Los recién nacidos afectados por el consumo de sustancias psicoactivas de sus madres pasaron de 79 a 145 entre 2021 y 2025. Es la cifra más alta en cinco años de registro. En el mismo período, las embarazadas con consumo detectado bajaron 14%. Ecuador no hace tamizaje toxicológico al nacer, no usa meconio, no tiene protocolo estatal y no mide qué pasa después con esos bebés. Tres madres y los médicos que las reciben cuentan lo que las cifras no dicen.
Una investigación de Alina Manrique, para Tierra de Nadie. En alianza con Ruido, Repórter Brasil, La Contratopedia Caribe, Plaza Pública, PopLab y Chequeado.
Karla tiene 27 años y tres hijos. Los tres nacieron con síndrome de abstinencia. Al primero lo tuvo en una incubadora y de esos días recuerda una imagen: “Verlos en ese estado, en que solo pasan vomitando, pasan malitos. Y uno se culpa como madre”. Los nueve meses de cada uno de sus embarazos fueron de consumo. Hoy sus hijos viven con la abuela, porque ella lleva tres meses en recaída y dos sin ir a verlos.
La niña nació en 2025 en Guayaquil. Ese año, el Ministerio de Salud Pública (MSP) registró 52 casos de síndrome neonatal de abstinencia por drogadicción materna en todo el país. Si alguien le puso ese código en el hospital, la hija de Karla es una de esas 52.
Los recién nacidos afectados por el consumo materno de sustancias pasaron de 79 en 2021 a 145 en 2025, según la respuesta oficial del MSP a un pedido de información de este medio. Dentro de ese total, el diagnóstico de “recién nacido afectado por drogadicción materna” se disparó de 30 a 69 casos y en 2025 superó por primera vez a los cuadros de abstinencia.
El crecimiento es todavía mayor de lo que sugieren los números absolutos. Entre 2021 y 2025 los nacimientos en Ecuador cayeron 17%, de 251.106 a 208.085, según el INEC. Medido sobre el total de partos, la detección se duplicó con creces: pasó de 3,15 a 6,97 casos por cada 10.000 nacimientos, un alza del 121%. Son los únicos números que el Estado tiene. Y son, casi con certeza, mucho menos de lo que ocurre.
Esta investigación forma parte de un trabajo conjunto de periodistas de seis países -Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala y México- que presentaron pedidos de acceso a la información pública ante ministerios de salud, hospitales, fiscalías y organismos de protección de la niñez, revisaron bases de egresos hospitalarios y sistemas de vigilancia epidemiológica, y entrevistaron a neonatólogos, psiquiatras, especialistas en política de drogas y a mujeres que consumieron durante sus embarazos. El resultado es un panorama regional de los bebés que nacen expuestos a sustancias psicoactivas: seis Estados que miden de maneras distintas y ninguno que siga a esos niños después del alta.
Tener una cifra nacional ya pone a Ecuador por delante de buena parte de la región. En Colombia, el Instituto Nacional de Salud respondió a este consorcio que su sistema de vigilancia no tiene una sola variable que permita identificar a un recién nacido expuesto: no puede contarlos porque no los define. En Argentina no son casos de notificación obligatoria y no existe un dato nacional. En Guatemala prácticamente no hay registro.
El chequeo que nunca preguntó
Jessica también tiene 27 años. De sus cuatro hijos, tres nacieron con síndrome de abstinencia. Fue a los controles prenatales de los tres embarazos, en el sistema público. “Iba a chequeo por el embarazo nada más. Pero nunca estaba en chequeo por la droga”.
Nadie le hizo una prueba, y no fue un descuido: es la política. El MSP explicó que las pruebas de detección de sustancias psicoactivas se realizan “bajo la debida solicitud médica y/o judicial” y con consentimiento informado. No hay cribado universal en el embarazo ni en el parto. El ministerio detalla que usa orina y sangre, con tamizaje por inmunoensayo -resultado presuntivo- y confirmación por espectrometría de masas. El meconio, la primera deposición del recién nacido y la muestra de referencia internacional para detectar exposición prenatal, no aparece mencionado.
Julieta Sagnay es psiquiatra y especialista en adicciones, y entre 2022 y 2023 atendió a mujeres embarazadas con consumo en un programa municipal de Guayaquil. Lo dice desde el otro lado del mostrador: “Las muchachas dan a luz y salen corriendo. No porque sean malas madres, sino porque no hay un protocolo para hacerles un test de drogas y saber cómo viene el bebé”. Y remata: “En sí no hay un protocolo estatal”.
El consentimiento informado tampoco es un detalle administrativo. Irving Paniagua, pediatra y neonatólogo, subdirector técnico del Hospital Roosevelt de Guatemala, donde rige la misma exigencia, explicó a este consorcio por qué reduce la detección casi a cero: “Como la mayoría de las veces las pacientes se rehúsan a autorizarlo, es muy bajo el registro que se tiene”. Se rehúsan, dice, por el estigma que carga la adicción. Sin ayuda pedida no hay prueba, y sin prueba no hay caso que contar.
Y la herramienta que falta no siempre es un test. “No hay un lineamiento claro sobre cómo actuar frente al consumo de sustancias durante la gestación”, advierte María Noelia Nieves, neonatóloga y secretaria del Comité de Estudios Feto-neonatales de la Sociedad Argentina de Pediatría. “Con empatía, los profesionales pueden obtener información sin juzgar a la mujer. Hay que hacer preguntas concretas”.
A veces el sistema sí ve algo, y aun así no hace nada. Marisol, de 33 años, se enteró de su embarazo a los cinco meses. Fue a hacerse un eco y ahí le advirtieron que la niña iba a tener problemas al nacer. Nadie la trató, nadie la derivó, nadie volvió a buscarla. Intentó dejar de consumir por su cuenta: “No pude yo”. Su hija nació con síndrome de abstinencia.
Hay una manera de saber cuánto se pierde: mirar dónde sí se busca. En Mendoza, Argentina, una resolución ministerial ordenó desde marzo de 2025 hacer control de sustancias a todas las gestantes internadas en maternidades públicas: el 20% de los bebés internados en neonatología dio positivo. En el Hospital Fernández de Buenos Aires, donde preguntar es rutina desde la primera consulta, los partos con dosaje positivo pasaron de 0,84% en 2023 a 3,79% en 2025.
Ecuador registró en 2025 un bebé expuesto por cada 1.435 nacimientos: el 0,07% de los partos del país. En el Hospital Fernández de Buenos Aires, donde preguntar es rutina, la proporción fue del 3,79%. Si Ecuador detectara en esa misma proporción -un ejercicio hipotético, porque compara un hospital con un país entero- los casos de 2025 no habrían sido 145 sino unos 7.900.
“Es el mismo mono que uno siente“
El MSP respondió que no puede informar qué sustancias específicas se detectan: su sistema de codificación solo permite clasificar por grupos farmacológicos. Pero en los datos de las madres el patrón es nítido. De las 1.086 embarazadas con diagnóstico por consumo registradas en 2025, el 40% corresponde a opiáceos y el 36% a policonsumo. Tres de cada cuatro casos.
Sagnay le pone nombre a esa estadística: “La droga más común en este momento es la H. Va mezclada con cocaína, con medicamentos, con marihuana. Ellas hacen policonsumo, mezclan todo”. Y describe lo que llega a la sala de partos: el llanto, “como un animalito al que estás ahorcando”, y el temblor de todo el cuerpo. “Si un adulto no soporta el síndrome de abstinencia, ¿cómo será un bebé que no puede decir que tiene dolor, que tiene ansiedad?”.
Marisol, que lo vio en su hija, usa la palabra del consumo: “Verla sufrir a mi hija… Ella también siente el mismo mono que uno siente”.
Ese predominio de opiáceos explica por qué Ecuador registra abstinencias neonatales donde otros países casi no las ven. En Córdoba, Argentina, la cocaína aparece en el 78% de los bebés detectados; en México domina la metanfetamina. “No son comunes los niños que nacen con SAN, porque este se asocia al consumo de opioides”, explicó a este consorcio Ricardo Nieto, jefe de Neonatología del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá de Buenos Aires. Ecuador tiene, por su mercado de drogas, un escenario poco alentador: la sustancia que más se consume en el embarazo es la que más abstinencia produce al nacer.
Fenobarbital, no metadona
Cuando un bebé nace en abstinencia, quien lo recibe es el neonatólogo, y el país llega a ese momento sin preparación previa. “A los médicos no nos preparan para tratar el síndrome de abstinencia neonatal durante la formación universitaria”, dice Sagnay. El tratamiento tampoco es el estándar internacional: “En otros países usan metadona. Aquí se usan otros medicamentos, barbitúricos, fenobarbital”. En su respuesta, el MSP no menciona ningún protocolo de tratamiento neonatal.
Entre 2022 y 2023 sí existió algo. Un programa municipal en Bastión Popular, en Guayaquil, atendió a 253 mujeres embarazadas que consumían drogas. Las acompañaron durante todo el embarazo: transporte en vehículos municipales, trabajadora social, visitas domiciliarias, psicóloga hasta el hospital del parto, monitoreo pediátrico del bebé, seguimiento tras el alta y hasta una guardería, “para que no tengan excusa” de abandonar las terapias. “Evitamos que 253 niños nacieran con síndrome de abstinencia”, dice Sagnay.
El programa terminó con el cambio de administración municipal y desde entonces no se atendieron más embarazadas. Karla, años atrás y estando embarazada, entró a un tratamiento ambulatorio que por su descripción corresponde a esa misma iniciativa. Fue el primero y el último de su vida. “Intenté dejarlo, pero seguí consumiendo”.
El seguimiento que no existe
Consultado por las secuelas en los recién nacidos, el MSP entregó una tabla con bajo peso al nacer, retardo del crecimiento fetal, prematuridad, inmaturidad extrema y alteraciones cerebrales neonatales. Pero esas cifras —25.942 casos en 2025— corresponden al total nacional de recién nacidos con esos diagnósticos, no a los 145 expuestos. El Estado nunca cruzó una base con la otra: no sabe qué les pasó a esos niños. Sobre las secuelas en las embarazadas, la respuesta oficial no contiene información.
Sagnay observa lo mismo desde la consulta, y con la misma honestidad: “Hay un aumento del retraso psicomotriz, de discapacidades intelectuales, hay desnutrición. Habría que hacer un estudio para distinguir si esto se debe al consumo o a otra situación”. El estudio no existe.
A la pregunta de si monitorea a los niños expuestos, el ministerio respondió que sí: los sigue dentro del Control del Niño Sano, la consulta pediátrica general. No hay registro nominal, ni cohorte, ni protocolo diferenciado, ni un solo indicador de cuántos de esos 145 bebés llegaron efectivamente a un control.
En otros países el alta no es el final. En el Sardá, cuando se detectan sustancias en un recién nacido se lo sigue durante seis meses y se cita a la madre para evaluar la lactancia. En Botucatu, São Paulo, la obstetra Vera Therezinha Borges, que atiende embarazadas con consumo desde 2012, sostiene que el 70% de sus pacientes deja de consumir durante la gestación gracias al acompañamiento, y que las que completan el tratamiento no se diferencian de una embarazada que nunca consumió. Karla, que atribuyó su recaída a su falta de voluntad, tuvo un solo tratamiento en toda su vida: el del programa que cerró.
Lo que hay, en su lugar, son abuelas. A los tres hijos de Karla los cría su madre. A la hija de Marisol, también. De los cuatro hijos de Jessica, ninguno vive con ella: el mayor está con el hombre que la inició en el consumo, una niña con una cuñada, los dos pequeños con el padre. Al de cuatro años nunca lo matriculó en la escuela.
“Se olvidan del personaje más importante aquí”, dice Sagnay. “Abuelos que vuelven a ser padres. Y nadie toma en cuenta que ya están mayores, que tienen enfermedades. ¿Quién se va a hacer cargo de estos bebés?”. Habla ya de una tercera generación de niños nacidos con abstinencia. Lo que haría falta, enumera, es una red entre tres ministerios —Salud, Inclusión, Educación—, un protocolo de seguimiento a la madre durante un año, atención pediátrica de largo plazo, evaluación psicopedagógica y terapia de lenguaje.
Sagnay va más lejos y propone retirar la custodia a las madres que mantienen el consumo. Es una posición que la región discute. Corina Giacomello, profesora de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, sitúa el problema antes de esa decisión: “El autoestigma se cruza con el estigma comunitario, social y estructural y hace que no se verbalice el uso de sustancias”, explicó a este consorcio. Y ese estigma se traduce en ausencia de servicios: hay centros de tratamiento mixtos, pero casi ninguno está preparado para atender un embarazo. Es la razón por la que Jessica pasó por tres embarazos en el sistema público sin decir una palabra.
¿Nadie llegó?
A las tres mujeres se les preguntó lo mismo: qué apoyo recibieron del Estado, del sistema de salud, de alguien. Karla respondió hablando de sí misma: “Me faltó mi voluntad propia”. Jessica contestó con cuatro palabras: “De nadie. Yo no recibo de nadie”. Marisol nombró a su mamá: “Porque ella nunca estuvo conmigo”.
Ninguna de las tres mencionó un servicio público. No lo reclaman porque nunca lo esperaron.
Mientras tanto, las cifras oficiales siguen bajando por el lado de las madres -1.258 en 2021, 1.086 en 2025- y subiendo por el lado de los bebés. Por cada recién nacido registrado como expuesto en 2025 hubo 7,5 gestantes diagnosticadas con consumo. La brecha no habla de menos exposición: habla de cómo Ecuador dejó de mirar a los hijos de la droga.
En México ocurre lo contrario. Allí los hospitales registraron 3.135 recién nacidos expuestos entre 2021 y 2026 y apenas 36 egresos de mujeres embarazadas o puérperas con diagnóstico por consumo: una mujer por cada 87 bebés. En Baja California, con 639 bebés registrados, no aparece una sola mujer. Un país pierde a las madres, el otro pierde a los hijos. Ninguno de los dos ve a los dos como un problema urgente.
La bebé de Jessica nació en 2026. En las estadísticas del Ministerio de Salud Pública todavía no existe.
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Bebés de la droga en América Latina es una investigación periodística transnacional realizada por Tierra de Nadie (Ecuador), Ruido (Argentina), Repórter Brasil, Plaza Pública (Guatemala), La Contratopedia Caribe (Colombia) y POPLab (México), con el apoyo de Chequeado.
Participaron en la investigación: Alina Manrique (Tierra de Nadie), Jeniffer Mendonça (Repórter Brasil), Tatiana Velásquez (La Contratopedia Caribe), Astrid Jerez y Eswin Quiñónez (Plaza Pública), Kennia Velázquez (POPLab), y Natalia Lazzarini y Edgardo Litvinoff (Ruido).
