escuelas que eduquen, sin hospitales que curen. Entonces se vuelve caldo de cultivo para que crezcan las economías criminales que además ofrecen dinero rápido, pertenencia, protección y reconocimiento a estos niños, niñas y adolescentes que muchas veces viven en abandono, en exclusión y desesperanza», agregó.

Por su parte, Aguirre, abogado del CDH, habla de las formas de reclutamiento, aquellas que se dan de manera directa mediante la intimidación y coacción. «Existen adolescentes mujeres que son amenazadas por grupos de delincuencia organizada y son puestas al trabajo con fines de explotación sexual. Ese dinero que se recaba va directamente a las bandas. No es que sea una decisión propia. Es una decisión basada en la amenaza que afecta también a sus familiares», explica.

El reclutamiento, uso y utilización de los niños, niñas y adolescentes por parte del crimen organizado se da en la cotidianidad de sus vidas y se inmiscuye en sus espacios educativos, como le pasó a Sebastián, en sus espacios de recreación, interpersonales y familiares. «Y una vez que están dentro, ya no hay salida», concluye Aguirre.

Frente a este escenario, el presidente Daniel Noboa, en junio del 2025, a través del Decreto Ejecutivo N°21, declaró como prioridad nacional la prevención y erradicación del reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes. Además, creó el Comité para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes (COPRUUNNA). Apenas unos días después, se aprobó la Ley Orgánica de Integridad Pública, que reformaba el Código de la Niñez y la Adolescencia y el Código Orgánico Integral Penal (COIP) con el objetivo de endurecer las penas para adolescentes. Con esa reforma, el Ejecutivo buscaba que la pena máxima pase de 8 a 15 años por delitos cometidos durante lo que el gobierno describe como un «conflicto armado interno», y quienes cumplieran 18 años antes de terminar su condena pasen a «secciones especiales» dentro de los centros de privación de libertad para adultos.

Organismos internacionales como Human Rights Watch advirtieron que las reformas aprobadas por la Asamblea Nacional y sancionadas por el presidente Daniel Noboa representaban una grave amenaza para los derechos de niños, niñas y adolescentes, y que no brindaban protección a quienes son reclutados o utilizados por grupos de delincuencia organizada. En la misma línea, Unicef señaló que las reformas propuestas eran regresivas para el sistema de justicia juvenil, contrarias a la Constitución del país y a la Convención sobre los Derechos del Niño ratificada por Ecuador en 1990.

Desde la sociedad civil, los cuestionamientos apuntaron también a la eficacia de fondo de la medida. Aguirre, del Comité Permanente por los Derechos Humanos, sostuvo que el endurecimiento de las penas no equivale a una respuesta efectiva. «La solución siempre es la inversión social», puntualizó. Martínez, por su parte, reconoció que este tipo de medidas puede tener «un efecto simbólico, disuasivo incluso, pero no resuelve las causas estructurales que hacen posible el reclutamiento». Según la experta, la evidencia de casos en países vecinos como Colombia y México han establecido con claridad que la narrativa de «mano dura termina criminalizando a los adolescentes, pero no previene que sean captados y utilizados». Quienes controlan estas estructuras, explicó, no dejan de utilizar adolescentes cuando estos son penalizados porque «la mirada que tienen sobre ellos es que son objetos desechables».

Finalmente, el 26 de septiembre del 2025, la Corte Constitucional del Ecuador puso freno a la norma al declarar la inconstitucionalidad por la forma de la Ley Orgánica de Integridad Pública. La Corte determinó, en principio, que la ley había sido presentada de manera indebida como económica urgente y que, entre otras razones, vulneraba los derechos de los adolescentes al reformar el Código Orgánico Integral Penal y el Código de la Niñez y Adolescencia.

En este mismo tema, el marco legal vigente ecuatoriano contempla sanciones. El artículo 127 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece penas de diez a trece años para quienes recluten o utilicen a niños, niñas y adolescentes en conflictos armados o grupos armados. El artículo 369, por su parte, sanciona con entre cinco y diez años a quienes formen o dirijan organizaciones delictivas. Penas que, en la práctica, no han frenado el avance del reclutamiento.

Para Aguirre, la respuesta desde el gobierno no debería centrarse en poner la responsabilidad de la captación sobre las niñeces y adolescencias. La versión oficial que presenta a los niños, niñas y adolescentes vinculados al crimen como actores voluntarios es una distorsión deliberada, explica. «No es que ellos tengan el deseo de ser parte. Eso es un error, una falacia enorme que el Gobierno, a través de sus distintos voceros, siempre ha tratado de posicionar», dice. La idea de endurecer las penas para quienes ya son víctimas de un delito, concluye Aguirre, no resuelve nada. Se trata de un problema a abordar desde otras aristas, como lo social, antropológico y no desde una visión punitivista.

En esta misma línea, la directora del grupo de Rescate Escolar concuerda en que la respuesta a este problema estructural debe abordarse desde la protección integral y la reconstrucción del tejido social.  

Para enero del 2026, María José Pinto, vicepresidenta, junto al ministro del Interior, John Reimberg, entregó a la asambleísta Valentina Centeno el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para la prevención y erradicación del reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes. El informe para primer debate sobre este proyecto de ley fue aprobado el 4 de mayo del 2026. Este documento consta de 37 artículos y plantea reformas a 11 cuerpos normativos. Entre los cambios que se proponen «se establece que quien reclute, utilice o incorpore a menores de edad, en el contexto de un conflicto armado o al margen de este, en fuerzas armadas regulares o irregulares, o en grupos armados, será sancionado con pena privativa de libertad de 22 a 26 años», según la Asamblea Nacional.

Además de esto, no se conocen otras acciones concretas para la prevención de reclutamiento, protocolos a seguir para identificar y actuar frente al reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes.

Según Aguirre, organizaciones como Unicef y la misma Policía comunitaria han tratado de ejecutar programas preventivos para evitar que las estructuras criminales sigan captando adolescentes en provincias como Santo Domingo, Santa Elena, Guayas, Los Ríos, El Oro, «provincias denominadas por el Ministerio del Interior y la Fiscalía como puntos georreferenciales del delito».

Sin embargo, el enfoque sigue siendo el endurecimiento de las penas sin un trabajo preventivo previo para evitar que las estructuras criminales sigan reclutando de manera forzada a los niños, niñas y adolescentes. «Estos proyectos de ley que quieren posicionar no tienen ningún fundamento técnico. Uno de los elementos más importantes para un proyecto de ley es contar con la experticia de profesionales y personas que por su oficio o siendo voces de la comunidad puedan nutrir los mismos», asegura Aguirre.

Las historias de Marcela, Sebastián, Fabián, Israel, Luisa y Camilo son las de muchas otras familias en Santo Domingo. Viven con miedo de que otros de sus familiares sean reclutados, viven, en el caso de Fabián, preguntándose dónde está su hermano, sin perder la esperanza de en algún momento encontrarlo. Luisa, por su parte, siente tristeza al pensar que su hermano no podrá volver nunca más al barrio donde creció.

«Si hubiera un empleo para ellos, si se mantuvieran ocupados en otras cosas como charlas, juegos, proyectos, muchos de ellos no terminarían ahí. Sí hubiera, por parte del gobierno, más oportunidades, no hubiera tantos chicos perdidos», dice Fabián. Mientras tanto, Luisa apela a la empatía. «A veces ellos realmente quieren cambiar y no encuentran la oportunidad», recalca. Y Marcela, que logró salvar a su hijo, solo anhela vivir tranquila, sin la preocupación constante de que algo malo va a suceder en el momento menos esperado.

*Nota: Todos los nombres y algunos datos fueron cambiados para proteger las identidades de las y los protagonistas de este reportaje.

Este es un trabajo de la Red de Periodismo de Investigación de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC) con nuestros medios aliados: Indómita, Tierra de Nadie, Plan V y La Barra Espaciadora.